El gobierno bonaerense formalizará una presentación judicial por fondos que el Tesoro nacional no giró en tiempo y forma. La suma reclamada supera los 5 billones de pesos.
Política04 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
El gobernador Axel Kicillof anunció que la Provincia de Buenos Aires presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el pago de una millonaria deuda que el gobierno nacional mantiene con el distrito más poblado del país. La presentación, que ya está siendo elaborada por la Fiscalía de Estado, apunta a obtener una sentencia que obligue a la Nación a girar los fondos correspondientes a programas de salud, educación, infraestructura y seguridad que fueron ejecutados por la Provincia con recursos propios.
La cifra total reclamada asciende a más de 5 billones de pesos, según cálculos oficiales. El equipo económico bonaerense sostiene que se trata de fondos comprometidos por convenios firmados durante los últimos años y ratificados en el Congreso, pero que el gobierno nacional decidió no transferir como parte de su política de ajuste fiscal. Entre ellos se destacan partidas del Fondo de Fortalecimiento Fiscal del Conurbano, compensaciones por subsidios recortados, y transferencias vinculadas a obras públicas detenidas.
La decisión de judicializar el reclamo marca un punto de inflexión en la tensa relación entre Kicillof y Javier Milei. Hasta ahora, el vínculo entre la Provincia y la Casa Rosada se había manejado con fuertes cruces verbales, pero sin acciones legales de esta magnitud. El gobernador ya había denunciado públicamente la “discriminación financiera” hacia Buenos Aires, pero esta vez busca respaldo institucional en el máximo tribunal del país.
El texto de la presentación hará eje en dos puntos principales: el incumplimiento de obligaciones legales por parte de Nación y la afectación directa a los derechos de millones de bonaerenses. Desde el gobierno provincial aseguran que el recorte de fondos nacionales genera desequilibrios en áreas críticas como la atención primaria de salud, la provisión de alimentos escolares y la seguridad en el conurbano. “No es una pelea política, es una defensa del federalismo”, remarcan en La Plata.
La Corte Suprema ya ha intervenido en causas similares entre provincias y el Estado nacional. En varias oportunidades dictó sentencias a favor de distritos que reclamaban fondos retenidos, aunque la ejecución de esos fallos muchas veces se dilató en el tiempo. En este caso, el contexto de tensión entre oficialismo y gobernadores suma un ingrediente extra de presión institucional.
Desde el gobierno nacional, por el momento, no hubo respuesta oficial. Sin embargo, funcionarios del entorno presidencial aseguran que los fondos reclamados “no están presupuestados” y que cada jurisdicción debe administrar sus recursos sin depender de aportes discrecionales. La lógica de Milei es clara: cada provincia debe ser responsable de sus gastos y evitar el “clientelismo fiscal”. En ese marco, el reclamo bonaerense es visto como parte de una estrategia política de confrontación.
Axel Kicillof, sin embargo, sostiene que la Provincia no pide privilegios sino el cumplimiento de compromisos preexistentes. El reclamo apunta también a visibilizar una paradoja estructural: Buenos Aires concentra el 40% de la población del país, pero recibe mucho menos que ese porcentaje en distribución de recursos. “No podemos seguir financiando la Nación mientras nos niegan lo que nos corresponde”, advirtió el mandatario en una de sus últimas apariciones públicas.
La disputa judicial promete escalar en las próximas semanas. Una vez ingresada la demanda, la Corte deberá definir si la acepta y qué plazos otorga para su resolución. En paralelo, se esperan pronunciamientos de otras provincias que podrían verse afectadas por criterios similares. La cuestión de fondo trasciende el caso bonaerense: pone en juego la arquitectura fiscal del país y el equilibrio entre autonomía provincial y poder central.
Con el inicio del segundo semestre y un Congreso trabado por las internas, la vía judicial aparece como el nuevo escenario de disputa entre Nación y provincias. Y Kicillof, con esta jugada, busca marcar la cancha en un año donde se reconfigura el mapa político argentino.
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