Se revisaron 268 casos y se exigirá una nueva evaluación solo a los postulantes no argentinos involucrados. El caso encendió una fuerte polémica en el sistema de salud.
Política31 de julio de 2025
Alejandra Larrea
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó una decisión que generó polémica y abrió múltiples debates en el ámbito sanitario: solo los médicos extranjeros que estén bajo sospecha de haber cometido fraude en el examen de residencias médicas deberán repetir la prueba. La resolución llega tras días de controversias, versiones cruzadas y preocupación en todo el sistema hospitalario.
El conflicto se desató tras la denuncia de posibles irregularidades en el examen nacional unificado que define el ingreso de los médicos a las residencias hospitalarias, tanto en instituciones públicas como privadas. Se trata de uno de los procesos más exigentes del país, clave para el funcionamiento de guardias, servicios de terapia intensiva y emergencias.
Las alarmas se activaron cuando el Ministerio detectó un conjunto de exámenes que, por su patrón de respuestas y su velocidad de resolución, presentaban indicios de haber sido resueltos con asistencia externa. A esto se sumó una denuncia puntual: un aspirante fue identificado utilizando un par de anteojos especiales con microcámara oculta, lo que habría permitido enviar imágenes del examen hacia un tercero, que luego retransmitía las respuestas a través de un sistema de audio o vibración.
Este episodio, que no fue el único, motivó una revisión completa de las planillas de respuesta de 268 aspirantes que habían rendido el examen en mayo. La mayoría de esos postulantes —casi un 45%— resultó estar vinculada a universidades extranjeras, especialmente de países limítrofes, donde en los últimos años ha crecido la matrícula de estudiantes argentinos que cursan medicina fuera del país.
Tras la auditoría, el Gobierno resolvió que todos aquellos que presenten anomalías deberán rendir nuevamente el examen. Sin embargo, se decidió que esa obligación no alcanzará a los profesionales argentinos, aun cuando sus respuestas hubiesen sido objeto de revisión. Esta distinción desató un fuerte debate entre entidades gremiales y académicas, que cuestionan la selectividad del criterio.
El nuevo examen será presencial, con custodia reforzada, sin posibilidad de dispositivos electrónicos, y con validación de identidad por múltiples vías. El operativo incluirá la supervisión de personal especializado, sistemas biométricos y trazabilidad digital desde la entrega hasta la devolución del examen. El objetivo es que no queden dudas sobre la legitimidad de los resultados.
La medida fue respaldada por gran parte de los directores de hospitales públicos, que ven con preocupación el ingreso de profesionales que podrían haber accedido al sistema a través de prácticas fraudulentas. Algunos incluso aseguran que la calidad de la atención en residencias podría verse gravemente comprometida si no se garantiza el mérito como único criterio de ingreso.
Por su parte, en círculos académicos también se abrió una discusión respecto de la formación que brindan ciertas universidades extranjeras con escasa supervisión, lo que sumado al uso de tecnología de espionaje genera un combo explosivo para los concursos públicos. Existen reclamos para que se implemente una validación más rigurosa de los títulos emitidos por algunas instituciones de dudosa trayectoria.
En paralelo, desde el Ministerio confirmaron que se están analizando posibles sanciones penales para los implicados. Aquellos que se compruebe que incurrieron en fraude no solo quedarán fuera del concurso actual, sino que podrían ser inhabilitados para presentarse en futuras convocatorias e incluso enfrentar causas judiciales.
La polémica también generó tensiones en algunas provincias, donde la descentralización del sistema lleva a que cada jurisdicción tenga potestad para definir si aplica o no los resultados del examen nacional. En algunas regiones, como Córdoba o Mendoza, ya se discute si convalidarán los resultados o abrirán instancias locales paralelas para garantizar transparencia.
El episodio deja a la vista una fragilidad estructural: en un contexto donde miles de jóvenes se presentan a concursos clave para acceder al sistema de salud pública, el riesgo de fraude digital crece. Las autoridades ahora deberán demostrar que están a la altura del desafío, no solo con una medida puntual, sino con un rediseño de todo el proceso.
El escándalo por el examen de residencias encendió una luz roja en el sistema sanitario argentino. La decisión de hacer repetir la prueba solo a médicos extranjeros bajo sospecha busca contener la crisis, pero también abre un debate más profundo: cómo garantizar transparencia, mérito y control en un área tan sensible como la formación médica. Lo que está en juego no es solo un examen, sino la confianza en quiénes estarán a cargo de la salud de los argentinos.
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