Alejandra Larrea
El Gobierno nacional oficializó la designación de Gastón Morán como nuevo titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo dependiente de la ANMAT, luego de la salida de su antecesora en medio del caso por el fentanilo adulterado que dejó decenas de muertes en distintas provincias. La decisión se formalizó a través de la Resolución 2426/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Morán es bioquímico de formación, egresado de la Universidad de Morón, y cuenta con un máster en Políticas Públicas de la Universidad Austral, además de un posgrado en Farmaeconomía en la Universidad Isalud. Desde 2022 se desempeñaba como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos en la ANMAT, donde estuvo a cargo de áreas clave del sistema regulatorio.
Con una extensa trayectoria en la administración pública, también ocupó funciones en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, en áreas técnicas del propio INAME, y en distintas dependencias vinculadas a la salud en el ámbito nacional y provincial. Su experiencia lo posiciona como un perfil técnico para afrontar la crisis que atraviesa el organismo.
La designación tiene carácter transitorio por 180 días hábiles, período en el que el Gobierno deberá llamar a concurso público para cubrir el cargo de forma definitiva. Durante ese tiempo, Morán tendrá como principal desafío recomponer la confianza en el sistema de control de medicamentos y revisar los protocolos internos que quedaron en entredicho tras el escándalo del fentanilo.
La salida de Gabriela Mantecón Fumado se produjo en medio de fuertes cuestionamientos. Según trascendió, había recibido advertencias sobre irregularidades en laboratorios que luego quedaron involucrados en la investigación judicial por el envenenamiento masivo. El caso expuso graves falencias en el sistema de fiscalización, que ahora deberá ser reestructurado.
El Gobierno busca con esta designación enviar una señal de firmeza y compromiso con la transparencia. Sin embargo, el desafío que enfrenta Morán es profundo: deberá garantizar controles eficaces, restablecer estándares de seguridad y, sobre todo, recuperar la confianza de la sociedad en la capacidad del Estado para proteger la salud pública.
