Antes de la sesión, el Gobierno evalúa un aumento en las prestaciones por discapacidad

En las horas previas a la sesión del Congreso que podría revertir el veto presidencial a los aumentos de pensiones y prestaciones por discapacidad, el Gobierno sorprendió con un gesto inesperado: anunció que está evaluando la posibilidad de otorgar una mejora en los beneficios para personas con discapacidad. La declaración busca suavizar la tensión generada por la medida original, que había desatado un amplio rechazo en la sociedad y un fuerte costo político en medio de la campaña.

La decisión de poner en agenda esta reconsideración llega después de semanas de protestas, fallos judiciales adversos y un creciente malestar social. La jugada, interpretada como un intento de restar presión en la sesión legislativa, reabre el debate sobre el rumbo de las políticas sociales bajo la impronta de ajuste fiscal.

El veto a las leyes que establecían mejoras para jubilados y personas con discapacidad fue una de las decisiones más polémicas de la gestión. El argumento oficial giró en torno a la inviabilidad fiscal: el Ejecutivo sostuvo que las medidas implicaban un gasto adicional que comprometería seriamente los objetivos de reducción del déficit y que, sin financiamiento, eran insostenibles.

El mensaje fue claro: “no hay plata”. Sin embargo, el costo político de la decisión empezó a hacerse sentir rápidamente. Manifestaciones de personas mayores, familias con hijos con discapacidad y organizaciones sociales inundaron las calles de distintas ciudades, con epicentro en Buenos Aires. El reclamo apuntó a la urgencia de sostener ingresos básicos y garantizar tratamientos médicos indispensables.

En paralelo, la justicia avanzó con un fallo que cuestionó la constitucionalidad del veto, argumentando que los derechos de los niños y adultos con discapacidad no podían ser condicionados por cuestiones presupuestarias. Ese pronunciamiento se convirtió en un factor adicional de presión, al tiempo que la oposición en el Congreso impulsó la convocatoria a una sesión especial para tratar el tema.

Ante ese escenario, la Casa Rosada habilitó la discusión sobre una posible recomposición en las asignaciones por discapacidad. La medida, si prospera, se presentaría como un gesto de apertura frente a los sectores más afectados, aunque sin abandonar el discurso de la austeridad y el control fiscal.

El Congreso se prepara para una votación clave: para revertir el veto se necesitan dos tercios de los votos, un número difícil de alcanzar pero que, de conseguirse, significaría una derrota política de magnitud para el oficialismo. La oposición ya anticipó que buscará exponer al Gobierno frente a la opinión pública, planteando la disyuntiva entre ajuste y derechos básicos.

El giro del Ejecutivo no alcanza para disipar las tensiones, pero abre una ventana de negociación en la que el oficialismo intentará evitar que la sesión se convierta en un símbolo de aislamiento político. De fondo, la pulseada refleja el choque entre la lógica del ajuste económico y la demanda social por protección a los sectores más vulnerables.

El reconocimiento de que podría haber un aumento en las prestaciones por discapacidad, justo en la antesala de la sesión parlamentaria, marca un cambio de tono en el discurso del Gobierno. Más que un viraje de fondo, parece un movimiento táctico para ganar tiempo y reducir el costo político de una medida que tocó fibras sensibles. El desenlace dependerá del voto legislativo y de la capacidad oficialista de transformar un retroceso en una negociación que le permita sostener su narrativa de orden fiscal sin desatender las demandas más urgentes.