Una instancia judicial en Nueva York suspendió la orden de entregar acciones de YPF, permitiendo al país avanzar en la apelación sin ceder su control accionarial. La decisión también permite la intervención formal del gobierno de EE. UU. como “amicus curiae”.
Política15 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
El gobierno argentino recibió un respiro estratégico cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender temporalmente la orden judicial que obligaba al país a entregar el control accionario del 51 % de YPF como parte de una indemnización millonaria. Durante el proceso de apelación, esas acciones y otros activos permanecerán bajo custodia nacional, evitando su entrega mientras se resuelve el recurso.
Esta medida, además de otorgar estabilidad, abre el juego en tribunales internacionales. El tribunal no solo diferenció esta instancia de fondo, sino que además autorizó al gobierno de Estados Unidos a intervenir como “amicus curiae” —es decir, como "amigo de la corte"— para respaldar la posición argentina.
El origen del conflicto se remonta a la expropiación de la petrolera YPF en 2012, cuando el Estado nacionalizó la empresa controlada por Repsol sin ofrecer una OPA. La Justicia de EE. UU. condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones, y dictó la entrega de la participación mayoritaria como forma de compensación.
La suspensión del turno accionario permite que los títulos permanezcan depositados en la Caja de Valores en Buenos Aires. Argentina sostiene que el fallo afecta principios legales como la inmunidad soberana y la cooperación internacional entre jurisdicciones, al requerir la transferencia de títulos que, bajo ley argentina, no podrían salir del país sin autorización legislativa.
El cronograma judicial ya está definido: el 25 de setiembre será la presentación formal de los escritos de apelación, y una audiencia oral está prevista a fines de octubre. Se espera que la Cámara de Apelaciones emitirá una resolución definitiva a comienzos del año próximo. Mientras tanto, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Economía representan la defensa en paralelo de este juicio clave.
La incorporación del gobierno de EE. UU. representa un respaldo institucional único. El Departamento de Justicia afirmó que una ejecución inmediata atenta contra la inmunidad soberana y podría generar precedentes negativos para sus relaciones exteriores, anticipando un impacto diplomático internacional.
En el plano doméstico, el fallo fue celebrado por el Ejecutivo como una victoria para la defensa de un activo estratégico y un paso clave para preservar la estabilidad económica. Al mismo tiempo, opositores cuestionan la herencia legal de gobiernos anteriores, señalando la falta de previsión en la gestión del conflicto desde su inicio y criticando el blindaje de un patrimonio nacional clave.
En síntesis, la decisión judicial no resuelve el litigio, pero permite a Argentina ganar tiempo, resguardar su control accionario sobre YPF, contar con un apoyo externo significativo, y encarar la apelación fiscal y legal con mayor impulso y margen político.
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