En menos de dos años, una familia tipo del AMBA pasó de destinar decenas de miles a casi 200.000 pesos mensuales en luz, gas, agua y transporte. El brutal aumento en tarifas transformó parte esencial del presupuesto doméstico en una carga insostenible para millones de hogares.
Economía18 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA‑CONICET) reveló que en julio el gasto total en servicios públicos alcanzó los 193.329 pesos, lo que implica un alza nominal de cerca de 600 % desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con subas del 40 % en el último año y un 5 % respecto al mes anterior. Estos incrementos colosales reflejan una transformación estructural que redefine el presupuesto de las familias urbanas.
El golpe más fuerte recayó sobre el gas, con un aumento acumulado del 1.545 %, seguido por el transporte (+770 %), la electricidad (+351 %) y el agua (+362 %). Pese a que aún existen subsidios para cubrir el 40 % del costo real, la remoción parcial de estas ayudas no evitó que los hogares afronten aumentos descomunales en servicios esenciales.
Desde el inicio de 2024, las tarifas se reacomodaron hacia el valor de mercado, provocando crecimientos mensuales que oscilan entre el 4 % y el 8 %. El gas subió 26 % en el último año, el transporte 71 %, la electricidad 26 % y el agua 33 %, lo que evidencia una presión sostenida sobre el costo de vida.
El transporte representa el mayor impacto familiar: una familia tipo del AMBA pasó de pagar 56.228 pesos a desembolsar hoy casi 200.000 en servicios, una cifra que casi no deja espacio para otros gastos. Ese 600 % acumulado en apenas un año explica por qué muchos hogares revelan dificultades para ahorrar y sienten que el ajuste se comió su poder adquisitivo.
El contexto inflacionario contribuye a intensificar el problema: aunque algunas familias vieron subir sus ingresos, estos no acompañaron la velocidad de los aumentos tarifarios. Según una encuesta reciente, un 50 % de los argentinos no pudo ahorrar en los últimos seis meses, y el 81 % redujo gastos contando servicios, alimentación y salud como prioridades.
El recorte de subsidios se inscribe en una política deliberada de contención fiscal, priorizando el equilibrio macroeconómico sobre la protección social. Sin embargo, la elección de excluir del régimen de zona fría a sectores carenciados y reforzar beneficios solo en períodos específicos (como invierno) mostró sus límites al no alcanzar a buena parte de la clase media.
Además, la eliminación del Fondo Compensador al Transporte obligó a provincias del interior y al AMBA a reajustar tarifas en colectivos y trenes, lo que empujó los costos un 251 % solo en febrero de 2024. En diciembre de ese año, el boleto mínimo pasó de 77 pesos a más de 370, sumando otra presión inmediata al bolsillo.
Expertos advierten que, si bien los subsidios eran insostenibles, su eliminación sin previas compensaciones genera un shock tarifario para los hogares. En paralelo, se abre un interrogante sobre cómo sostener la demanda interna sin cometer daños sobre la población de ingresos medios y bajos.
El aumento de los servicios públicos en el AMBA refleja una tensión profunda entre el objetivo fiscal del Gobierno y la capacidad de las familias para sostener su nivel de vida. Sin un equilibrio sostenible, el reajuste tarifario corre el riesgo de socavar el consumo, profundizar desigualdades y reducir calidad de vida. La pregunta que asoma hoy es si existen herramientas para aliviar este impacto sin desarmar las metas macroeconómicas.
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