Caso Adorni: del viaje con su esposa en el avión presidencial a los US$245.000 en efectivo y los 20 puntos que ahora debe explicar ante la Justicia

El caso que terminó con la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no comenzó con una casa, una criptomoneda ni una declaración jurada. Comenzó con un viaje. A principios de marzo de 2026 se conoció que Bettina Angeletti, esposa del entonces jefe de ministros, había acompañado a su marido y a la comitiva presidencial en el avión oficial que trasladó a Javier Milei a Nueva York para participar de la denominada Argentina Week. Angeletti no ocupaba ningún cargo público y la presencia de una familiar dentro de un viaje oficial generó inmediatamente pedidos de explicaciones sobre quién había pagado sus gastos y bajo qué justificación había utilizado una aeronave estatal.

La controversia inicial podía haber quedado limitada al uso de bienes públicos. Sin embargo, pocos días después apareció una segunda revelación que cambió completamente la naturaleza del escándalo: Adorni había viajado durante el feriado de Carnaval con su esposa, sus hijos y su amigo, el periodista y productor Marcelo Grandio, a Punta del Este en un avión privado. A partir de ese momento la pregunta dejó de ser solamente si Angeletti tenía derecho a viajar en el avión presidencial y pasó a ser cuánto dinero gastaba realmente la familia Adorni, quién financiaba esos gastos y si su nivel de vida podía justificarse con sus ingresos declarados como funcionario.

Esa pregunta es todavía hoy, cinco meses después, el corazón del expediente.

El vuelo a Punta del Este y la primera gran contradicción

Cuando se conoció el viaje privado a Uruguay, Adorni sostuvo que había pagado la parte proporcional que correspondía a su familia. La investigación judicial encontró después una versión diferente. La factura del vuelo de ida, que costó US$4.830, fue enviada a Imhouse SA, una empresa vinculada con Marcelo Grandio, mientras que el piloto Agustín Issin Hansen y su secretaria declararon que Grandio también había pagado en efectivo aproximadamente US$3.000 por el regreso.

El detalle adquirió relevancia porque la productora vinculada con Grandio mantenía contratos con la Televisión Pública. Esto abrió una causa paralela para determinar si el viaje pudo constituir una dádiva, es decir, un beneficio recibido por un funcionario de parte de una persona o empresa con intereses relacionados con el Estado. Esa investigación continúa en el juzgado federal de Ariel Lijo.

La denuncia por el viaje de Bettina Angeletti en el avión presidencial tuvo otro destino. Fue analizada por el juez federal Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mángano, pero terminó desestimada. Por lo tanto, el episodio que originó públicamente el escándalo no es actualmente el principal problema judicial de Adorni. El centro de gravedad se desplazó hacia su patrimonio.

La denuncia por enriquecimiento ilícito

En medio de las revelaciones, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia para que se investigara si el crecimiento patrimonial de Adorni podía constituir enriquecimiento ilícito. Al mismo tiempo, otros diputados opositores —entre ellos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro— realizaron presentaciones relacionadas con los viajes y el origen de los fondos utilizados por el entonces jefe de Gabinete.

Inicialmente uno de los expedientes cayó en el juzgado de María Servini. Después, por conexiones con otras denuncias ya existentes, el caso terminó concentrado en el Juzgado Federal N.º 4 de Ariel Lijo, mientras la investigación quedó en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita. A finales de marzo, Pollicita impulsó formalmente la investigación y comenzó a solicitar medidas destinadas a reconstruir los ingresos, gastos, propiedades y movimientos financieros de Adorni y de su grupo familiar.

A partir de allí comenzó una investigación mucho más amplia que la denuncia original. Se levantó el secreto bancario y fiscal de Adorni y de su esposa Bettina Angeletti, se solicitaron movimientos de cuentas, tarjetas, billeteras virtuales, información inmobiliaria y documentación tributaria, y se analizaron también sociedades vinculadas con la pareja.

Para la Justicia, la pregunta dejó de ser cuánto ganaba Adorni como funcionario y pasó a ser cuánto dinero había movido realmente desde diciembre de 2023 y cómo podía justificarlo.

Aparece la casa del country Indio Cuá

Uno de los primeros grandes problemas patrimoniales fue una casa ubicada en el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La propiedad había sido adquirida en noviembre de 2024 y originalmente figuraba exclusivamente a nombre de Bettina Angeletti. Adorni no la había incluido inicialmente en la declaración jurada correspondiente y recién corrigió esa situación en abril de 2026, cuando la investigación penal ya estaba en marcha.

