Uruguay avanza hacia la legalización de la eutanasia

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este martes, por amplia mayoría, un proyecto de ley que habilita y regula la eutanasia y el suicidio asistido, convirtiéndose en uno de los debates más significativos del país en materia de derechos individuales. La iniciativa, respaldada por legisladores de distintos partidos, establece un marco legal para que personas con enfermedades incurables, padecimientos graves e irreversibles o sufrimiento físico o psíquico intolerable puedan acceder a una muerte asistida, siempre bajo estrictas condiciones.

El texto contempla que el procedimiento pueda realizarse tanto por eutanasia directa, en la que un médico administra una sustancia letal a pedido del paciente, como por suicidio médicamente asistido, en el que el propio solicitante ingiere el fármaco recetado y supervisado por un profesional de la salud. En ambos casos, la solicitud deberá ser voluntaria, reiterada y no condicionada, con un diagnóstico confirmado por dos médicos independientes y una evaluación final de una comisión médica.

La aprobación en Diputados se produjo tras un extenso debate que incluyó testimonios de profesionales de la salud, representantes de organizaciones civiles, expertos en bioética y familiares de pacientes que reclamaban el derecho a decidir sobre el final de su vida. El proyecto fue presentado originalmente en 2020 y atravesó varios ajustes legislativos hasta llegar a esta versión consensuada que logró apoyo transversal.

Uno de los puntos centrales del texto es la creación de un registro nacional de objetores de conciencia, que permitirá a los médicos y otros profesionales de la salud abstenerse de participar en el procedimiento por motivos personales o religiosos, sin que ello implique sanciones laborales. Asimismo, el sistema público y las instituciones privadas deberán garantizar que el paciente pueda acceder al derecho, designando profesionales que no sean objetores.

Los impulsores de la ley argumentan que se trata de una ampliación de las libertades individuales y un acto de compasión hacia quienes enfrentan sufrimientos imposibles de mitigar. Los detractores, en cambio, advierten sobre posibles abusos y plantean que la medida podría generar presión sobre personas vulnerables. La Iglesia Católica y algunos grupos religiosos han manifestado su rechazo, mientras que asociaciones de pacientes y sectores progresistas celebraron la votación como un paso histórico.

Con este avance, el proyecto pasa ahora a consideración del Senado, donde se prevé que el debate sea igualmente intenso. Si se aprueba, Uruguay se sumaría a un reducido grupo de países y jurisdicciones —entre ellos Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia— que cuentan con leyes que permiten la eutanasia o el suicidio asistido bajo regulación estatal.

Más allá de las fronteras, la votación uruguaya reaviva la discusión regional sobre el derecho a una muerte digna, especialmente en países de América Latina donde el tema permanece fuera de la agenda legislativa o se enfrenta a fuertes resistencias políticas y culturales. En Uruguay, en cambio, la discusión se inscribe en una tradición legislativa que ha incluido reformas pioneras en la región, como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario.