El Gobierno pone en marcha la privatización de AySA

El Gobierno nacional inició el proceso para transferir al sector privado el control mayoritario de AySA, la empresa responsable del suministro de agua potable y servicios de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida se enmarca en la nueva estrategia de reestructuración de empresas estatales con el objetivo declarado de mejorar eficiencia, atraer inversiones y reducir el déficit fiscal.

El anuncio llega tras años de aportes millonarios del Tesoro a la compañía, y en medio de una agenda económica que busca liberar al Estado de responsabilidades operativas en sectores considerados no estratégicos. El nuevo modelo implicará una apertura accionaria en los mercados, la incorporación de un operador privado y un esquema de participación minoritaria para los trabajadores.

AySA fue estatizada en 2006 y desde entonces dependió de una fuerte asistencia del Estado para funcionar. Durante casi dos décadas, la empresa recibió más de 13.000 millones de dólares en transferencias públicas, con el fin de expandir su cobertura y sostener su infraestructura. Sin embargo, las autoridades consideran que los resultados no estuvieron a la altura de semejante inversión.

La compañía pasó de tener una dotación acotada a duplicar su planta de empleados. Paralelamente, el índice de morosidad se cuadruplicó y la eficiencia operativa mostró un estancamiento persistente. En ese contexto, el oficialismo considera que mantener el modelo estatal es inviable y poco sostenible.

El plan gubernamental propone una privatización en dos fases. En primer lugar, se abrirá una licitación para elegir un operador estratégico. En paralelo, se realizará una oferta pública inicial (IPO) para atraer a inversores nacionales e internacionales. El 90 % del capital quedará en manos privadas, mientras que el 10 % restante se reservará para los trabajadores mediante un programa de propiedad participada.

A diferencia de otras privatizaciones, el Gobierno busca blindar legalmente la operación para evitar que futuras gestiones reviertan la decisión. Esa cláusula de irreversibilidad apunta a brindar certezas a los actores financieros que evalúan invertir en un sector históricamente sensible.

Actualmente, AySA abastece de agua y servicios cloacales a la Ciudad de Buenos Aires y a más de dos docenas de partidos del conurbano bonaerense. Su infraestructura incluye plantas potabilizadoras, redes de distribución, estaciones elevadoras y plantas de tratamiento de efluentes. A pesar de esa red extensa, muchas zonas periféricas aún carecen de cobertura plena o enfrentan interrupciones periódicas.

El nuevo esquema promete mejoras técnicas, renovación de equipos y una actualización tarifaria que incentive la inversión. Según estimaciones internas, con participación privada la empresa podría alcanzar equilibrio financiero en menos de cinco años. No obstante, persisten dudas sobre el impacto de las nuevas tarifas en los hogares de bajos ingresos.

El Estado se reservará funciones regulatorias para asegurar estándares de calidad y acceso universal, aunque la gestión quedará en manos del nuevo consorcio privado. También se establecerán mecanismos de control cruzado y auditorías periódicas para evitar abusos o incumplimientos contractuales.

Uno de los principales desafíos será garantizar que el proceso de transición no afecte la prestación actual del servicio. El traspaso se realizará en etapas y con la supervisión directa de los organismos competentes. La prioridad, según el Ejecutivo, es evitar cortes, garantizar la potabilidad del agua y mantener el ritmo de expansión hacia zonas vulnerables.

El caso de AySA se suma a una lista de empresas públicas en revisión. La Ley de Bases habilitó al Poder Ejecutivo a promover la privatización o reestructuración de entidades como Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Enarsa. En todos los casos, la hoja de ruta es similar: recorte de gasto estatal, participación de capitales privados y descentralización operativa.

Aunque el proyecto genera expectativa en algunos sectores empresarios, también cosecha resistencias sindicales y sociales. Se teme que, con la privatización, el servicio deje de ser universal y que se priorice la rentabilidad sobre la equidad. Los próximos meses serán clave para medir el alcance real de la medida y su aceptación por parte de la ciudadanía.

La privatización de AySA marca un nuevo capítulo en la transformación del Estado impulsada por la actual administración. El Gobierno apuesta a que la participación privada pueda resolver décadas de ineficiencia, déficit y falta de cobertura. Pero el desafío será político y social: traducir la promesa de eficiencia en resultados tangibles sin dejar a nadie afuera. El agua, más que un recurso económico, es un derecho básico. Y esa tensión entre mercado y bienestar marcará el pulso de lo que viene.