Alejandro Cabrera
En plena tormenta política y económica, Evo Morales vuelve al centro de la escena con una acusación grave: intento de golpe de Estado. El Ejecutivo de Luis Arce lo señala como el principal instigador de las movilizaciones que paralizan parte del país. Las tensiones entre ambos líderes del MAS alcanzaron un nuevo pico.
Los bloqueos en regiones estratégicas como Cochabamba y Santa Cruz han puesto en jaque al gobierno. La situación se agravó por la escasez de combustible, el aumento del costo de vida y una inflación que ya supera el 15%. En este contexto, la figura de Morales reaparece con fuerza, aunque bajo un manto de sospecha.
Viejos aliados, enemigos declarados
La interna del Movimiento al Socialismo (MAS) ya no se esconde. Morales y Arce se enfrentan abiertamente por el control político del espacio que alguna vez los tuvo como socios indiscutidos. La estrategia de Morales ha sido clara: presionar desde las bases, convocar a las movilizaciones e insistir en su derecho a competir electoralmente.
Desde el gobierno, sin embargo, acusan que detrás de las protestas hay una intención desestabilizadora. Un audio atribuido a Morales –cuya autenticidad él niega– habría revelado planes para “profundizar los bloqueos”. Con esta base, el ministro de Gobierno anunció cargos por terrorismo e instigación pública a delinquir.
El expresidente responde con la misma lógica que lo ha sostenido en otras oportunidades: persecución política. Asegura que las acusaciones son parte de un intento por proscribirlo y que las protestas reflejan el malestar genuino del pueblo frente al deterioro económico.
Lo que en otro momento habría sido una disputa interna, hoy se convirtió en una batalla frontal por el poder. El gobierno ya no intenta disimular la ruptura. Arce busca consolidarse como líder autónomo, mientras Morales apela a su base histórica para recuperar protagonismo.
Inhabilitado, cercado y sin partido
A las causas políticas se suman las judiciales. Morales enfrenta una orden de aprehensión por un antiguo caso de índole sexual, además de múltiples denuncias que le impiden presentarse como candidato. El Tribunal Constitucional también lo ha inhabilitado, y ya no cuenta con un instrumento partidario propio.
En los hechos, su postulación para las elecciones de agosto es hoy inviable. Pero su influencia social y simbólica sigue vigente, especialmente en sectores rurales y sindicatos cocaleros. Esa base lo mantiene como actor disruptivo, incluso sin cargo ni candidatura.
La fractura con Arce se acelera por la coyuntura económica. La caída en las reservas internacionales, la escasez de divisas, el encarecimiento de los alimentos y la dependencia del crédito externo agudizan la tensión social. Para Morales, esa crisis no es ajena a las decisiones de la actual gestión. Para Arce, en cambio, es la herencia de un modelo agotado.
La calle se vuelve así el terreno principal de disputa. Morales intenta mostrar fuerza a través de la movilización popular, mientras Arce endurece el discurso y judicializa el conflicto. El riesgo de una escalada represiva crece a medida que se consolidan dos polos antagónicos dentro del mismo espacio político.
Las calles y el poder real
La pregunta que recorre Bolivia hoy es si Morales tiene o no capacidad real de desestabilizar al gobierno. Aunque jurídicamente está debilitado, su ascendencia simbólica sobre amplios sectores del MAS sigue siendo alta. Sus llamados a la movilización todavía encuentran eco en comunidades campesinas, movimientos cocaleros y sindicatos docentes.
El gobierno lo sabe y por eso actúa con dureza. La denuncia por intento de golpe de Estado no es menor: representa la decisión de pasar del conflicto político al terreno penal. Si Morales insiste en disputar poder desde afuera del sistema institucional, Arce buscará sacarlo del juego por completo.
Las protestas, sin embargo, no parecen menguar. A la escasez de combustible se suma ahora el desabastecimiento de alimentos en algunas regiones. Las rutas bloqueadas afectan el transporte de productos esenciales. El descontento crece incluso entre sectores que no se identifican ni con Arce ni con Morales.
Esa tensión transversal podría ser aprovechada por sectores opositores. La derecha boliviana, aunque fragmentada, observa con atención el desgaste del MAS. Si el oficialismo se rompe en dos, las elecciones de agosto podrían ser el escenario para un nuevo reordenamiento político en Bolivia.
El legado en disputa
Más allá del presente, lo que se juega en esta disputa es el control del relato histórico. Morales quiere mantenerse como símbolo del cambio que representó el primer gobierno indígena de Bolivia. Arce, en cambio, apuesta a una versión institucionalista del proceso de transformación, sin los excesos personalistas del pasado.
La ruptura pone en tensión los cimientos del “proceso de cambio” iniciado en 2006. Lo que empezó como un proyecto popular de inclusión y redistribución, terminó convertido en una maquinaria dividida, enfrentada consigo misma y acusada de corrupción, autoritarismo y clientelismo.
Evo Morales, acorralado, elige volver al barro político con su estilo característico. Arce, con el poder formal pero cada vez más aislado, enfrenta el dilema de cómo gobernar sin romper del todo con la historia de la que también fue parte.