Comprar la propiedad era solamente una parte de la historia. Lo realmente decisivo ocurrió cuando comenzó a investigarse cuánto dinero se había invertido después en remodelarla.

El contratista Matías Tabar, responsable de los trabajos, declaró bajo juramento que Adorni le había pagado US$245.000 en efectivo entre finales de 2024 y 2025. Según su testimonio, los trabajos incluyeron una remodelación integral de la vivienda, una parrilla valuada en más de US$7.000, jacuzzi, cascada y otras mejoras. El contratista afirmó además que los pagos fueron realizados fuera del circuito formal y aportó un detalle de las operaciones.

Ese testimonio cambió completamente la causa.

La fiscalía dejó de analizar únicamente diferencias entre declaraciones juradas y comenzó a contar con un testigo que describía cientos de miles de dólares entregados físicamente en efectivo durante el período en que Adorni ya era funcionario nacional.

El departamento de Caballito y otros US$65.000 fuera de escritura

Simultáneamente apareció otra operación inmobiliaria. Adorni y su esposa compraron un departamento en Miró al 500, en Caballito, donde posteriormente se instaló la familia. La fiscalía considera que todavía no está debidamente aclarado el origen de los fondos utilizados para adquirirlo.

Según una declaración incorporada a la causa, durante la operación se acordó además pagar US$65.000 por fuera de la escritura para realizar refacciones. A eso se agregarían aproximadamente $14 millones gastados en mobiliario, también pagados en efectivo. El mismo contratista que trabajó en Indio Cuá declaró haber realizado muebles para el departamento y haber recibido dólares en efectivo.

La existencia de varias operaciones inmobiliarias realizadas en un período relativamente corto reforzó el interés de los investigadores por reconstruir las fuentes de financiamiento. La fiscalía también puso bajo análisis los honorarios de la escribana que participó en tres operaciones del matrimonio y quiere establecer por qué fueron facturados íntegramente a Angeletti.

Aruba, Bariloche, España y otros viajes

Los viajes se convirtieron en otro capítulo central. El expediente reconstruyó desplazamientos familiares a Aruba, Bariloche, Gualeguaychú, España y otros destinos, además del vuelo privado a Punta del Este que había originado parte de las denuncias. Según fuentes del expediente, numerosos gastos fueron realizados en dólares y efectivo.

La fiscalía buscó determinar no solamente cuánto costaron los pasajes, sino también hoteles, alquileres temporarios, consumos, expensas, colegios y gastos cotidianos del grupo familiar. El objetivo es comparar el nivel general de vida con los ingresos comprobados durante el período investigado.

El análisis elaborado por Pollicita sostiene que los 35 salarios cobrados por Adorni como funcionario, sumados a los ingresos comprobados de Bettina Angeletti, totalizaron aproximadamente $229,7 millones. Los gastos familiares documentados solamente en pesos alcanzaron aproximadamente $272,8 millones, lo que deja una diferencia superior a $43 millones, incluso antes de incorporar cientos de miles de dólares en efectivo cuya procedencia el fiscal considera todavía insuficientemente explicada.

La estimación publicada por Infobae sobre la evaluación actual de la fiscalía coloca esas inconsistencias en aproximadamente $43 millones y US$400.000. Se trata de la posición acusatoria del Ministerio Público y no de una condena ni de una determinación definitiva del juez. Adorni conserva su presunción de inocencia y tiene ahora la oportunidad procesal de justificar cada operación.

Las tarjetas de los empleados de Casa Rosada

Otro descubrimiento particularmente llamativo apareció durante junio. La Justicia detectó que dos personas que trabajaban bajo la órbita de Adorni en el Gobierno habían utilizado sus propias tarjetas de crédito para realizar compras destinadas al entonces jefe de Gabinete.

Según el requerimiento actual de la fiscalía, una de esas operaciones correspondió a un monitor para videojuegos de aproximadamente $2,18 millones y otras dos a proyectores de alrededor de $1,8 millones cada uno. El salario de Adorni rondaba entonces los $3,5 millones mensuales. Pollicita quiere saber por qué se utilizaron tarjetas de subordinados, quién terminó pagando esas liquidaciones y si hubo reintegros posteriores.

