La Justicia investiga un presunto fraude de más de 10 millones de dólares en el gremio de Camioneros vinculado a la administración del hotel sindical de Mar del Plata. Hugo Moyano designó un perito externo y ordenó una revisión contable para esclarecer el destino de los fondos.
Política20 de octubre de 2025
Alejandra Larrea
El sindicato de Camioneros enfrenta una de las crisis más importantes de los últimos años tras la denuncia por una presunta estafa millonaria que afecta al patrimonio del gremio. La investigación judicial se centra en el Hotel “15 de Diciembre”, propiedad del sindicato en Mar del Plata, donde se habrían detectado irregularidades en la rendición de cuentas y sobreprecios en contrataciones.
Ante la gravedad de la situación, Hugo Moyano decidió designar un perito de confianza para colaborar con la Justicia y ordenó una auditoría interna que permita establecer si los fondos desviados pertenecen a los aportes de los afiliados. Además, dispuso la suspensión preventiva de funcionarios administrativos vinculados a la gestión del complejo turístico.
El foco judicial y las sospechas
Según las primeras pericias, el monto del presunto fraude rondaría los 10 millones de dólares. Los investigadores detectaron maniobras financieras y pagos sin respaldo documental, además de contratos de mantenimiento y provisión de servicios con empresas presuntamente fantasma. La causa judicial avanza con pericias contables y podría derivar en imputaciones a dirigentes sindicales de segunda línea.
Dentro del gremio, el impacto político fue inmediato. La conducción nacional busca aislar el caso de la estructura central para preservar la imagen del sindicato. Moyano instruyó a su equipo legal para presentar toda la documentación necesaria y manifestó su voluntad de “colaborar plenamente con la Justicia”.
Un golpe interno para el sindicalismo
El escándalo generó tensión entre las seccionales y expuso la falta de controles sobre los recursos de las obras sociales y los emprendimientos turísticos administrados por los gremios. Camioneros, una de las organizaciones con mayor poder económico y territorial del país, enfrenta ahora el desafío de recomponer su imagen pública y contener a los afiliados ante la posibilidad de nuevos hallazgos.
La auditoría interna, que se desarrollará en las próximas semanas, definirá si el gremio asume responsabilidades directas o si el delito fue cometido por funcionarios externos. Mientras tanto, el avance de la investigación judicial marcará el ritmo de una crisis que sacude los cimientos de uno de los sindicatos más influyentes de la Argentina.
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