A pesar de que el Senado rechazó los decretos que buscaban disolver los organismos, el Ministerio de Economía pasó a disponibilidad a más de 400 trabajadores. La medida se apoya en decretos ya derogadas y profundiza la tensión institucional.
Política22 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
Horas después de que el Senado diera un golpe al oficialismo al revertir los decretos 461/2025 y 462/2025 —que apuntaban a disolver o reformar entes fundamentales como el INTA, el INTI y Vialidad— el gobierno, a través del ministro Luis Caputo, adelantó una ofensiva. Mediante dos resoluciones, autorizó el pase a disponibilidad de 367 técnicos del INTA, el INASE y el INV, además de 97 empleados de planta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La resolución alcanza a más de cuatrocientos profesionales que ahora quedan en situación de alta vulnerabilidad laboral. El gobierno sostiene que actúa en el marco de su propia normativa, pero la medida arrastra un fuerte cuestionamiento legal y político: basa su operación en decretos ya ignorados por el Senado, y afectaría a organismos estratégicos excluidos del ejercicio de facultades delegadas según la ley vigente.
La reacción no tardó. Desde los sindicatos denunciaron que la acción es una provocación cuyo fin es doblegar a los trabajadores, mientras que distintos sectores del oficialismo ven una manera de retomar la ofensiva tras la derrota legislativa. En paralelo, el enojo crece en el agro y el sector científico, que ven así un capítulo más de desmantelamiento estatal.
En medio de este escenario, se abre otra grieta institucional: el Ejecutivo desafía no solo al Congreso, sino también a los límites impuestos por la justicia y la normativa vigente. Los próximos pasos, incluidos recursos judiciales y nuevas protestas, marcarán el verdadero costo político de esta decisión en el futuro inmediato.
El Presidente firmará el decreto para abrir sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, con el Presupuesto 2026 como prioridad y un paquete de reformas laboral, tributaria y penal en el centro de la agenda. El Gobierno ya trabaja con gobernadores y bloques aliados para asegurarse los votos.
El gobernador bonaerense consiguió los votos necesarios para avanzar con el endeudamiento tras ceder espacios en organismos provinciales y habilitar la ampliación del directorio del Banco Provincia. Los nombres que suenan para ocupar los cargos explican cómo se destrabó un acuerdo político que dejó expuesta la fragilidad legislativa del oficialismo.
La asunción de los nuevos diputados agrupó escenas de tensión, confrontaciones simbólicas, gestos polémicos y un clima de choque entre bloques. Los libertarios celebraron su surgimiento como primera minoría mientras referentes de la oposición cuestionaron la falta de respeto y alertaron sobre el deterioro del clima institucional. La jura fue más que un acto protocolar: expuso las grietas políticas del país.
El incremento de fondos destinados a los organismos de inteligencia generó una nueva polémica en el Congreso. Mientras el Ejecutivo afirma que busca modernizar capacidades y fortalecer la seguridad nacional, legisladores opositores y expertos advierten sobre los riesgos de discrecionalidad, opacidad y uso político de la inteligencia. El tema vuelve a exponer una deuda histórica: la falta de controles reales sobre el sistema.
El gobernador bonaerense volvió a exigir el aval legislativo para contraer deuda y refinanciar vencimientos críticos. Aseguró que la provincia enfrenta un ahogo financiero deliberado y que sin la autorización peligra el pago a proveedores, municipios y áreas esenciales. La oposición plantea dudas, reclama transparencia y acusa al mandatario de intentar blindarse políticamente.
La dispersión del Congreso y la fragmentación de bloques dispararon la relevancia de los gobernadores. Mientras fuerzas tradicionales como la Unión Cívica Radical (UCR) buscan rearmarse, mandatarios provinciales exploran —o ya negocian— bancas legislativas para fortalecerse. El 10 de diciembre se perfila como un punto de inflexión que podría redefinir alianzas y equilibrios de poder.
La declaración de la hija del ex intendente de San Isidro y la detención del ex abogado de Wanda Nara abrieron un doble frente judicial que sacude su entorno. Las dos causas, distintas en naturaleza pero conectadas por su impacto mediático, exponen tensiones, vulnerabilidades y la desarticulación del círculo legal que la rodeaba.
Miles de ciudadanos tomaron las calles de Madrid y otras ciudades exigiendo la dimisión del gobierno de Pedro Sánchez, tras la detención de exfuncionarios por presuntos casos de corrupción. El grito común es “Mafia o democracia”: una demanda de limpieza institucional que vuelve a sacudir al poder en España.
Mientras el escándalo por supuesta corrupción y lavado de dinero salpica a dirigentes del fútbol, surgieron denuncias que complican a Claudio "Chiqui" Tapia: se acusa a una red de testaferros de haber usado cuentas falsas, memes y hasta un tuit de Carlos Tevez como prueba de operaciones financieras ilícitas. El caso reaviva viejas dudas sobre la transparencia en la gestión del deporte más popular del país.
Cinco hombres argentinos fueron arrestados en Miami acusados de integrar un esquema organizado de robos en el reconocido Dolphin Mall. La policía los detuvo tras detectar una maniobra coordinada que incluía el hurto de valijas y mercadería en locales de marcas internacionales. Enfrentan cargos graves y podrían permanecer detenidos mientras avanza el proceso judicial.
Seis aviones F-16 Fighting Falcon partieron desde Europa y cruzan el Atlántico en un operativo logístico histórico para la Fuerza Aérea Argentina. Está previsto que arriben a Río Cuarto en los próximos días, mientras se finalizan las obras en Tandil, su futura base definitiva. El país vuelve a recuperar capacidad supersónica después de una década.