El Parlamento griego aprobó una nueva legislación migratoria que impone penas de cárcel para quienes crucen sus fronteras de manera ilegal. Además, se suspende el trámite de asilo para migrantes provenientes de ciertos países, lo que desató una ola de críticas sobre derechos humanos.
Mundo22 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El gobierno de Grecia avanzó con una de las leyes migratorias más restrictivas de los últimos años. La normativa impone penas de hasta cinco años de prisión para personas que ingresen ilegalmente al país, y limita el acceso al procedimiento de asilo para quienes provengan de países considerados “seguros”, principalmente del norte de África.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia que busca “proteger las fronteras” ante el creciente flujo de personas que intentan llegar a Europa desde regiones en conflicto. Sin embargo, la nueva ley ha provocado un intenso debate político y social dentro y fuera del país, por su impacto humanitario y su posible contradicción con convenios internacionales.
Desde 2015, Grecia ha sido una de las principales puertas de entrada para migrantes y refugiados que huyen de guerras, persecuciones y pobreza extrema. La mayoría de ellos llega por mar desde Turquía o desde las costas del norte de África, muchas veces a bordo de embarcaciones precarias o guiados por redes de trata.
Con esta nueva legislación, el gobierno griego apunta a disuadir la migración irregular imponiendo consecuencias penales directas. Ya no se tratará simplemente de una infracción administrativa, sino de un delito que podría implicar reclusión efectiva. Además, se establece que aquellos que lleguen desde países como Argelia, Marruecos, Túnez, Libia o Egipto no podrán iniciar procedimientos de asilo, bajo el argumento de que provienen de zonas donde no hay persecuciones sistemáticas ni conflictos armados reconocidos.
La normativa también endurece los requisitos para que una persona sea considerada “refugiada”. A partir de ahora, quienes ya hayan pasado por un “tercer país seguro” no podrán pedir protección en Grecia. Este punto es clave porque excluye a miles de migrantes que transitan por Turquía u otros países balcánicos antes de llegar al territorio griego.
El gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis sostiene que estas medidas son necesarias para frenar el colapso del sistema de acogida y proteger a los ciudadanos griegos. Según argumentan, las islas del Egeo y la región de Evros están desbordadas, y las mafias migratorias utilizan cada vacío legal para lucrar con vidas humanas.
Las críticas, sin embargo, no se hicieron esperar. Diversas organizaciones humanitarias advierten que la ley criminaliza a personas que huyen de situaciones desesperadas. Advierten que podría haber miles de detenciones de mujeres y niños que no lograron regularizar su estatus a tiempo, y denuncian que se ignoran situaciones de persecución individual no contempladas en los listados oficiales.
En paralelo, el gobierno griego está reforzando el muro fronterizo con Turquía en la región de Evros. El muro, que ya se extendió más de 38 kilómetros, será duplicado en extensión y complementado con vigilancia electrónica y mayor presencia militar.
El endurecimiento griego también es interpretado como una señal política al resto de la Unión Europea. Grecia pide que haya un mecanismo común para redistribuir migrantes y financiar los gastos de control fronterizo. En otras palabras, pretende demostrar que hace el “trabajo sucio” de contener el flujo y exige a cambio más cooperación.
No obstante, otros países miran con cautela. Si esta tendencia se replica, podría instalarse una política continental donde el asilo sea, de hecho, inalcanzable para miles de personas. Las consecuencias humanitarias de esa decisión son aún impredecibles.
Con esta ley, Grecia da un giro drástico en su política migratoria. Las penas de prisión para quienes crucen sin documentos y la suspensión del derecho de asilo para ciertos orígenes marcan una etapa de “mano dura” que prioriza el control sobre la acogida. Mientras tanto, miles de personas siguen llegando a sus costas, empujadas por la guerra, la pobreza y el miedo. El nuevo marco legal los espera con barrotes.
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