La administración nacional fijó un plazo de ocho meses para avanzar con la privatización de Transener, la empresa que opera más del 85% del sistema de transmisión eléctrica de alta tensión en Argentina. Se trata de una de las desinversiones más significativas del plan oficial.
Economía25 de julio de 2025
Alejandra Larrea
La política de ajuste fiscal y desregulación económica del gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso: el Estado argentino puso en marcha el proceso para privatizar Transener, la principal transportista de energía eléctrica del país. El anuncio incluye un cronograma estricto: en un plazo de ocho meses deberá estar en manos privadas.
La decisión se oficializó como parte del nuevo esquema de desinversión en empresas públicas. El impacto es clave: Transener opera más de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión que conectan el sistema eléctrico nacional, y su traspaso al sector privado representa una transformación estructural del modelo energético argentino.
Transener es considerada una empresa estratégica. No genera energía, pero la transporta. Sus líneas de 500 kilovoltios constituyen el esqueleto por el que circula la electricidad desde las usinas a los centros urbanos. A través de su participación en el sistema de interconexión, define las condiciones de estabilidad, seguridad y distribución del suministro eléctrico en todo el territorio nacional.
La compañía está actualmente bajo control mayoritario del Estado a través de ENARSA y CITELEC. El nuevo plan del Ejecutivo es vender su participación en forma directa o mediante licitación internacional, con el objetivo de recaudar fondos, reducir el déficit fiscal y profundizar la salida del Estado de sectores considerados “no esenciales”.
El Gobierno fijó un plazo de ocho meses para concretar la operación. En ese período, se espera definir el modelo de privatización, el tipo de licitación, el valor base, los requisitos técnicos de los oferentes y las condiciones regulatorias que quedarán vigentes para el nuevo operador.
Según funcionarios del área de Energía, la operación incluiría cláusulas de protección del servicio y supervisión por parte del ENRE para evitar abusos de posición dominante o deterioro de la calidad. Sin embargo, especialistas advierten que no es lo mismo privatizar una distribuidora que una transportista estratégica en un sistema interconectado como el argentino.
La medida se enmarca en una lógica de “racionalización del Estado”, que ya incluyó el cierre de dependencias, la eliminación de subsidios, la revisión de contratos con CAMMESA y la reducción del gasto público en áreas clave. Pero Transener es otra cosa: se trata de una empresa que garantiza la estabilidad eléctrica del país.
Organizaciones gremiales ya salieron a criticar la decisión. Desde el sector energético denuncian que se pone en riesgo la soberanía operativa sobre una infraestructura crítica y se abre la puerta a un control extranjero sobre los nodos de transmisión más importantes del país. También se cuestiona que no haya sido debatido en el Congreso.
Por otro lado, desde el Ejecutivo remarcan que la privatización buscará atraer inversiones en infraestructura y modernización, algo que —según sostienen— el Estado no puede garantizar bajo las actuales restricciones fiscales. Se habla de “eficiencia operativa”, “transparencia” y “desmonopolización”, aunque el esquema final aún no fue revelado.
En paralelo, la medida podría generar impacto en el mercado energético. Los contratos con distribuidoras como Edenor y Edesur, las tarifas mayoristas y las inversiones en nodos regionales podrían verse alteradas si el nuevo operador redefine las prioridades de mantenimiento o inversión.
También se especula con el interés de grandes grupos energéticos y fondos extranjeros. Algunos operadores ya estarían evaluando los pliegos preliminares. La magnitud de la operación la convierte en la privatización más importante desde los años '90.
El Gobierno juega fuerte. Busca mostrar decisión, avanzar con su programa de ajuste y marcar una señal al mercado. Pero se enfrenta a un desafío técnico, político y legal. Privatizar la columna vertebral del sistema eléctrico no es una medida menor.
En las próximas semanas se esperan definiciones clave. La cuenta regresiva está en marcha. Y con ella, el futuro del sistema de transporte eléctrico argentino entra en zona de turbulencia.
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