Milei lanza una ofensiva contra la Justicia Laboral

Javier Milei redobla la apuesta contra el sistema judicial. Esta vez, el blanco son los jueces laborales, a quienes señala como uno de los principales obstáculos para llevar adelante su modelo de reformas estructurales. Con un discurso que mezcla motosierra simbólica, acusaciones de connivencia con el sindicalismo y promesas de transparencia, el Gobierno prepara una avanzada que no tiene antecedentes desde el regreso de la democracia.

El diagnóstico presidencial es claro: hay un “núcleo duro” dentro del Poder Judicial que protege privilegios, bloquea decretos y, especialmente en el fuero laboral, alimenta una “industria del juicio” que perjudica a las pymes, desalienta la inversión y empodera a lo que considera una “casta corporativa”.

La Justicia como enemigo político
La relación de Milei con la Justicia nunca fue neutral. Desde el inicio de su mandato, el Presidente criticó fallos adversos, ignoró límites legales y buscó centralizar la toma de decisiones. Pero la nueva ofensiva apunta a un objetivo más específico: los tribunales laborales. Allí se concentran las sentencias que invalidan decretos clave del Gobierno, traban despidos masivos, ordenan reincorporaciones y obligan a indemnizar en términos que el Ejecutivo considera abusivos.

El lenguaje elegido por el oficialismo no deja lugar a dudas. Se habla de “caranchos”, de “mafias judiciales” y de “jueces militantes”. La estrategia no se limita a las palabras: ya circulan borradores para acelerar traslados, abrir investigaciones patrimoniales, limitar competencias y exponer públicamente a los magistrados más activos en fallos que incomodan al Gobierno.

También se evalúa la posibilidad de impulsar juicios políticos, especialmente contra jueces que en los últimos meses frenaron medidas de desregulación laboral o defendieron derechos adquiridos por trabajadores.

Ajuste institucional y poder económico
En el fondo, la disputa encierra algo más profundo: el control del modelo económico. Milei sostiene que para atraer inversiones necesita previsibilidad jurídica, pero no en términos de garantías laborales, sino de seguridad para las empresas. La interpretación oficial es que la protección al trabajador se ha convertido en una trampa jurídica que limita la creación de empleo genuino y multiplica los costos.

Por eso, el Gobierno busca cambiar la narrativa: pasar del “derecho del trabajador” al “derecho a emprender sin miedo a ser demandado”. En esa lógica, los jueces que aplican la legislación vigente se convierten en enemigos de la modernización.

El discurso oficial ya comenzó a permear en ciertos sectores del empresariado, que ven con buenos ojos la idea de “limpiar” el fuero laboral. Sin embargo, también hay alertas. El intento de condicionar o presionar a jueces puede derivar en una crisis institucional si se percibe como una ruptura del equilibrio de poderes.

Una jugada arriesgada
La ofensiva contra los jueces laborales es, en última instancia, una jugada de alto riesgo. Si Milei logra imponer su visión, podría cambiar de raíz el funcionamiento del sistema judicial en temas laborales. Pero si fracasa, quedará expuesto a denuncias de autoritarismo, persecución ideológica y vulneración de derechos.

En ese tablero, no sólo se juega la suerte del fuero laboral. También se pone en discusión el alcance del poder presidencial y los límites del Estado de Derecho. La motosierra, esta vez, no apunta solo a los gastos. Apunta también a la arquitectura institucional del país. “La motosierra no se detiene: ahora apunta a los tribunales.”