La Superintendencia de Seguros suspendió de forma preventiva la posibilidad de que El Norte S.A. firme nuevas pólizas. La decisión sacude al sector, involucra organismos públicos y plantea interrogantes sobre la solvencia de la empresa.
Economía25 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El mercado asegurador argentino recibió un golpe sorpresivo: el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), resolvió prohibir de manera inmediata la celebración de nuevos contratos a El Norte, una de las compañías con más trayectoria en el rubro. La medida impacta especialmente en el vínculo de la firma con organismos del Estado.
El argumento oficial apunta a la falta de cumplimiento de requisitos técnicos y financieros. Sin embargo, el caso abre una nueva caja de Pandora sobre el estado real de las aseguradoras y sus relaciones con dependencias estatales.
La resolución, firmada por la SSN, impide a El Norte Seguros ofrecer nuevas coberturas, firmar contratos adicionales o renovar servicios en curso con dependencias públicas y privadas. Aunque la empresa no fue intervenida, la medida la deja al borde del aislamiento comercial.
El Norte venía operando activamente con distintas áreas del Estado, incluyendo organismos descentralizados, municipios y empresas públicas. Ahora, cualquier nuevo acuerdo queda suspendido hasta que la compañía logre regularizar su situación ante el organismo de control.
El comunicado oficial aduce "incumplimiento reiterado de condiciones técnico-financieras y de solvencia", una expresión que en el sector suele anticipar problemas más profundos: desde capitales insuficientes hasta falta de respaldo para responder ante siniestros. A esto se suma la reciente exigencia del Gobierno de revisar todos los contratos en curso firmados con la compañía.
Desde la empresa todavía no hubo una respuesta formal, pero en despachos oficiales se asegura que el monitoreo sobre El Norte venía desde hace meses. Incluso trascendió que otras aseguradoras podrían estar en la mira si no adecuan su funcionamiento a los nuevos estándares de control.
La medida coincide con el endurecimiento de la política fiscal, los recortes a las transferencias y el ajuste en la contratación estatal de servicios. En ese marco, las aseguradoras, que durante años encontraron un negocio seguro en el Estado, están comenzando a ver interrumpida esa comodidad histórica.
El Norte S.A. supo ser sinónimo de cobertura estatal. Sus vínculos con distintas gestiones le permitieron expandirse durante más de dos décadas. Pero los nuevos parámetros fiscales y la presión sobre la transparencia administrativa vuelven a poner foco sobre este tipo de firmas.
En algunos sectores del oficialismo, la decisión es leída como parte del "sinceramiento contractual": revisar cada convenio heredado y frenar cualquier tipo de favoritismo corporativo. En la oposición, sin embargo, advierten que podría tratarse de una purga selectiva con sesgo ideológico o comercial.
El caso se encuentra en observación y, de no haber regularización en el corto plazo, podrían aplicarse sanciones mayores, incluida la suspensión definitiva de su matrícula.
En los próximos días se esperan definiciones de El Norte, mientras empresas, asegurados e instituciones públicas analizan alternativas. La sacudida no es menor: se trata de una firma con contratos en múltiples niveles de la administración pública.
Una cosa queda clara: en el nuevo mapa de austeridad estatal, ni siquiera las históricas aseguradoras están a salvo.
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