Sindicatura General: Milei desvinculó al titular y sacudió los controles internos del Estado

En un giro inesperado en la administración de Javier Milei, se dispuso la salida de Miguel Blanco como Síndico General de la Nación, cargo que desempeñaba desde diciembre de 2023. Con ello, SIGEN —órgano clave del sistema de control interno estatal— entra en un período de transición sensible, mientras crecen las sospechas sobre la intromisión política en los mecanismos de auditoría institucional.

La remoción se anunció en los pasillos oficiales y fue confirmada por medios vinculados a la gestión que calificaron la salida como parte de un “proceso de ajuste y profesionalización”, aunque no se difundieron motivos específicos ni antecedentes. Blanco llegó al cargo por decreto, luego del despido de Nicolás Posse, y su corrida abre interrogantes sobre quién asumirá las funciones de supervisión financiera y administrativa del Estado.

SIGEN supervisa fondos públicos, licitaciones estatales, compras gubernamentales y auditorías cruzadas con organismos como ANMAT, AGN y universidades nacionales. Con Blanco al frente se habían registrado varios informes relevantes, y su baja interrumpe el ritmo institucional de auditorías semanales planteadas en reuniones de control interno.

La oposición y expertos en transparencia alertaron: “Este tipo de nombramientos debe obedecer criterios técnicos, no políticos”. En el Congreso ya se proyectan pedidos de informes y citaciones para evaluar el impacto sobre la independencia del organismo. Los antecedentes recientes muestran tensiones similares, como con la Auditoría General de la Nación, cuyo representante senatorial fue cuestionado por el Ejecutivo hace semanas.

Mientras tanto, el Ejecutivo no confirmó si designará un reemplazante interino o temporal. Los equipos técnicos de SIGEN, que venían colaborando con otros organismos para fortalecer controles, quedaron en estado de alerta. Algunos funcionarios plantean incluso la posibilidad de presentar iniciativas legislativas que blinden al organismo de eventuales remociones directas por decreto presidencial.

El entorno de Milei, en tanto, asegura que la medida busca eliminar “ñoquis y militantes” y apunta a una “refundación meritocrática”, aunque hasta ahora no se han presentado profesionales con trayectoria auditora reputada para encabezar el reemplazo. La incertidumbre y el vacío en la jefatura reflejan la tensión entre objetivos de austeridad y la garantía institucional de una fiscalización efectiva.

La partida de Miguel Blanco abre una grieta en la estructura de contralor estatal: Milei reorganiza equipos, pero deja un hueco en el control interno. La incógnita central es si vendrá un recambio técnico o un giro funcional. Mientras tanto, crece la tensión entre la necesidad de eficiencia y la defensa de la independencia institucional.