Alejandra Larrea
Un escándalo de fraude sacudió a la Ciudad de Buenos Aires tras descubrirse una banda de “estafadores VIP” que se hacía pasar por empleados del Ministerio de Desarrollo Social. Los acusados montaron una red de engaños con la que tramitaban préstamos a nombre de beneficiarios sociales, se quedaban con los fondos y los utilizaban para financiar una vida de lujos en Puerto Madero.
La investigación reveló que el grupo llevaba meses operando bajo esta modalidad, afectando a decenas de personas en situación de vulnerabilidad.
El modus operandi consistía en contactar a las víctimas bajo la excusa de “actualizar beneficios sociales”. Con esa excusa, obtenían datos personales y bancarios que luego utilizaban para solicitar préstamos en entidades financieras. Una vez acreditados los montos, desviaban el dinero a sus propias cuentas.
La maniobra permitió que los estafadores acumularan sumas millonarias. Con esos fondos alquilaron departamentos de lujo en Puerto Madero, conducían autos de alta gama y mantenían un estilo de vida que contrastaba con el origen de los recursos defraudados.
Tras varias denuncias, la fiscalía especializada en ciberdelitos rastreó las operaciones y logró identificar a los integrantes de la banda. Durante los allanamientos se secuestraron computadoras, teléfonos, documentación falsa y parte del dinero producto de las estafas.
Los acusados fueron imputados por asociación ilícita y fraude reiterado. Entre ellos se encuentran al menos tres hombres y dos mujeres jóvenes, algunos con antecedentes por delitos similares. La Justicia no descarta que haya más involucrados y ya investiga la posible complicidad de empleados bancarios que habrían facilitado las operaciones.
El caso generó indignación pública, no solo por la magnitud de la estafa, sino también porque las víctimas eran en su mayoría beneficiarios de programas sociales que quedaron endeudados sin haber recibido el dinero.
La caída de la banda de “estafadores VIP” dejó al descubierto una modalidad delictiva que combina fraude digital y uso indebido de programas sociales. Mientras la Justicia avanza en el proceso, las víctimas reclaman asistencia urgente para revertir deudas que nunca contrajeron y que hoy los dejan en una situación aún más vulnerable.
