En plena espera del dictamen de la Corte de Apelaciones de Nueva York, el jefe de Gabinete alertó que cualquier orden de entregar acciones estatales de YPF choca con la legislación nacional.
Política14 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
La tensión en torno al futuro de YPF atraviesa un momento decisivo. A horas de que se conozca el veredicto del tribunal norteamericano, el Gobierno puso cartas en el asunto: advirtió que, de ratificarse la orden de entregar el 51 % de las acciones de la petrolera, sería imposible cumplirla. La razón: la ley argentina exige aprobación del Congreso con mayoría agravada para cualquier disposición sobre patrimonio estatal.
La causa judicial se origina en la expropiación del control de YPF en 2012 y alcanzó un punto crítico tras el fallo de una jueza estadounidense que condena al país a pagar más de USD 16.000 millones a fondos que representan a exaccionistas. Como parte del cumplimiento de esa condena, se ordenó transferir las acciones del Estado; sin embargo, la Corte de Apelaciones suspendió temporalmente esa ejecución mientras revisa la apelación presentada.
En medio de esta pausa legal, el Gobierno, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, aclaró que dicha orden sería indisputablemente “incumplible”. Explicó que la ley de estatización, que ya consagró la necesidad de autorización parlamentaria para disponer del 51 % de YPF, no puede ser ignorada, configurando un límite constitucional a una orden judicial extranjera.
Mientras tanto, el fondo demandante —Burford Capital— dejó trascender que no busca retener las acciones, sino que estaría abierto a negociar una salida consensuada. El Ejecutivo, por su parte, ya prepara recursos ante instancias superiores, y plantea que un fallo adverso abriría varias vías: un posible desacato, un embargo de reservas o negociar garantías diferentes a las acciones.
La definición que llegue desde Nueva York no solo dirime un caso legal, sino que pone a prueba la soberanía y la integridad institucional del Estado argentino. En juego está no solo el control de una empresa clave, sino también el respeto por la ley interna frente a mandatos judiciales externos.
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