Alejandra Larrea
La iniciativa busca trasladar la intermediación inmobiliaria de un entorno regulado a uno exclusivamente comercial, quitando barreras de ingreso y distancias jurisdiccionales. Su objetivo es generar mayor competencia en el sector y reducir costos, aunque despierta resistencias por los riesgos asociados a la falta de controles.
El proyecto elimina la necesidad de matrícula profesional y título universitario, permitiendo que cualquier persona mayor de edad ejerza sin restricciones territoriales ni inscripción obligatoria en registros . También deroga la capacidad sancionadora de los colegios profesionales, trasladando esa función al mercado y la justicia ordinaria.
Se eliminan los honorarios fijos o mínimos, abriendo vía libre para que agentes y clientes negocien arbitrariamente. Según sus defensores, esto dinamizaría el mercado y reducirá tarifas, mientras que los colegios consideraron que la medida fomenta fraudes e informalidad .
Se contrapone una propuesta alternativa de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que sugiere profesionalizar el sector mediante un Registro Nacional voluntario, agentes auxiliares bajo supervisión y un sistema MLS para asegurar transparencia, en lugar de una desregulación total .
La medida forma parte de una ola de reformas liberalizadoras del Gobierno. Experiencias de países como España, EE.UU. y Nueva Zelanda son citadas como referentes, argumentando que permiten mayor flexibilidad y eficiencia .
La “Ley de libertad inmobiliaria” plantea un cambio radical en el mercado: compartiría acceso a la actividad, eliminaría vetos profesionales y dejaría abiertas las tarifas. Sus defensores prometen dinamismo y menores costos, mientras sus críticos advierten sobre riesgos de fraude y pérdida de calidad. Si avanza, el Congreso será el escenario donde se dilucidará el modelo que regirá el sector en Argentina.
