Alejandra Larrea
El ambiente político en Kiev vivió un giro dramático cuando, tras tensiones internas y reproches de la Unión Europea, el presidente Volodymyr Zelenskyy presentó un nuevo proyecto para revocar una medida impopular que subordinaba a la Oficina Nacional Anticorrupción y a la Fiscalía Especializada al fiscal general. La iniciativa anterior había desatado las primeras protestas masivas en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa en 2022.
En una sesión transmitida en vivo el 31 de julio, los parlamentarios aprobaron la nueva ley con 331 votos a favor y ninguna oposición. El resultado fue inmediato: eslóganes de celebración en las calles de Kiev y una sensación de triunfo para quienes defendían la transparencia institucional.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, elogiaron la decisión. Resaltaron que la independencia de NABU y SAPO es esencial para la reparación de confianza democrática, el avance hacia la adhesión a la UE y el mantenimiento del flujo de ayuda occidental.
Poco después, Zelenskyy firmó el proyecto de ley, asegurando que ahora las agencias tendrán garantías para operar sin interferencias y sin dependencia del fiscal general. Además, destacó que escuchó la voz ciudadana que desató las protestas callejeras.
La sesión también estuvo marcada por violencia simbólica: legisladores protagonizaron una pelea a golpes en el recinto, reflejo de la tensión que había envuelto el proceso.
Ucrania cerró un capítulo político turbulento con un gesto contundente: restaurar la independencia de sus principales organismos anticorrupción. La presión ciudadana y extranjera convergió en una decisión que preserva principios democráticos en tiempos de guerra. La medida marca un paso clave en su camino hacia la Unión Europea y refuerza el compromiso con la transparencia y la justicia.
