Alejandra Larrea
El escándalo cripto que salpica al presidente Milei suma un nuevo capítulo. Antes de que la justicia dispusiera el congelamiento de activos vinculados al controvertido caso $LIBRA, dos personas cercanas al mandatario realizaron una maniobra financiera para evadir medidas judiciales.
Mientras se avanzaba en las investigaciones, la jueza María Servini ordenó congelar fondos relacionados con $LIBRA, lo que activó una reacción inmediata de dos empresarios allegados a Milei: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Según los registros de la fiscalía, movieron más de 500 mil dólares en criptomonedas, convirtiéndolos a Ethereum—un activo virtual que, por su naturaleza, no puede ser bloqueado. Esta operación habría sido realizada apenas días antes de que se activaran las restricciones judiciales.
El fiscal Eduardo Taiano sospecha que esta maniobra forma parte de un entramado más complejo, con posibles “pagos indirectos a funcionarios públicos” como una pieza central de la investigación. Además, un denunciante apuntó a la existencia de un supuesto “tarifario de Karina Milei” para acceso a funciones oficiales: cifras que rondarían los 50.000 dólares por reunión con el presidente y hasta 500.000 por publicaciones promocionales.
Este episodio no solo alimenta el carácter político del escándalo, sino que refuerza la hipótesis de una trama destinada a proteger activos cuestionados. La justicia, mientras tanto, avanza sobre esta línea y evalúa nuevas medidas para evitar vaciamientos.
La fuga masiva de fondos antes del congelamiento judicial no solo desnuda un intento de eludir controles: pone en el centro un patrón de comportamiento que complica aún más la transparencia del caso $LIBRA y el rol del entorno presidencial en la investigación.
