El presidente rechazó tres leyes aprobadas por mayoría: el aumento previsional, la moratoria jubilatoria y la emergencia para personas con discapacidad. En su argumentación, Milei denunció “irresponsabilidad fiscal” y defendió el equilibrio de las cuentas públicas.
Política04 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso alcanzó un nuevo pico. Javier Milei vetó de forma total tres leyes aprobadas recientemente por el Parlamento: el proyecto de aumento a jubilados, la continuidad de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. El rechazo presidencial fue formalizado en el Boletín Oficial y representa una decisión de alto impacto político, económico y simbólico.
Las normas habían sido sancionadas con mayoría en ambas cámaras, con apoyo transversal de bloques opositores e incluso algunos aliados circunstanciales. Sin embargo, el mandatario utilizó su facultad constitucional para impedir su promulgación, argumentando que las leyes votadas “afectan gravemente la sostenibilidad del sistema fiscal” y son contrarias al ajuste impulsado por su administración.
El veto alcanza a tres iniciativas clave. La primera, la que establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que garantizaba un incremento superior a la inflación acumulada. La segunda, la prórroga de la moratoria previsional, que permitía regularizar aportes a miles de personas sin los años requeridos. La tercera, la ley que declaraba la emergencia nacional en discapacidad y ordenaba refuerzos presupuestarios para programas sociales, educativos y sanitarios.
Desde el oficialismo, se justificó la decisión como un acto de responsabilidad: sostienen que no hay margen fiscal para nuevos gastos ni para ampliar el universo de beneficiarios del sistema previsional. En cambio, desde la oposición y sectores sociales se denunció un “ajuste brutal” que castiga a los sectores más vulnerables, especialmente jubilados de la mínima, personas mayores sin cobertura y familias con integrantes con discapacidad.
La noticia desató reacciones inmediatas. Sindicatos y organizaciones sociales anunciaron protestas y movilizaciones frente al Congreso y en diferentes puntos del país. Legisladores opositores ya comenzaron a trabajar en una estrategia para intentar rechazar el veto, aunque los números no aseguran éxito. Para revertir la decisión del Ejecutivo, se requieren mayorías especiales en ambas cámaras, algo que hoy parece difícil de alcanzar.
El veto presidencial se inscribe en una política más amplia de recorte del gasto público que viene siendo aplicada desde diciembre. Bajo el argumento de “déficit cero”, el Gobierno ha avanzado en la reducción de subsidios, el freno de obra pública, la eliminación de programas y el congelamiento de partidas. La anulación de estas tres leyes confirma que la estrategia se mantendrá incluso frente a decisiones del Congreso.
El punto más sensible del veto es el que afecta a las personas con discapacidad. La norma vetada buscaba declarar la emergencia nacional y ordenar al Estado a reforzar el sistema de transporte adaptado, garantizar tratamientos, asistencia domiciliaria, educación inclusiva y prestaciones médicas. Diversas organizaciones del sector habían impulsado el proyecto tras la creciente caída en la cobertura y los retrasos en los pagos.
En cuanto a la moratoria previsional, su eliminación dejará sin acceso a una jubilación a miles de personas que no completaron los años de aportes requeridos, en muchos casos mujeres, trabajadoras informales o personas que no pudieron cotizar por razones estructurales. La ley vigente tenía vigencia hasta 2025, pero con el veto, se interrumpe su continuidad.
El aumento previsional, por su parte, apuntaba a actualizar haberes por inflación con un refuerzo adicional para quienes perciben la mínima. La fórmula oficial actual, que combina inflación pasada y una suma fija discrecional, ha sido cuestionada por organismos especializados por provocar pérdida del poder adquisitivo en los adultos mayores.
La decisión de vetar estas leyes también tiene una lectura política. Milei consolida su perfil de confrontación con el Congreso, incluso con sectores que en ocasiones le han facilitado gobernabilidad. Apuesta al respaldo ciudadano a su programa de ajuste y a un enfrentamiento abierto con “la casta”, incluso si eso implica bloquear leyes votadas por amplias mayorías legislativas.
En paralelo, el Gobierno refuerza su vínculo con organismos financieros y sectores empresarios, que ven con buenos ojos el rumbo fiscal. La Casa Rosada confía en que el “sacrificio presente” será compensado con resultados económicos en el mediano plazo. Pero en el mientras tanto, crece la tensión social y el costo político.
En este nuevo escenario, se abre una disputa clave: ¿logrará el Congreso rechazar el veto? ¿Habrá nuevos intentos legislativos para reponer lo que fue anulado? ¿Se incrementarán las protestas callejeras? Lo que queda claro es que Milei no piensa dar marcha atrás con el ajuste, incluso si eso implica enfrentarse al sistema institucional que lo rodea.
El jefe del Comando Sur de EE.UU., almirante Alvin Holsey, llega esta semana a Buenos Aires. Su visita incluye reuniones clave con funcionarios de Defensa y su rol como coanfitrión de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC).
El Ejecutivo creó una estructura de coordinación entre Defensa y Seguridad para supervisar las zonas limítrofes. La medida busca enfrentar el narcotráfico y el contrabando con un esquema unificado de planificación y despliegue.
El Ejecutivo lanzó la licitación de cuatro hidroeléctricas clave en Neuquén y Río Negro. El plan prevé contratos por 30 años, un nuevo esquema de regalías y obras de seguridad hídrica. La medida divide opiniones por el impacto en soberanía y tarifas.
La definición de candidaturas dejó un oficialismo disciplinado bajo el mando de Karina Milei, un peronismo que logró recomponer fuerzas con un frente amplio y un PRO debilitado con Macri en retroceso. El tablero electoral quedó marcado por ganadores y perdedores claros.
El cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre ordenó el tablero político nacional. La Libertad Avanza consolidó sus figuras, el PRO mantuvo espacios limitados y Fuerza Patria presentó un armado unificado del peronismo.
El cierre de listas dejó a la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires en una situación inédita: por primera vez desde 1983, no participará con una boleta nacional. El rechazo al acuerdo con Provincias Unidas y la imposición de Florencio Randazzo como cabeza de lista detonaron la ruptura interna.
La postulación de Florencio Randazzo provoca una fuerte resistencia interna: intendentes radicales se niegan a militar la boleta dirigida por un peronista, lo que amenaza con dejar afuera el sello de la UCR del frente electoral. La tensión podría extenderse si el GEN decide esperar fuera.
Horacio Grasso, ex policía con antecedentes criminales, fue trasladado a prisión luego de que en su casa de Córdoba se encontrara el cadáver de una joven desaparecida. El hallazgo destapó un pasado oscuro y una trama que vuelve a interpelar al sistema judicial y penitenciario.
Una banda integrada por cuatro adolescentes y un adulto fue capturada luego de asaltar una vivienda. El operativo incluyó una persecución a toda velocidad, un choque y la intervención del sistema de cámaras de seguridad del distrito.
Un jefe policial de Taco Pozo, en evidente estado de ebriedad, golpeó a un voluntario, detuvo a una médica y amenazó a un equipo de profesionales que asistía a niños en comunidades rurales.
Un agente de la Policía de la Ciudad fue abordado por dos motochorros mientras circulaba por José C. Paz. Durante el forcejeo, se desató un tiroteo: un delincuente murió y otro resultó herido.