La administración de Javier Milei confirmó que modificará la metodología para calcular la inflación, actualizando la canasta de bienes y servicios. Buscan reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales y dar una nueva narrativa al índice más temido por la política.
Economía16 de abril de 2025
Alejandro Cabrera
Un nuevo Índice de Precios al Consumidor
El Gobierno nacional avanzará con un cambio estructural en la forma de medir la inflación en Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya completó los ajustes técnicos para una nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que incluirá una canasta de bienes y servicios renovada con base en los consumos actuales de los hogares.
Esta decisión llega en un momento sensible para la administración libertaria, luego del fin del cepo cambiario y en medio de una escalada del dólar libre. El dato de inflación mensual sigue siendo una referencia clave para la opinión pública, los mercados y la política, por lo que el rediseño del IPC cobra un significado no solo técnico, sino también simbólico.
El IPC vigente se construye sobre una base de consumo de 2004-2005, lo que, según argumenta el Gobierno, ya no representa con fidelidad los patrones de consumo de los argentinos. Desde hace años, distintos economistas cuestionaban la falta de actualización del indicador, pero ahora el Ejecutivo parece decidido a avanzar.
Según trascendió, el INDEC ya realizó pruebas piloto, consultas institucionales y desarrollos metodológicos para adaptar el índice. El paso que sigue es obtener los avales institucionales y lanzar una campaña de sensibilización para explicar el nuevo IPC a la ciudadanía.
La inflación como eje del debate político
La decisión de cambiar la fórmula para medir la inflación no está exenta de polémica. Para el Gobierno, se trata de una modernización necesaria que permitirá generar estadísticas más precisas. Para sectores de la oposición y parte del mercado, la movida puede ser leída como un intento de maquillar las cifras.
En este contexto, economistas afirman que cualquier modificación en la medición del IPC debería ser acompañada de transparencia total y consulta a universidades, centros de estudios y cámaras empresariales. De lo contrario, el riesgo es que la nueva fórmula pierda credibilidad antes de ser aplicada.
Desde el oficialismo, insisten en que no hay manipulación, sino una adecuación a los tiempos actuales. "No podés seguir midiendo con una encuesta de hace 20 años", argumentan. También reconocen que una canasta más representativa permitirá mostrar con mayor detalle cómo impactan las subas de precios en diferentes estratos sociales.
La inflación interanual se mantiene en niveles altos, por encima del 250%, y los analistas anticipan que los próximos datos seguirán siendo elevados debido a la reciente devaluación del tipo de cambio oficial. En este escenario, la decisión de cambiar la fórmula puede marcar un punto de inflexión en el debate económico.
Algunos funcionarios plantean que el nuevo índice convivirá un tiempo con el actual para evitar suspicacias y permitir comparaciones. Sin embargo, no está claro aún a partir de qué mes se aplicará plenamente el nuevo IPC.
También se analiza la posibilidad de publicar un IPC nacional con segmentación por regiones y niveles de ingresos. Esta opción permitiría mostrar más claramente la heterogeneidad del impacto inflacionario, y a la vez brindar herramientas más precisas para políticas sociales o ajustes salariales.
Consecuencias políticas y económicas
Más allá del debate técnico, el cambio en el IPC se produce en un contexto de máxima tensión política y social. Con el consumo estancado, la pobreza en alza y una creciente caída del salario real, la inflación se ha convertido en el principal termómetro del malestar ciudadano.
Para Javier Milei, que hizo de la lucha contra la inflación su principal bandera de campaña, los próximos meses serán clave. El rediseño del IPC puede jugar a su favor si logra instalar la idea de que hay una baja sostenida, aunque eso dependa más de la economía real que de los números del INDEC.
A nivel internacional, organismos financieros y fondos de inversión también estarán atentos a este cambio. La credibilidad del INDEC había sido recuperada en los últimos años, y un eventual retroceso en transparencia sería visto con malos ojos por los actores externos.
El cambio metodológico también puede afectar las negociaciones salariales y los contratos indexados, ya que muchos de ellos están atados al IPC oficial. Cualquier modificación sustancial en la forma de medir los precios requerirá adaptaciones legales y comerciales.
En paralelo, se espera que el Gobierno lance una campaña de comunicación para explicar los motivos de esta reforma. La narrativa oficial buscará mostrarse moderna, técnica y precisa, intentando despegarse de los viejos fantasmas de manipulación estadística.
La sociedad, sin embargo, juzgará por su bolsillo. Más allá de cómo se mida, la inflación seguirá siendo una preocupación cotidiana para millones de argentinos. Cambiar la forma de medirla no eliminará su impacto, aunque podría cambiar la percepción pública si los precios dejan de subir con la misma velocidad.
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