La ex titular de la UIF denunció ante la Justicia la filtración de un informe de inteligencia financiera que implicaría a una empresa vinculada a Santiago Caputo. El caso aviva tensiones institucionales y abre un nuevo capítulo en el escándalo político
Política15 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
El enojo se hizo público cuando la entonces jefa de la UIF cargó contra quienes pusieron en circulación datos que deberían haber permanecido bajo estricto resguardo. La filtración recorrió rápidamente los pasillos del poder y terminó desembocando en una denuncia penal, marcando un punto de inflexión en una trama cargada de secretismo y cuestionamientos institucionales.
A simple vista, lo que parecía un informe reservado más se transformó en una caja de Pandora. El documento en cuestión—un Reporte de Operación Sospechosa (ROS)—fue redactado en torno a una empresa que emplea al asesor presidencial Santiago Caputo, encendiendo interrogantes sobre su vinculación y el uso de información clasificada.
La resolución fue fulminante. La UIF presentó ante la Justicia una demanda penal para esclarecer quién quebró el velo del secreto. Se ordenaron auditorías internas, verificaciones de accesos al sistema y rastreos digitales para acotar posibles responsabilidades. El mensaje fue claro: no habrá margen para la opacidad.
El centro del conflicto giró en torno a una compañía con una ausencia llamativa de trayectoria hasta el momento de los movimientos sospechosos. Su único vínculo visible: el asesor presidencial. Las transferencias de dinero que desencadenaron el alerta y la súbita popularización del reporte pusieron al organismo ante un desafío de transparencia y defensa institucional.
La reacción fue casi teatral: restricciones informativas, rastreos digitales y reportes de urgencia desde el organismo para contener el daño. Al mismo tiempo, surgió un debate sobre los protocolos de máxima confidencialidad que rigen la lucha contra el lavado de activos. La filtración no solo quebró una norma legal, sino también la confianza en herramientas clave para resguardar el sistema financiero del país.
La denuncia penal busca poner en el centro del proceso judicial a quien desoyó esas reglas. Sin nombres todavía, sí apuntando a la deliberada difusión de información de gravedad institucional. La pregunta que late, más allá del expediente judicial, es sobre el sentido del deber y los límites operativos de quienes manejan datos sensibles.
Mientras tanto, el escándalo se enmarca en un clima de tensiones políticas que no asoma a disiparse. Entre silencios obligados y sospechas cruzadas, el caso Caputo se erige como otro símbolo de la lucha por mantener intacta la frontera entre lo público y lo reservado, en un contexto donde esa línea a veces parece difuminarse.
Una instancia judicial en Nueva York suspendió la orden de entregar acciones de YPF, permitiendo al país avanzar en la apelación sin ceder su control accionarial. La decisión también permite la intervención formal del gobierno de EE. UU. como “amicus curiae”.
La ministra de Seguridad anunció que competirá por una banca en el Senado nacional en representación de la Ciudad en las próximas elecciones de octubre; aseguró que seguirá “peleando donde las batallas más difíciles.”
A tres semanas de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral reunió a los referentes de los partidos locales para revisar miles de boletas con controversias por formatos y tonos similares. El desenlace está cercano, pero aún pendiente.
En un acto multitudinario en La Plata, el presidente dio inicio a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza con duras acusaciones contra Axel Kicillof y el kirchnerismo, enmarcadas en el caso del fentanilo contaminado.
El presidente de Ucrania destacó el apoyo argentino en el diálogo con su par Milei, pocos días antes de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska.
El Presidente reunió a ministros y funcionarios en un encuentro en salón Eva Perón, sin urgencias puntuales, con el objetivo de consolidar la gestión en plena etapa electoral.
Tras superar el impacto de la pandemia, empresarios chinos lideran la recuperación del consumo con la reapertura de cientos de locales en todo el país.
Tres de los acusados cumplirán prisión domiciliaria, uno recibió prisión en suspenso; se trata del primer fallo con pena efectiva en un caso así.
El Gobierno lanzó un protocolo nacional para capacitar y guiar a las fuerzas de seguridad y migraciones en la detección temprana de casos de trata en fronteras.
Tras 17 años de promesas, inversión y séptima parte del túnel completado, el Gobierno cerró el proyecto y lo declaró fuera de toda ejecución.
El Gobierno lanza una revisión masiva del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad laboral, después de dar de baja más de 110.000 casos irregulares.