Alejandra Larrea
El edil, que ocupaba una banca en un municipio del interior salteño, se vio obligado a dejar su cargo luego de que la afectada hiciera pública la denuncia, exponiendo el presunto ofrecimiento ante autoridades judiciales. El caso trascendió rápidamente y provocó una reacción inmediata de la sociedad, que calificó el hecho como inaceptable y exigió medidas preventivas en otros ámbitos institucionales.
Según el relato de la denunciante, el concejal le planteó una oferta en la que se comprometía a entregar dinero a cambio de sexo oral en una reunión privada. Cuando la mujer rechazó la propuesta, decidió acercarse a la comisaría local y radicar la denuncia por presunta extorsión con fines sexuales. El caso fue remitido al Juzgado de Género de turno, que investigará las circunstancias del ofrecimiento y la actitud del funcionario.
La Municipalidad de Salta, tras enterarse de la denuncia, solicitó al concejal que presentara su renuncia de forma inmediata. En una carta pública dirigida al intendente y al Concejo Deliberante, el edil expresó que su conducta “no representa los valores ni la confianza que debo honrar” y pidió disculpas a la comunidad. Sin embargo, subrayó que cualquier tipo de hostigamiento “no fue intencional”.
El episodio provocó la intervención de organizaciones de mujeres y activistas de género, que convocaron a una marcha simbólica frente al Concejo para expresar repudio al episodio y reclamar formación obligatoria sobre abuso de poder en los candidatos y funcionarios. Hablaron de la necesidad de protocolos claros y sanciones ejemplares en casos de violencia sexual encubierta.
Este escándalo sacó a la luz la fragilidad de los mecanismos de control interno en algunos municipios y puso en debate los filtros éticos que se aplican en listas de concejales y cargos menores. Aunque el edil ya no formará parte del Concejo, persisten dudas sobre cómo se articulará la justicia con medidas de prevención futuras y qué responsabilidad tendrán los partidos políticos que lo respaldaron.
Voceros del Ejecutivo local indicaron que se está revisando y reforzando el reglamento interno del Concejo, para exigir capacitación en género y establecer cláusulas de conducta profesional para aspirantes a cargos públicos. Se anticipa un proceso de evaluación que podría incluir protocolos de exclusión para quienes enfrenten denuncias similares.
Aunque ya renunció, el escándalo en Salta dejó expuesto un problema recurrente: la necesidad de robustecer los códigos de ética y lineamientos preventivos en la vida pública, incluso en niveles municipales. La comunidad reclama que este episodio sea una oportunidad para generar un cambio profundo en la forma de concebir el poder y su uso frente a la ciudadanía.
