Allanamientos en pleno centro de Rosario: golpe judicial contra la logística narco

El corazón de Rosario volvió a ser epicentro de un operativo contra el crimen organizado. En la mañana de este miércoles, la Policía de Seguridad Aeroportuaria irrumpió en un edificio céntrico como parte de una causa que investiga cómo el narcotráfico utilizaba el mercado inmobiliario para lavar dinero y sostener su estructura logística. La escena sorprendió a transeúntes y vecinos: un procedimiento de alto perfil, en una zona habitualmente dominada por oficinas, comercios y cafés.

La medida judicial fue autorizada en el marco de la investigación que tiene como eje a Andrea Ortigala, imputada en la misma causa que involucra a su hermana Mariana, conocida por ser una de las engranajes más visibles del clan “Los Monos”. La sospecha: que los departamentos céntricos eran subalquilados para encubrir operaciones ligadas a la organización criminal.

El allanamiento se realizó en Santa Fe al 800, a pocos metros de la plaza 25 de Mayo, donde funcionan la Catedral, la Municipalidad y dependencias provinciales. Esa localización refuerza el mensaje simbólico del procedimiento: mostrar que el narcotráfico no se limita a los márgenes de la ciudad, sino que también busca refugio en pleno centro.

La causa está en manos del fiscal Franco Benetti, con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). La línea de investigación detectó maniobras de subalquiler de departamentos y oficinas que habrían servido como fachada para esconder el flujo de dinero y las operaciones de una de las bandas más influyentes en Rosario.

Andrea Ortigala, señalada como la principal responsable de estas maniobras, había recuperado la libertad en abril de este año tras permanecer detenida preventivamente. Sin embargo, la investigación nunca se cerró: la justicia consideró que seguían existiendo pruebas que la vinculaban al negocio de testaferros y lavado de activos. Su hermana Mariana, en cambio, continúa detenida bajo la acusación de haber operado como intermediaria clave entre la banda y distintas estructuras económicas legales.

El operativo de este miércoles se suma a una serie de medidas que buscan cerrar el cerco sobre las finanzas del narcotráfico rosarino. En los últimos años, la justicia detectó un crecimiento sostenido de operaciones inmobiliarias sospechosas: alquileres irregulares, compras a nombre de terceros y utilización de sociedades pantalla para mover dinero de origen ilícito.

En este caso puntual, los investigadores siguen el rastro de contratos de subalquiler que apuntan a inmuebles céntricos. La hipótesis es que esos lugares eran usados no solo para resguardar dinero y bienes, sino también para reuniones y coordinación de la red. La elección de espacios céntricos, lejos de ser azarosa, respondía a la necesidad de pasar inadvertidos en zonas de alto tránsito, donde la discreción resulta más fácil de mantener.

La conexión con “Los Monos” refuerza el impacto político y social del caso. La banda, originada en el barrio Las Flores, se convirtió en el emblema del narcotráfico rosarino y, con el tiempo, amplió su alcance hacia distintas áreas de la economía legal. La familia Ortigala, en particular, fue señalada como parte de la red de testaferros que permitió sostener esa expansión.

La ciudad atraviesa desde hace años una espiral de violencia ligada a estas disputas. Aunque los homicidios vinculados a ajustes de cuentas han disminuido en comparación con picos anteriores, la trama financiera del narcotráfico sigue siendo un desafío central. Los procedimientos como el de este miércoles muestran que el frente de batalla no está solo en las calles, sino también en los circuitos económicos que sostienen el negocio.

El impacto en el microcentro no pasó desapercibido. Comerciantes y vecinos describieron la sorpresa al ver el despliegue policial en un horario de tránsito intenso. La plaza 25 de Mayo, epicentro de actividades culturales y políticas, se transformó por unas horas en escenario de un operativo federal con agentes fuertemente armados y vehículos oficiales cerrando accesos.

El procedimiento terminó con el secuestro de documentación clave, equipos electrónicos y registros que podrían probar el vínculo entre los contratos de subalquiler y las operaciones de la organización narco. Aunque no se informó de nuevas detenciones inmediatas, los investigadores adelantaron que los elementos incautados abren la posibilidad de imputaciones futuras.

La estrategia de la justicia apunta ahora a consolidar pruebas para demostrar cómo las redes criminales diversifican sus actividades y se camuflan dentro de la economía legal. En esa línea, los inmuebles céntricos aparecen como un eslabón fundamental: un espacio donde el dinero narco se blanquea y al mismo tiempo se asegura logística para sostener otras actividades ilícitas.

El operativo en pleno microcentro de Rosario no solo fue un procedimiento judicial, sino también un gesto político y social. Mostrar que el narcotráfico puede ser perseguido incluso en los espacios más visibles de la ciudad es parte de la estrategia estatal para recuperar territorio. La batalla contra las bandas no se libra solo en los barrios periféricos, sino también en los despachos, oficinas y departamentos que sirven de soporte financiero. La pregunta que queda abierta es si este tipo de allanamientos alcanzará para frenar una red que lleva décadas en expansión.