Gobernadores como Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Sáenz (Salta) reclamaron que la Nación restituya fondos no transferidos y firmaron un acuerdo conjunto para dialogar con el Gobierno, sin afectar el equilibrio fiscal logrado recientemente.
Política14 de julio de 2025
Alejandra Larrea
La tensión entre el poder central y las provincias escaló esta semana cuando Ziliotto y Sáenz insistieron en que el Presidente entienda que “Argentina puede salir adelante con las provincias adentro”, destacando la necesidad de recuperar recursos ya comprometidos y alcanzar un acuerdo institucional.
Ambos mandatarios advierten que el no cumplimiento de transferencias genera una caída generalizada de ingresos provinciales. Sin dejar de lado su respaldo al Gobierno, afirmaron que buscan avanzar en negociaciones cordiales para evitar un conflicto institucional y asegurar estabilidad financiera.
Los gobernadores se basan en un análisis del Consejo Federal de Inversiones que muestra una fuerte merma de recursos provinciales vinculada a la falta de envíos desde la Nación y al estancamiento de la actividad económica. Pese a la reducción del gasto nacional, sostienen que falta coordinación real y redistribución equitativa.
El Senado respaldó casi unánimemente dos proyectos presentados por las provincias, que pedían la coparticipación automática de determinados fondos y el pago total de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esa media sanción impulsa hoy la negociación con el Gobierno central, a la espera de definición presidencial.
Ziliotto y Sáenz dejaron claro que no buscan perjudicar al Ejecutivo ni derribarlo: “Bajo ningún punto de vista queremos la caída del Gobierno”, aclararon, subrayando la necesidad de un acuerdo fiscal responsable que no comprometa el superávit ni la solvencia macroeconómica.
El debate por la coparticipación volvió a tomar fuerza tras declaraciones del ministro Sturzenegger, quien sugirió no vetar un proyecto provincial que podría habilitar una reforma estructural de la distribución de recursos desde el Congreso, sin el aval explícito de cada provincia.
La Casa Rosada, por su parte, postergó la decisión sobre el veto a las leyes aprobadas. Esto abre una ventana para sentarse en torno a la mesa y negociar. El jefe de Gabinete reconoció que “no todos los gobernadores son iguales” y manifestó disposición al diálogo.
La demanda de las provincias también se enmarca en la implementación del Pacto de Mayo firmado en julio, que incluyó transferencias comprometidas pero aún pendientes. Doce provincias ya ratificaron su asistencia a encuentros programados, y hay optimismo por avanzar hacia una solución técnica consensuada.
En un contexto de polarización política —con diferencias evidentes en el Senado y tensiones internas—, los mandatarios provinciales apelan al federalismo como eje estructural. Plantean que solo con financiamiento adecuado podrán sostener servicios básicos, obras públicas y desarrollo económico local.
El escenario también genera presión política sobre el Gobierno, ya que el rechazo reiterado o el veto frontal podría escalar el conflicto institucional y judicializar el reclamo, lo que afectaría la gobernabilidad. Por ello, sectores internos promueven una salida negociada.
En esta pulseada, subsiste la urgencia de concretar la restitución parcial de ATN y acordar una fórmula automática de asistencia estatal. Se trata de evitar que los desfasajes presupuestarios se profundicen y asegurar que cada provincia cuente con los recursos necesarios para financiar su gestión.
El reclamo de las provincias por más fondos abrió un escenario político delicado. Entre tensión y diálogo, la búsqueda de un acuerdo técnico y fiscal se impone como camino para evitar una grieta institucional. La clave estará en el tono y la disposición de ambas partes durante las próximas semanas.
El jefe del Comando Sur de EE.UU., almirante Alvin Holsey, llega esta semana a Buenos Aires. Su visita incluye reuniones clave con funcionarios de Defensa y su rol como coanfitrión de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC).
El Ejecutivo creó una estructura de coordinación entre Defensa y Seguridad para supervisar las zonas limítrofes. La medida busca enfrentar el narcotráfico y el contrabando con un esquema unificado de planificación y despliegue.
El Ejecutivo lanzó la licitación de cuatro hidroeléctricas clave en Neuquén y Río Negro. El plan prevé contratos por 30 años, un nuevo esquema de regalías y obras de seguridad hídrica. La medida divide opiniones por el impacto en soberanía y tarifas.
La definición de candidaturas dejó un oficialismo disciplinado bajo el mando de Karina Milei, un peronismo que logró recomponer fuerzas con un frente amplio y un PRO debilitado con Macri en retroceso. El tablero electoral quedó marcado por ganadores y perdedores claros.
El cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre ordenó el tablero político nacional. La Libertad Avanza consolidó sus figuras, el PRO mantuvo espacios limitados y Fuerza Patria presentó un armado unificado del peronismo.
El cierre de listas dejó a la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires en una situación inédita: por primera vez desde 1983, no participará con una boleta nacional. El rechazo al acuerdo con Provincias Unidas y la imposición de Florencio Randazzo como cabeza de lista detonaron la ruptura interna.
La postulación de Florencio Randazzo provoca una fuerte resistencia interna: intendentes radicales se niegan a militar la boleta dirigida por un peronista, lo que amenaza con dejar afuera el sello de la UCR del frente electoral. La tensión podría extenderse si el GEN decide esperar fuera.
Horacio Grasso, ex policía con antecedentes criminales, fue trasladado a prisión luego de que en su casa de Córdoba se encontrara el cadáver de una joven desaparecida. El hallazgo destapó un pasado oscuro y una trama que vuelve a interpelar al sistema judicial y penitenciario.
Una banda integrada por cuatro adolescentes y un adulto fue capturada luego de asaltar una vivienda. El operativo incluyó una persecución a toda velocidad, un choque y la intervención del sistema de cámaras de seguridad del distrito.
Un jefe policial de Taco Pozo, en evidente estado de ebriedad, golpeó a un voluntario, detuvo a una médica y amenazó a un equipo de profesionales que asistía a niños en comunidades rurales.
Un agente de la Policía de la Ciudad fue abordado por dos motochorros mientras circulaba por José C. Paz. Durante el forcejeo, se desató un tiroteo: un delincuente murió y otro resultó herido.