El presidente y su asistente son acusados del delito de "corrupción", que puede llevar a una pena de 2 a 8 años de prisión.
Mundo08 de abril de 2025
Alejandra Larrea
La Fiscalía General de Costa Rica presentó el lunes una acusación contra el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura Jorge Rodríguez por un presunto caso de corrupción en la contratación de una empresa relacionada con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El presidente y su colaborador están acusados del delito de "concusión", que puede llevar a cabo penas de 2 a 8 años de prisión. Este delito se refiere a funcionarios públicos que obligan o inducen a alguien a dar o prometer de manera indebida un beneficio o propiedad, ya sea para ellos mismos o para otra persona, informó la Fiscalía en un comunicado.
Según la tesis de los fiscales, un publicista llamado Christian Bulgarelli, que trabajó para la Presidencia con fondos delBCIE, fue forzado a dar un beneficio indebido a un asesor y amigo cercano de Chaves para la compra de una propiedad.
En junio de 2024, el banco de Centroamérica impuso un veto de siete años a Bulgarelli y su empresa por "prácticas prohibidas de fraude y colusión".
El BCIE le dijo a Reuters que es "respetuoso de las decisiones soberanas de los Estados a los que sirve y colabora, y no interviene en sus asuntos internos". Además, la institución en Tegucigalpa dijo que los resultados de la investigación del año pasado se entregaron a la Fiscalía, "con quienes mantenemos la mayor disposición de colaboración en lo que sea requerido".
La Presidencia de Costa Rica no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La acusación surge tras una protesta en marzo, organizada por Chaves, en la que cientos de personas pidieron la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz. Este fiscal está a cargo de muchos casos penales contrael presidente.
En esos casos, que hasta ahora no han tenido éxito, el gobernante ha sido acusado de tráfico de influencias, abuso de poder y no cumplir con sus deberes, entre otros cargos.
Díaz describió la protesta como un intento de parar la justicia en las investigaciones contra Chaves, que el presidente ha llamado "politiqueras".
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