Un caso todavía más singular involucra una compra por aproximadamente $8 millones en colchones y ropa blanca para la vivienda de Indio Cuá. Una empleada de la Casa Rosada aparece como titular de la factura y declaró ante la Justicia que fue al comercio por pedido de Adorni para que la operación quedara registrada a su nombre, aunque quien llegó con el dinero en efectivo habría sido Bettina Angeletti.

Para la fiscalía, la reiteración de operaciones realizadas mediante terceras personas constituye uno de los asuntos que Adorni deberá explicar expresamente.

Las declaraciones juradas empiezan a cambiar

Mientras avanzaba la investigación, Adorni había sostenido públicamente que sus declaraciones juradas explicaban perfectamente su situación patrimonial y que no existía ningún ocultamiento.

El 29 de abril compareció ante el Congreso como jefe de Gabinete y defendió su patrimonio. Javier Milei incluso estuvo presente y lo respaldó públicamente. Sin embargo, semanas después la estrategia defensiva cambió: Adorni presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y rectificó también las de 2023 y 2024, incorporando dinero, bienes y operaciones que anteriormente no figuraban.

Entre esas modificaciones apareció una explicación completamente nueva: las criptomonedas.

Adorni declaró públicamente que antes de ingresar al Gobierno había invertido aproximadamente US$200.000 en criptoactivos y que había obtenido una ganancia cercana a los US$300.000. También reconoció haber mantenido parte de ese patrimonio fuera de las declaraciones fiscales. En sus rectificaciones incorporó alrededor de $400 millones atribuidos a “venta de activos” y cuatro cuentas de activos virtuales.

La explicación cripto pasó entonces a ser una de las claves de su defensa: si consigue demostrar que ya poseía esos activos antes de asumir y que las operaciones efectivamente generaron las ganancias que sostiene, podría justificar una porción considerable del incremento patrimonial.

Pero la fiscalía exige trazabilidad.

La pregunta de los US$200.000 iniciales

Pollicita no se conformó con saber que Adorni dice haber ganado dinero con Bitcoin u otras criptomonedas. Quiere saber de dónde salieron originalmente los US$200.000 con los que asegura haber realizado aquella inversión.

El requerimiento exige identificar los activos comprados, las plataformas utilizadas, fechas, destinatarios, movimientos entre billeteras y documentación bancaria o bursátil que permita seguir la ruta del dinero. Además, la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos detectó vínculos con otros activos virtuales que también forman parte de la pesquisa.

La situación es especialmente importante porque buena parte del dinero incorporado posteriormente a las declaraciones juradas aparece ahora atribuida a esas inversiones previas.

En otras palabras, el punto no es solamente demostrar que Adorni operó criptomonedas. Debe demostrar que las tenía cuando dice haberlas tenido, que las compró con fondos lícitos y que obtuvo realmente las ganancias utilizadas posteriormente para financiar propiedades, viajes y gastos.

Préstamos familiares, herencias y deudas por cientos de miles de dólares

Las criptomonedas no son la única fuente de fondos invocada. La fiscalía también detectó préstamos y deudas familiares que Adorni utiliza parcialmente para explicar su patrimonio.

Entre ellos aparecen una deuda de $16 millones con su madre, Silvia Pais, y otra de $18 millones con la sucesión de su abuela Norma Zuccolo. Pollicita reclama que demuestre cuándo se celebraron esos préstamos, cómo se entregó efectivamente el dinero, en qué se utilizó y cómo evolucionaron posteriormente las obligaciones.

También existen bienes que el exfuncionario atribuyó a herencias, legados o donaciones. La fiscalía considera especialmente importante ese capítulo porque parte importante del incremento patrimonial declarado se explica mediante esos conceptos y exige identificar quién entregó los bienes, en qué fecha y mediante qué instrumento jurídico.

La DAFI estimó que desde su llegada a la función pública Adorni movió alrededor de US$743.000, convertidos según el tipo de cambio correspondiente a cada operación. Aproximadamente US$408.000 corresponderían a gastos y otros US$335.000 a deudas con cinco personas diferentes.

La DAFI entra al expediente y reconstruye todo el patrimonio

A finales de abril, Pollicita pidió la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, conocida como DAFI, un organismo especializado del Ministerio Público Fiscal.

La tarea fue construir una radiografía financiera completa: declaraciones juradas, sueldos, ingresos de Angeletti, consumos de tarjetas, cuentas bancarias, billeteras virtuales, propiedades, viajes, vehículos, deudas, compras y movimientos financieros.

