Investigan transferencias por $2.580 millones de Camioneros a fideicomisos vinculados al entorno de Moyano

Una serie de transferencias por casi $2.580 millones realizadas desde estructuras vinculadas al Sindicato de Camioneros hacia tres fideicomisos relacionados con el entorno familiar de Hugo Moyano quedó bajo la lupa. La documentación difundida indica que los movimientos se concretaron entre el 29 de abril y el 1° de junio, mientras la obra social de la organización atraviesa una delicada situación financiera.

El monto total informado asciende a $2.579.853.035 y habría sido destinado a los fideicomisos Thoth, Khasis y Dhanvantari, relacionados con Liliana Zulet, esposa del histórico dirigente camionero. Esas estructuras canalizarían fondos hacia compañías que trabajan en áreas textiles, construcción y servicios de salud.

Las transferencias no prueban por sí mismas la comisión de un delito. Los fideicomisos son herramientas legales utilizadas para administrar bienes, inversiones y proyectos, y pueden formar parte de la operatoria habitual de una organización. El punto que deberá aclararse es cuál fue el origen de los recursos, qué contraprestaciones existieron y si los movimientos respetaron las normas internas, sindicales y sanitarias correspondientes.

El caso adquiere relevancia porque se conoció en medio de los problemas de la Obra Social de Choferes de Camiones, que mantiene una deuda estimada en $30.000 millones y experimentó una fuerte reducción en la cantidad de aportantes.

Tres fideicomisos y empresas de distintos rubros

La información disponible señala que los fondos fueron destinados a tres estructuras con nombres diferentes, cada una asociada a una actividad empresarial. El fideicomiso Thoth estaría vinculado con Dixey, una firma del rubro textil. Khasis tendría relación con Aconra, dedicada a trabajos de construcción, mientras que Dhanvantari se conectaría con Iarai, orientada a la prestación de servicios sanitarios.

Los investigadores deberán reconstruir el circuito completo del dinero. Para eso será necesario verificar desde qué cuentas se efectuaron las operaciones, qué contratos las justificaron, quiénes autorizaron las transferencias y cuáles fueron los servicios o productos recibidos a cambio.

La vinculación familiar de las personas que administran o se benefician de determinadas empresas no vuelve ilegal una contratación. Sin embargo, obliga a extremar los controles cuando se utilizan recursos provenientes de aportes sindicales o de una obra social, ya que esos fondos tienen una finalidad específica y pertenecen colectivamente a los trabajadores.

También deberá establecerse si existieron procedimientos competitivos para seleccionar proveedores, si los precios se correspondían con los valores del mercado y si los trabajos fueron efectivamente realizados. Una auditoría contable podría comparar facturas, órdenes de pago, contratos, entregas y registros bancarios.

El análisis no puede limitarse al destino inmediato del dinero. Los fideicomisos permiten separar patrimonios y administrar recursos con reglas particulares, por lo que será necesario conocer quiénes actuaron como fiduciantes, fiduciarios y beneficiarios, además de las condiciones fijadas para disponer de los fondos.

Antecedentes de movimientos anteriores

Las transferencias conocidas se sumarían a otros movimientos por aproximadamente $900 millones realizados en septiembre de 2025. Esa reiteración podría indicar una relación comercial estable, aunque también aumenta la necesidad de conocer los contratos que vinculan a las distintas partes.

La existencia de operaciones anteriores permitirá ampliar el período de revisión. Los auditores podrían analizar si los montos crecieron, si cambiaron los conceptos facturados y si las mismas empresas concentraron una proporción significativa de las contrataciones.

Otro elemento importante será diferenciar los recursos del sindicato de los correspondientes a la obra social. Aunque ambas estructuras se encuentran relacionadas con la actividad de Camioneros, tienen personerías, objetivos y obligaciones contables diferentes. Los fondos sanitarios deben destinarse a la atención de los afiliados y están sometidos a controles específicos.

Si las transferencias provinieron directamente del sindicato, deberá examinarse su encuadre dentro del presupuesto y las decisiones de sus órganos internos. Si se utilizaron recursos de la obra social, el nivel de exigencia será mayor debido a la crisis prestacional y al carácter sanitario de los aportes.

También habrá que conocer si los movimientos fueron observados por organismos de control o denunciados formalmente ante la Justicia. Una investigación periodística puede revelar indicios y documentación, pero la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades administrativas y judiciales.

La crisis financiera de la obra social

La situación de Oschoca constituye el contexto más delicado del caso. La obra social tendría una deuda cercana a los $30.000 millones y perdió una parte considerable de sus aportantes. La cantidad de contribuyentes activos habría descendido de aproximadamente 90.000 a 72.719.

La reducción de aportes afecta directamente los ingresos disponibles para financiar consultas, medicamentos, internaciones y tratamientos. Al mismo tiempo, la inflación sanitaria suele superar el aumento de los salarios, lo que amplía la distancia entre los recursos que reciben las obras sociales y el costo real de las prestaciones.

Dos de las cuatro clínicas relacionadas con la organización funcionarían con un nivel mínimo de actividad. Esa situación genera preocupación entre los afiliados y los trabajadores sanitarios, que dependen de la continuidad de los servicios.

En este escenario, las transferencias hacia empresas vinculadas al entorno familiar de la conducción sindical demandan una explicación detallada. La pregunta central no es únicamente si las operaciones estaban documentadas, sino si resultaban razonables y prioritarias frente a las necesidades de la obra social.

Los responsables de la organización pueden sostener que las contrataciones fueron necesarias para garantizar infraestructura, insumos o servicios. Esa explicación deberá comprobarse mediante documentación y resultados concretos.

Un caso atravesado por la interna sindical

La investigación aparece además en un momento de reconfiguración dentro de Camioneros. Hugo Moyano conserva un peso histórico en la organización, pero el gremio atraviesa tensiones vinculadas con la conducción, el manejo de las estructuras y la relación entre los distintos sectores familiares y sindicales.

La disputa política puede amplificar las denuncias, pero no reemplaza la necesidad de verificar cada operación. Las acusaciones internas deben ser examinadas con el mismo criterio que las explicaciones de la conducción: contratos, comprobantes, balances y movimientos bancarios.

El volumen de las transferencias vuelve imprescindible una rendición clara. La transparencia resulta particularmente importante en organizaciones que administran aportes obligatorios y servicios esenciales para miles de trabajadores.

Los próximos pasos dependerán de la existencia de una presentación judicial o administrativa, de las auditorías sobre la obra social y de la documentación que aporte el sindicato. Hasta entonces, corresponde hablar de movimientos bajo análisis y no de una responsabilidad penal comprobada.

La investigación deberá determinar si los casi $2.580 millones respondieron a contrataciones legítimas y verificables o si existieron irregularidades. También tendrá que establecer si la crisis de Oschoca guarda alguna relación con la administración de esos recursos o si se explica por otros factores financieros y prestacionales.