El Gobierno avanza con la privatización de cuatro hidroeléctricas claves

La administración nacional autorizó la venta de empresas estratégicas de generación hidroeléctrica, en un paso que busca atraer inversiones y reducir el peso estatal en el sector energético. La decisión reabre el debate sobre el control de los recursos y la política energética del país.

Economía08 de agosto de 2025Alejandra LarreaAlejandra Larrea
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El Gobierno avanza con la privatización de cuatro hidroeléctricas.

En una decisión que marca un nuevo capítulo en la política de desinversión estatal, el Gobierno habilitó oficialmente la venta de cuatro empresas hidroeléctricas que operan en distintas regiones del país. Estas centrales, consideradas estratégicas por su aporte a la matriz energética, pasarán a manos privadas con el objetivo declarado de optimizar su funcionamiento y ampliar las inversiones en infraestructura. La medida, que forma parte del plan de reordenamiento del sector energético, también apunta a reducir el déficit fiscal y generar divisas en un contexto económico desafiante.

El anuncio llega en medio de un clima de tensiones políticas y económicas. Mientras el Ejecutivo defiende la operación como un paso hacia la modernización y la eficiencia, voces opositoras advierten sobre el riesgo de ceder activos esenciales para la soberanía energética. La venta, prevista para concretarse en los próximos meses, estará acompañada de licitaciones internacionales para garantizar la participación de distintos actores del mercado.

Las cuatro empresas incluidas en el proceso son operadoras de represas hidroeléctricas que abastecen a una parte significativa de la demanda energética del país. Su privatización se enmarca en un plan más amplio de reorganización del sector, que incluye incentivos para las energías renovables y acuerdos con capitales extranjeros para la modernización tecnológica.

La decisión se fundamenta en la necesidad de renovar concesiones vencidas y evitar que la falta de inversión pública afecte la capacidad productiva de las plantas. Desde el Ministerio de Energía se subraya que las condiciones de venta contemplan cláusulas de mantenimiento y ampliación de capacidad, así como compromisos de inversión en seguridad y preservación ambiental.

El Gobierno estima que la operación permitirá ingresar un volumen importante de dólares frescos a las reservas del Banco Central, lo que reforzaría la posición cambiaria y ayudaría a financiar otros proyectos de infraestructura. No obstante, economistas y especialistas advierten que el efecto real dependerá de la transparencia del proceso licitatorio y del interés que despierte en el mercado internacional.

A nivel político, la medida profundiza el enfrentamiento con sectores que defienden la presencia estatal en empresas estratégicas. Gobernadores de provincias involucradas en la explotación hidroeléctrica manifestaron su preocupación por el destino de los recursos y reclamaron que parte de los ingresos por la venta se destinen a obras de desarrollo local.

En el plano internacional, la privatización se percibe como una señal favorable para la inversión extranjera directa, en un momento en que el país busca mejorar su perfil de riesgo y atraer capitales. Sin embargo, analistas geopolíticos remarcan que, en el contexto global, la energía se ha convertido en un activo de alto valor estratégico y que ceder su control implica un delicado equilibrio entre la necesidad de financiamiento y la preservación de la autonomía en la gestión de recursos.

El proceso de venta, que se realizará a través de licitación pública, tendrá varias etapas: precalificación de oferentes, presentación de propuestas técnicas y económicas, y adjudicación final. El Ejecutivo espera concluirlo antes de fin de año, aunque el cronograma podría verse afectado por eventuales medidas judiciales o debates legislativos impulsados por la oposición.

En definitiva, la autorización para vender estas cuatro hidroeléctricas no solo representa un cambio en la estructura de propiedad de activos estratégicos, sino que también abre un debate profundo sobre el rumbo de la política energética argentina, el rol del Estado en sectores clave y la capacidad del país para compatibilizar sus necesidades económicas inmediatas con la proyección a largo plazo de su matriz energética.

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