El informe definitivo llegó al fiscal el 17 de julio y confirmó, según la fiscalía, múltiples inconsistencias que requerían explicación. Fue el punto de inflexión procesal porque el delito de enriquecimiento ilícito tiene una particularidad: antes de avanzar hacia una indagatoria, el funcionario debe tener la posibilidad de justificar el incremento patrimonial cuestionado.

El resultado de ese trabajo es el requerimiento que Adorni acaba de recibir.

Junio: Adorni pierde primero la vocería y después el Gobierno

El escándalo tuvo también consecuencias políticas.

Durante mayo, Milei defendió reiteradamente a su jefe de Gabinete y sostuvo que no lo removería sobre la base de denuncias periodísticas. Pero con el avance de la investigación comenzaron a aparecer diferencias dentro de La Libertad Avanza y aliados del Gobierno reclamaron que Adorni presentara rápidamente su documentación patrimonial.

El 19 de junio se conoció que dejaría de ejercer la función de vocero presidencial y que esa tarea sería asumida por Adrián Ravier. Formalmente Adorni permanecía todavía como jefe de Gabinete, pero la decisión fue interpretada como el primer intento de la Casa Rosada de reducir su exposición pública mientras seguía creciendo la investigación.

Ocho días después llegó la decisión definitiva.

El 27 de junio, Adorni presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete. Su salida fue oficializada posteriormente y Diego Santilli asumió como reemplazante el 1 de julio. Adorni negó haber cometido delitos y atribuyó buena parte de la ofensiva contra él a operaciones políticas y periodísticas, aunque admitió que la situación estaba afectando a su familia.

La renuncia no modificó su situación judicial. Al contrario: el expediente siguió avanzando.

La Justicia le restringió la salida del país

Pocos días después de abandonar el Gobierno, la situación procesal volvió a agravarse.

El 3 de julio, el juez Ariel Lijo aceptó un pedido del fiscal Pollicita y dispuso que Adorni no pueda salir de la Argentina sin autorización judicial previa. Cada vez que pretenda viajar deberá informar el destino y las características del desplazamiento para que el juzgado evalúe si corresponde autorizarlo.

La medida no implica prisión preventiva ni significa que el exfuncionario haya sido considerado culpable. Es una restricción cautelar mientras continúa la investigación.

El contexto político de aquellos días incluía versiones sobre un posible traslado de Adorni a Uruguay, aunque el fundamento central del expediente es garantizar su disponibilidad ante futuras decisiones judiciales.

Los 20 puntos que deberá explicar ahora

El lunes 10 de agosto, Pollicita firmó finalmente el requerimiento de justificación patrimonial. El documento tiene 207 páginas y contiene 20 bloques de preguntas. El juez Lijo notificó a Adorni, quien dispone de 15 días para responder.

La lista resume prácticamente toda la investigación: dólares en efectivo; préstamos familiares; la compra de una Jeep Compass; la adquisición de Indio Cuá; los US$245.000 de remodelaciones; los muebles de Caballito; la compra del departamento de Miró; herencias y donaciones; viajes y gastos familiares; utilización de tarjetas de empleados; criptoactivos; otros movimientos financieros; comprobantes detectados por ARCA; deudas bancarias; honorarios de la escribana; consumos adicionales en tarjetas; una posible nueva operación automotor; acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo; reformas de Miró; y la nueva valuación declarada de Indio Cuá.

La fiscalía calcula actualmente que existen aproximadamente $43 millones y US$400.000 que todavía requieren una explicación patrimonial convincente. Esa cifra puede cambiar dependiendo de la documentación que presente la defensa.

No existe todavía una sentencia que establezca que ese dinero tenga origen ilícito.

Qué puede pasar después de los 15 días

Adorni se encuentra actualmente imputado, pero no fue llamado a declaración indagatoria.

La diferencia es importante. Estar imputado significa que existe una investigación penal dirigida hacia él y que puede ejercer plenamente su derecho de defensa. La indagatoria representa un paso procesal posterior en el que el fiscal o el juez consideran que ya existen elementos suficientes para atribuirle concretamente un hecho penal.

El requerimiento patrimonial funciona como la instancia inmediatamente anterior.

Si Adorni presenta documentación que permita explicar satisfactoriamente propiedades, criptomonedas, efectivo, préstamos, viajes y consumos, la hipótesis de enriquecimiento ilícito podría debilitarse o incluso terminar archivada.

