Una demanda colectiva en Nueva York amplió acusaciones contra Javier y Karina Milei por promover la criptomoneda $LIBRA. Mientras, la Justicia argentina avanzó en medidas de prueba y la pesquisa internacional continúa.
Política30 de julio de 2025
Alejandra Larrea
Un mensaje en redes del presidente argentino el 14 de febrero respaldando el token $LIBRA detonó una tormenta: la moneda se disparó desde virtual cero hasta US$ 5 por unidad, generó miles de compradores y luego se desplomó, dejando pérdidas millonarias. La acusación en EE. UU. sostiene que ese tuit fue parte de una operación promocional engañosa con impacto global.
Meses después, una demanda colectiva registrada en el sur de Nueva York —aunque excluye formalmente a Milei como demandado— afirma que su respaldo fue clave para legitimar el token y arrastrar a pequeños inversores a una estructura fraudulenta diseñada para inflar y vaciar el mercado.
La demanda señala que los impulsores de $LIBRA —principalmente Hayden Mark Davis, su familia propietaria de Kelsier Ventures, e integrantes de plataformas asociadas— orquestaron una estrategia para concentrar la oferta, inflar artificialmente el precio y vender sus activos en el pico, provocando pérdidas estimadas por más de US$ 280 millones a miles de personas.
En el análisis judicial, se acusa a Milei de haber emitido una "promoción altamente engañosa" desde su cuenta oficial en la red social X, describiendo el token como una herramienta de financiamiento para emprendimientos en Argentina, pese a que no existía proyecto real detrás del producto. El respaldo presidencial sirvió como trampolín del hype, aunque el mandatario afirma haber borrado su posteo cinco horas después, alegando desconocimiento total del proyecto.
En respuesta, un tribunal federal en EE. UU. congeló aproximadamente US$ 280 millones en billeteras vinculadas a Davis y sus socios, incluyendo una retención de US$ 57 millones que las víctimas buscan prolongar como garantía de resarcimiento.
Investigación nacional
La Justicia argentina también está activa: la jueza María Servini ordenó levantar el secreto bancario del presidente y su hermana Karina, autorizando el análisis de movimientos financieros desde 2023. También se requirió información teléfonica para rastrear llamadas entre Milei, su entorno y los operadores cripto.
Previo a ello, se creó una unidad especial (UTI) para investigar el escándalo. Sin embargo, el propio presidente la disolvió por decreto, alegando que completó su tarea, aunque sin que se presentaran conclusiones públicas, lo que generó fuertes críticas por falta de transparencia Buenos Aires Times.
La comisión investigadora del Congreso, aprobada por la oposición, no comenzó a funcionar debido al bloqueo del oficialismo, lo que limitó el alcance legislativo del escrutinio público Buenos Aires.
En el exterior y repercusiones
Además del congelamiento de activos, la demanda colectiva fue promovida por abogados especializados que aseguran que la promoción de Milei permitió a los operadores orquestar un "pump and dump" usando su imagen como apoyo institucional. Se acusa también a empresas vinculadas como Meteora, KIP Protocol y otros actores digitales de facilitar la maniobra fraudulenta desde la sombra.
Entretanto, el FBI habría colaborado con la fiscalía argentina para intercambiar información y rastrear direcciones de wallets y movimientos de Davis, lo que refuerza la dimensión internacional de la causa.
Políticamente, el escándalo erosionó la imagen de la administración y disparó pedidos de juicio político, aunque el oficialismo dispone de mayoría para bloquear cualquier avance en ese sentido. Igualmente, se considera un impedimento creciente para atraer inversiones en fintech y tecnología desde el exterior.
La investigación sobre el caso $LIBRA abrió un frente legal y político que cruza fronteras. Mientras en EE. UU. ya bloquean activos y avanzan demandas colectivas, en Argentina el caso está en manos del Poder Judicial con preguntas sin respuestas claras y sin informes oficiales publicados, dejando expuestos huecos importantes en el control institucional y la rendición de cuentas.
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