El ex presidente fue imputado por “negociaciones incompatibles” y embargado por más de 14.600 millones de pesos en el marco de una causa que investiga pagos por servicios supuestamente falsos al broker Héctor Martínez Sosa.
Política10 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Alberto Fernández por delitos vinculados a negociaciones incompatibles durante su gestión, en el marco de la llamada “causa seguros”. Además, dictó un embargo sobre sus bienes por 14.634 millones de pesos. El procesamiento alcanza también al empresario Héctor Martínez Sosa y a María Cantero, secretaria del ex presidente, por su participación en la presunta maniobra irregular.
La pesquisa se centra en una serie de facturaciones entre 2010 y 2019 a la empresa de Martínez Sosa por servicios que Fernández habría prestado cuando no estaba ejerciendo ningún cargo público. En la causa se presentó un informe de PROCELAC, con documentación que describe trabajos cobrados por el ex mandatario por un total de 4,2 millones de pesos, que aumentaron significativamente en 2019, justo antes de su asunción.
El procesamiento se produjo luego de una revisión exhaustiva del expediente, una nueva etapa de indagatorias ampliadas y la incorporación de pruebas adicionales por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Casanello consideró que existían elementos suficientes para avanzar con la acusación formal y dictar medidas cautelares.
En respuesta, el entorno de Fernández sostuvo que nunca existió irregularidad ni perjuicio económico para el Estado, argumentando que se trataban de servicios personales prestados por el ex presidente, por los que habría presentado comprobantes y explicaciones técnicas. Además, enfatizaron que no había relación directa con decisiones oficiales ni contratos públicos vinculantes.
El embargo millonario busca asegurar una hipotética reparación patrimonial en caso de confirmarse su responsabilidad. La causa avanza a partir de ahora hacia una instancia de apelación, en la que la defensa deberá presentar argumentos frente a la Cámara Federal antes de que el fallo quede firme.
El procesamiento y embargo representan un nuevo capítulo judicial para Alberto Fernández, que enfrenta el riesgo de quitar de su patrimonio una suma millonaria si el fallo se mantiene. La polémica gira en torno a la línea que separa los servicios personales y las operaciones incompatibles con la función pública. Queda ahora abierta una instancia clave de apelación, que definirá el futuro legal del ex presidente.
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