Si las respuestas resultan incompletas o contradictorias, Pollicita podría solicitar su citación a indagatoria. Después de esa instancia podría aparecer un procesamiento, una falta de mérito o un sobreseimiento, dependiendo de las pruebas.

A 12 de agosto, todavía no ocurrió ninguna de esas tres cosas.

Las otras causas alrededor de Adorni

El expediente por enriquecimiento ilícito no es el único frente judicial.

La causa por posibles dádivas vinculada con el viaje privado a Punta del Este sigue tramitando en el juzgado de Ariel Lijo. Allí se intenta determinar si el viaje financiado por Marcelo Grandio pudo constituir un beneficio indebido debido a que su productora tenía contratos con la Televisión Pública.

En cambio, la denuncia específica por haber llevado a Bettina Angeletti en el avión presidencial a Nueva York fue desestimada.

Adorni también aparece mencionado en otro expediente mucho más grande: $LIBRA. Una de las querellas pidió que fuera citado a indagatoria porque participó del Tech Forum de octubre de 2024, evento en el que estuvieron varios protagonistas que posteriormente quedaron vinculados con el lanzamiento de la criptomoneda. Hasta la última actualización pública revisada, ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi habían avanzado específicamente contra Adorni por ese planteo.

Además, su hermano Francisco Adorni enfrenta una investigación separada por posibles inconsistencias en sus propias declaraciones juradas. El fiscal Guillermo Marijuan llegó a pedir su indagatoria y posteriormente el juez Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba. No es la misma causa que enfrenta Manuel y no corresponde confundir las responsabilidades de ambos.

Qué sostiene Adorni

Desde que comenzó el caso, Adorni negó haberse enriquecido ilegalmente.

Su defensa pública fue cambiando a medida que aparecieron nuevos elementos. Inicialmente afirmó que su patrimonio estaba completamente declarado. Posteriormente rectificó declaraciones juradas y reconoció que tenía fondos que no habían sido informados anteriormente. Finalmente sostuvo que una parte fundamental de su capacidad económica provenía de inversiones en criptomonedas realizadas antes de ingresar al Estado.

Su argumento central es que una cosa es no haber declarado determinados activos ante el fisco y otra completamente diferente haber obtenido dinero ilegalmente durante el ejercicio de un cargo público.

Desde un punto de vista penal, esa diferencia es efectivamente fundamental.

Para configurar enriquecimiento ilícito, la fiscalía debe demostrar un incremento patrimonial apreciable producido durante la función pública que Adorni no pueda justificar razonablemente mediante ingresos, ahorros, inversiones, créditos, herencias u otras fuentes lícitas.

Por eso los próximos quince días son probablemente la etapa más importante del expediente desde que empezó.

El punto exacto donde está hoy el caso

El caso Adorni comenzó con una foto que despertó una discusión sobre la utilización del avión presidencial y terminó en una auditoría completa de su economía familiar desde que llegó al Gobierno.

En el medio aparecieron un avión privado a Punta del Este pagado por un amigo con vínculos comerciales con el Estado; una casa en Indio Cuá que inicialmente no estaba declarada; un departamento en Caballito; US$245.000 entregados en efectivo a un contratista; otros US$65.000 vinculados con reformas; viajes internacionales; aproximadamente $85 millones en consumos de tarjetas durante 2025; compras realizadas con tarjetas o nombres de empleados de Casa Rosada; préstamos familiares; herencias; cuatro billeteras cripto y una versión según la cual US$200.000 invertidos antes del Gobierno se transformaron en US$500.000.

La Justicia todavía no determinó que ninguno de esos elementos sea producto de un delito.

Lo que sí determinó la fiscalía es que, después de meses de investigación y del informe técnico de la DAFI, las explicaciones conocidas hasta ahora no alcanzan para cerrar las cuentas. Por eso Pollicita le exigió formalmente a Adorni que justifique punto por punto el origen de los fondos.

La situación procesal puede resumirse de manera sencilla: Adorni está imputado por presunto enriquecimiento ilícito, tiene restringida la salida del país y dispone de 15 días para responder 20 cuestionamientos patrimoniales. Todavía no está procesado ni fue citado a indagatoria.

Si consigue demostrar documentalmente el origen previo y lícito del dinero, la causa puede cambiar completamente de dirección.

Si no lo consigue, el próximo capítulo probablemente ya no sea una nueva revelación periodística.

Será una indagatoria en Comodoro Py.