En un nuevo episodio del juicio que enfrenta a Argentina con el fondo Burford Capital, la firma aclaró ante la Corte de Apelaciones de Nueva York que no pretende administrar YPF, pero sí exige el bloqueo de las acciones estatales como garantía de pago. La jugada refuerza la presión legal y complica la estrategia del Gobierno para frenar la entrega forzada del 51%.
Economía18 de julio de 2025
Alejandra Larrea
Mientras la Corte de Apelaciones evalúa el reclamo argentino por la suspensión de la transferencia de YPF, Burford Capital presentó un documento clave en el que asegura que su interés es mantener las acciones como respaldo financiero, no tomar control operativo de la petrolera. Sin embargo, insiste en que ese bloqueo accionarial podría concretarse de forma inmediata, convirtiendo los títulos estatales en un aval judicial que limita su uso durante el juicio.
Burford explicó que no desea asumir gestión ni influir en las decisiones de YPF, pero sí demanda un “gravamen real” sobre las acciones que respalde la indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses, resultante del fallo de la jueza Preska. La intención del fondo es reforzar su posición legal, asegurando que el activo quede bajo custodia hasta una resolución definitiva.
La petición implica un desafío para el Gobierno: si el fondo logra el embargo preventivo, Argentina quedaría imposibilitada de usar esas acciones como garantía de deuda o reorganización financiera. Además, la decisión complicaría un eventual acuerdo de pago, ya que Burford podría controlar no su gestión, pero sí su disponibilidad.
Este movimiento se da en paralelo al apoyo diplomático estadounidense, que presentó un escrito ante la Corte reclasificando a las acciones como activos soberanos protegidos. La Cámara de Apelaciones extendió la suspensión de la orden de entrega hasta el 22 de julio, permitiendo que Argentina prepare su defensa y se eviten consecuencias inmediatas.
La postura de Burford muestra precisión jurídica. Al no buscar control directo, evita generar alarma pública o política, pero exige resguardo legal suficiente para garantizar el cobro, en caso de que las apelaciones fracasen. El fondo considera que la mera posibilidad de intervenir la estructura accionaria es un incentivo para un acuerdo.
Argentina argumenta que la transferencia es imposible sin aprobación del Congreso y que su impacto sobre la soberanía energética y los mercados financieros sería devastador. También señala que la ley de inmunidad soberana y el riesgo económico justifican medidas cautelares como las que busca Burford, pero con consenso político e institucional.
Mientras tanto, Burford sigue luciendo confiado: analistas internacionales advierten que el fondo está “ganando 6‑0” en materia procesal, acumulando fallos favorables y construyendo presencia jurídica decisiva. Su estrategia también incluye ofrecer alternativas de garantía distintas, como dinero o activos financieros, siempre que se excluya el control operativo.
El escenario está en tiempo de descuento. Si Burford logra su reclamo, Argentina podría verse obligada a recortar maniobras legales y priorizar un acuerdo económico. Mientras tanto, la apelación nacional sigue su curso, respaldada por envíos diplomáticos y medidas legales que incluyen argumentos bajo el Foreign Sovereign Immunities Act.
El nuevo reclamo de Burford marca una escalada táctil en el juicio por YPF: sin aspirar a administrar la empresa, el fondo plantea un mecanismo de presión efectiva sobre el Estado argentino. La ofensiva legal complica la estrategia oficial, incrementa la necesidad de acuerdos o garantías alternativas, y deja en evidencia que el fallo enfrenta hoy una encrucijada entre soberanía, derecho internacional y viabilidad económica.
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