Alejandra Larrea
En una jornada judicial de alta tensión, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña— revisa hoy (lunes 7 de julio) los detalles del régimen de prisión domiciliaria que Cristina Kirchner cumple en su departamento de Constitución. La audiencia evalúa tres ejes centrales: el uso de la tobillera electrónica, las restricciones en el régimen de visitas y la seguridad del domicilio.
Contexto judicial: Kirchner fue condenada a seis años de prisión por la causa Vialidad —confirmada por la Corte Suprema el 10 de junio— y, el 17 de junio, el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó prisión domiciliaria por motivos de edad (72 años) y seguridad tras el atentado sufrido en septiembre de 2022, además de imponerle tobillera electrónica y limitar las visitas a abogados, médicos, custodia y familia directa.
Apelaciones en marcha: La defensa, a cargo de Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, recurre limitaciones al derecho de visitas y pide la eliminación de la tobillera, argumentando que son restricciones excesivas al derecho a la vida familiar y social. La fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, cuestiona la domiciliaria por falta de justificación penal y solicita su cumplimiento en una cárcel. También interpela la seguridad del domicilio en Constitución, mencionando graves incidentes en los alrededores.
Entrevista interdisciplinaria: Hoy un equipo de psicólogos y asistentes sociales está evaluando en el domicilio —San José 1111, Constitución— tanto el estado emocional y físico de la expresidenta como el funcionamiento de la tobillera. Este informe será clave y se remitirá tanto a los jueces de Casación como al TOF2.
Plazos y resolución: Tras la audiencia, la Cámara de Casación tiene un plazo de cinco días hábiles para emitir su decisión. El tribunal puede confirmar el régimen, modificar alguno de sus aspectos o revocarlo por completo.
La audiencia de hoy es crucial y podría modificar sustancialmente las condiciones de detención de Cristina Kirchner. Más allá de la discusión jurídica, asoma un dilema político: mientras la defensa busca condiciones favorables para mantener viva su influencia, la fiscalía apunta a terminar con privilegios que, según afirma, quebrarían la igualdad ante la ley. Cualquiera sea el fallo, tendrá impacto inmediato sobre el estado institucional, la seguridad de la exmandataria y el rol que pueda jugar en el escenario electoral de octubre.
