La Justicia federal ordenó el procesamiento de los hermanos Cositorto y decretó la quiebra de una firma vinculada a un millonario proyecto de departamentos. Se investigan maniobras de estafa y vaciamiento patrimonial.
Política29 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El entramado de causas judiciales que rodea a la familia Cositorto sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la Justicia federal dispuso el procesamiento de varios de sus miembros en una causa por estafa relacionada con un emprendimiento inmobiliario. En paralelo, se decretó la quiebra de la sociedad anónima implicada en la operación.
El caso involucra a compradores que denunciaron haber invertido en departamentos que nunca fueron entregados, en un esquema que replica patrones del escándalo de Generación Zoe. La investigación apunta a un circuito de vaciamiento de activos, desvío de fondos y administración fraudulenta.
La medida fue tomada por un juez federal que lleva adelante la causa por el desarrollo de un emprendimiento de viviendas que había sido promocionado como parte del “crecimiento sostenible” impulsado por el entorno Cositorto. Sin embargo, decenas de inversores declararon que jamás recibieron las unidades prometidas ni recuperaron su dinero.
El fallo judicial establece que existieron maniobras deliberadas para defraudar a los adquirentes. Según la resolución, la firma constructora fue utilizada como pantalla para captar fondos, pero nunca se avanzó en la construcción de los inmuebles comprometidos. Además, se detectaron transferencias de dinero a cuentas personales sin justificación contractual.
Entre los procesados se encuentran familiares directos de Leonardo Cositorto, el rostro más conocido de la trama, quien ya enfrenta múltiples causas por estafa y asociación ilícita vinculadas al universo Zoe. En este caso, el juez consideró que hay elementos suficientes para sostener que existió un plan premeditado con fines defraudatorios.
La quiebra decretada alcanza a la sociedad administradora del emprendimiento, lo que abre un nuevo frente en la liquidación patrimonial del grupo. El síndico designado deberá investigar la existencia de bienes registrables, movimientos financieros y posibles responsables solidarios que puedan responder por las deudas con los damnificados.
Muchos de los inversores habían firmado boletos de compraventa, entregado adelantos o tomado créditos para financiar la adquisición. En algunos casos, los departamentos fueron ofrecidos como parte de paquetes promocionales en redes sociales, con promesas de rentabilidad rápida y sin riesgo.
La defensa de los Cositorto sostiene que la empresa fue víctima de la crisis económica y que la quiebra responde a “condiciones externas imprevistas”. Sin embargo, para la Justicia el patrón de conducta se repite: captación masiva de dinero, falta de respaldo en obras concretas y fuga de capitales.
Este nuevo caso se suma al expediente madre por estafas piramidales que ya involucra a más de 10.000 damnificados. La Justicia trabaja en cruzar datos entre causas paralelas, ya que varias de las sociedades utilizadas tienen vínculos comunes y repiten a los mismos operadores legales y contables.
En el expediente también se investiga si hubo complicidad de escribanos, gestores y otros intermediarios que habrían avalado la operatoria sin controlar su legalidad. La AFIP y la Unidad de Información Financiera ya fueron notificadas para ampliar la trazabilidad del dinero involucrado.
Los denunciantes, en tanto, reclaman medidas urgentes para evitar la insolvencia total del grupo. Advierten que si no se congelan bienes y cuentas, será imposible recuperar lo invertido. También piden acelerar los juicios penales para llegar a condenas ejemplares.
Por ahora, la causa avanza con el foco puesto en las responsabilidades personales de los Cositorto y la reconstrucción del circuito del dinero. La quiebra es apenas una parte visible de un iceberg más profundo que sigue arrastrando víctimas.
El jefe del Comando Sur de EE.UU., almirante Alvin Holsey, llega esta semana a Buenos Aires. Su visita incluye reuniones clave con funcionarios de Defensa y su rol como coanfitrión de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC).
El Ejecutivo creó una estructura de coordinación entre Defensa y Seguridad para supervisar las zonas limítrofes. La medida busca enfrentar el narcotráfico y el contrabando con un esquema unificado de planificación y despliegue.
El Ejecutivo lanzó la licitación de cuatro hidroeléctricas clave en Neuquén y Río Negro. El plan prevé contratos por 30 años, un nuevo esquema de regalías y obras de seguridad hídrica. La medida divide opiniones por el impacto en soberanía y tarifas.
La definición de candidaturas dejó un oficialismo disciplinado bajo el mando de Karina Milei, un peronismo que logró recomponer fuerzas con un frente amplio y un PRO debilitado con Macri en retroceso. El tablero electoral quedó marcado por ganadores y perdedores claros.
El cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre ordenó el tablero político nacional. La Libertad Avanza consolidó sus figuras, el PRO mantuvo espacios limitados y Fuerza Patria presentó un armado unificado del peronismo.
El cierre de listas dejó a la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires en una situación inédita: por primera vez desde 1983, no participará con una boleta nacional. El rechazo al acuerdo con Provincias Unidas y la imposición de Florencio Randazzo como cabeza de lista detonaron la ruptura interna.
La postulación de Florencio Randazzo provoca una fuerte resistencia interna: intendentes radicales se niegan a militar la boleta dirigida por un peronista, lo que amenaza con dejar afuera el sello de la UCR del frente electoral. La tensión podría extenderse si el GEN decide esperar fuera.
Una banda integrada por cuatro adolescentes y un adulto fue capturada luego de asaltar una vivienda. El operativo incluyó una persecución a toda velocidad, un choque y la intervención del sistema de cámaras de seguridad del distrito.
Un jefe policial de Taco Pozo, en evidente estado de ebriedad, golpeó a un voluntario, detuvo a una médica y amenazó a un equipo de profesionales que asistía a niños en comunidades rurales.
Un agente de la Policía de la Ciudad fue abordado por dos motochorros mientras circulaba por José C. Paz. Durante el forcejeo, se desató un tiroteo: un delincuente murió y otro resultó herido.
Bajo la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, Hamas aceptó una propuesta de tregua que incluye la liberación parcial de rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Israel aún mantiene reservas sobre el acuerdo.