La jueza Loretta Preska ordenó que la Argentina entregue mensajes y correos de los exministros. La decisión reaviva un frente sensible para el Gobierno.
Política30 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El juicio por la nacionalización de YPF sumó un nuevo capítulo que pone en jaque a figuras clave de la política económica argentina. La jueza neoyorquina Loretta Preska dispuso que el Estado argentino debe entregar conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y documentos de Luis Caputo y Sergio Massa relacionados con el proceso de estatización de la petrolera. La medida apunta a determinar responsabilidades específicas en la toma de decisiones que derivaron en el litigio internacional.
La orden se enmarca en la etapa de ejecución de la sentencia, donde la jueza busca precisar los detalles de participación de los funcionarios de alto rango en la maniobra que derivó en el millonario reclamo de Burford Capital. Con esta resolución, el tribunal estadounidense intenta reconstruir el entramado político y administrativo que sustentó la recompra de acciones de Repsol en 2012 y la presunta omisión de reglas de transparencia bursátil.
Preska ya había emitido un fallo desfavorable contra la Argentina, que determinó una condena por más de USD 16.000 millones. La nueva resolución incrementa la presión sobre la Casa Rosada, en un momento donde el oficialismo intenta reordenar su frente interno, controlar el frente externo y mejorar la relación con el sistema financiero global.
La información requerida no solo abarca mensajes y mails privados, sino también cualquier tipo de registro que vincule a Caputo y Massa con funcionarios de YPF, del Ministerio de Economía o de organismos de control financiero. El gobierno de Javier Milei, que se mantiene en tensión permanente con el Poder Judicial estadounidense, deberá definir si cumple con la entrega voluntaria de la documentación o si sostiene una línea más confrontativa.
Los tiempos judiciales corren: se espera que en las próximas semanas se oficialicen las fechas para presentar la documentación. En paralelo, los abogados que representan a la Argentina analizan estrategias para atenuar el impacto financiero de la condena y evitar embargos sobre activos del Estado.
El episodio revive viejas internas entre los distintos sectores del peronismo y genera ruido en la estrategia opositora. Massa, aún sin un rol político definido tras su derrota electoral, se mantiene en silencio, mientras Caputo —hoy ministro de Economía— enfrenta un delicado escenario, con repercusiones que podrían escalar a nivel internacional.
Mientras el gobierno intenta estabilizar la macroeconomía, el frente judicial internacional aparece como un factor de desestabilización no menor. Las implicancias del caso YPF trascienden lo económico y tocan directamente el corazón político del país.
El jefe del Comando Sur de EE.UU., almirante Alvin Holsey, llega esta semana a Buenos Aires. Su visita incluye reuniones clave con funcionarios de Defensa y su rol como coanfitrión de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC).
El Ejecutivo creó una estructura de coordinación entre Defensa y Seguridad para supervisar las zonas limítrofes. La medida busca enfrentar el narcotráfico y el contrabando con un esquema unificado de planificación y despliegue.
El Ejecutivo lanzó la licitación de cuatro hidroeléctricas clave en Neuquén y Río Negro. El plan prevé contratos por 30 años, un nuevo esquema de regalías y obras de seguridad hídrica. La medida divide opiniones por el impacto en soberanía y tarifas.
La definición de candidaturas dejó un oficialismo disciplinado bajo el mando de Karina Milei, un peronismo que logró recomponer fuerzas con un frente amplio y un PRO debilitado con Macri en retroceso. El tablero electoral quedó marcado por ganadores y perdedores claros.
El cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre ordenó el tablero político nacional. La Libertad Avanza consolidó sus figuras, el PRO mantuvo espacios limitados y Fuerza Patria presentó un armado unificado del peronismo.
El cierre de listas dejó a la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires en una situación inédita: por primera vez desde 1983, no participará con una boleta nacional. El rechazo al acuerdo con Provincias Unidas y la imposición de Florencio Randazzo como cabeza de lista detonaron la ruptura interna.
La postulación de Florencio Randazzo provoca una fuerte resistencia interna: intendentes radicales se niegan a militar la boleta dirigida por un peronista, lo que amenaza con dejar afuera el sello de la UCR del frente electoral. La tensión podría extenderse si el GEN decide esperar fuera.
Horacio Grasso, ex policía con antecedentes criminales, fue trasladado a prisión luego de que en su casa de Córdoba se encontrara el cadáver de una joven desaparecida. El hallazgo destapó un pasado oscuro y una trama que vuelve a interpelar al sistema judicial y penitenciario.
Una banda integrada por cuatro adolescentes y un adulto fue capturada luego de asaltar una vivienda. El operativo incluyó una persecución a toda velocidad, un choque y la intervención del sistema de cámaras de seguridad del distrito.
Un jefe policial de Taco Pozo, en evidente estado de ebriedad, golpeó a un voluntario, detuvo a una médica y amenazó a un equipo de profesionales que asistía a niños en comunidades rurales.
Un agente de la Policía de la Ciudad fue abordado por dos motochorros mientras circulaba por José C. Paz. Durante el forcejeo, se desató un tiroteo: un delincuente murió y otro resultó herido.