En el marco del aniversario del atentado a la AMIA, el Ministerio israelí de la Diáspora presentó un informe que vincula al imán de la mezquita At-Tauhid de Flores con una célula iraní destinada a incitar al antisemitismo y proteger las operaciones del régimen de Teherán en territorio argentino.
Política18 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El documento del Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo describe actividades directas del jeque Abdul Karim Paz, su esposa Roxana Assad y otros vinculados, operando bajo el manto de la mezquita At-Tauhid en Buenos Aires. Según el informe, el grupo busca reclutar activistas, difundir la ideología iraní y defender la narrativa de Irán en América Latina, conectando con Hezbollah, autor del ataque de 1994 contra la mutual judía.
El dossier, de 13 páginas, revela que Paz mantiene estrechos vínculos operativos con Irán y habría sido financiado para promover propaganda antisemitismo dentro de comunidad musulmana local. Además, se le atribuye haber sido parte significativa en el reclutamiento de activistas y en la coordinación de viajes a Irán, para luego involucrarlos en redes de influencia regional.
La publicación se produce en un momento sensible: Argentina se encuentra próxima a conmemorar el 18 de julio, cuando se recuerda el atentado que mató a 85 personas e hirió a más de 300. No es casual que Israel haya elegido esta fecha para alertar sobre la presencia de “células dormidas” que podrían reactivarse bajo órdenes del liderazgo iraní, incluidos posibles operativos en la Triple Frontera.
Hace más de una década, la justicia argentina ya vinculó a Irán y Hezbollah con el ataque, y en los últimos años hubo avances judiciales clave, como la autorización para juzgar a los acusados en ausencia. El nuevo informe refuerza la hipótesis de agencia estatal detrás del atentado y sugiere que el plan de Teherán sigue vigente en su intención de extender influencia en la región.
El impacto diplomático es inmediato. Israel exige que Argentina actúe con firmeza para desmontar estas redes y se alinee con los hallazgos judiciales y la presión que también proviene de países aliados, como EE. UU. En contrapunto, la Casa Rosada reitera su compromiso con la memoria de las víctimas y analiza medidas diplomáticas y legales que permitan avanzar sobre los responsables, aun a nivel internacional.
Este dossier podría impulsar nuevos pasos judiciales internos: desde redoblar la vigilancia en lugares sensibles, hasta solicitar colaboración internacional para ampliar la investigación y potenciar acciones contra presuntos intelectuales y financistas del atentado. La movilización por la memoria y justicia acompaña este nuevo embate israelí.
La denuncia de Israel vuelve a poner sobre la mesa los resabios del atentado a la AMIA y su vínculo con Irán. En un día de memoria y reflexión, el país enfrenta un dilema: profundizar la investigación e impulsar respuestas diplomáticas, o enfrentar el riesgo de que esas redes sigan operando en la clandestinidad, desafiando la justicia y la memoria colectiva.
La vicepresidenta fue recibida en una planta de neumáticos por sindicalistas que criticaron al Gobierno por su política de erosión de empleos.
El expresidente Mauricio Macri permanece ausente de la campaña local justo cuando escalan los escándalos de corrupción y la violencia contra la comitiva presidencial.
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Gabriel Katopodis, candidato y ministro bonaerense, recibió el pedido de retirarse mientras distribuía folletos en la estación de tren Caseros. El hecho generó repudio en redes y sospechas sobre injerencia política.
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El cuerpo de la niña de 10 años con síndrome de Down apareció en el río Frío, a pocos metros de su colegio. La zona había sido rastrillada varias veces, lo que abre sospechas sobre la forma en que terminó allí.
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Los remanentes del tifón Kajiki desataron lluvias intensas que provocaron inundaciones relámpago en varias provincias del norte de Tailandia, dejando al menos una víctima fatal y más de medio millar de personas afectadas por deslizamientos, viviendas anegadas y daños agrícolas.
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La cartera de Seguridad presentó una denuncia penal contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por su rol en la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. Ambos salieron a responder con indignación: calificaron la medida de amenaza y atentado a la libertad de prensa.