El Gobierno presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para revertir un fallo que obliga al país a ceder la mayor parte de las acciones estatales en YPF a Burford Capital, tras considerar que su ejecución sería ilegal y violaría la soberanía.
Política10 de julio de 2025
Alejandra Larrea
La pelea legal entre Argentina y el fondo Burford Capital sufrió un nuevo capítulo tras un fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó al Estado transferir el 51 % de sus acciones en la petrolera YPF como parte de la indemnización por la expropiación en 2012. Ante esa decisión, que incluye una condena económica por más de 16.000 millones de dólares, el Gobierno de Javier Milei presentó una apelación urgente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, buscando suspender la ejecución mientras se revisa el fallo. La defensa sostiene que cumplirlo sería ilegal en Argentina, violaría normas de inmunidad soberana y pondría en riesgo contratos, provincias y bonistas vinculados a YPF.
El escrito presentado por la Procuración del Tesoro recalca que la orden judicial implicaría incumplir la legislación nacional, que impide la transferencia de acciones estatales sin aprobación del Congreso. Además, asegura que la ejecución inmediata generaría un "daño irreparable", ya que podría activar cláusulas de deuda, disparar pagos anticipados y comprometer la operativa financiera de la empresa y el país.
Por su parte, los fondos Burford Capital y Eton Park rechazaron el pedido de suspensión y manifestaron que no existen daños cognados al ejecutar la orden, acusando al Estado de dilatar el cumplimiento y aprovechando los tiempos procesales para evitar obligaciones reales. Señalaron también que el Congreso argentino remitió un proyecto de ley buscando impedir la transferencia, lo que interpretaron como parte de un plan estratégico para frustrar la sentencia.
La orden de Preska data del 30 de junio y otorga a Argentina solo 14 días para depositar las acciones en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon. En paralelo, ya avanza una causa separada para cubrir bonos en default con otras acciones o activos de YPF. El fallo reavivó críticas nacionales e internacionales y un clima de inestabilidad financiera: las acciones de YPF experimentaron una caída tras la noticia, mientras analistas estiman que el proceso de apelación podría llevar varios meses y no garantiza un resultado favorable.
Argentina apuesta todas sus cartas legales a revertir un fallo que califica de "sin precedentes" y perjudicial, tanto para la soberanía como para la estrategia energética y económica del país. La disputa se encamina hacia una Corte superior en Nueva York mientras se entrecruzan argumentos legales, económicos y políticos. El resultado de esta apelación definirá si se mantiene el control estatal sobre YPF y marcará un precedente para futuros embargos de activos soberanos.
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