El operativo, pactado con Washington, incluye a figuras clave del narcotráfico y se realizó bajo la garantía de que no enfrentarán la pena de muerte.
Mundo13 de agosto de 2025
Alejandra Larrea
México ejecutó una de las extradiciones más grandes de los últimos años, enviando a Estados Unidos a 26 presuntos miembros de alto nivel de distintos cárteles. La operación, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto con la Fiscalía General de la República (FGR), fue producto de un acuerdo bilateral que incluyó la promesa formal de las autoridades estadounidenses de no solicitar la pena capital en ninguno de los casos.
Los extraditados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad desde penales de máxima seguridad como El Altiplano, Puente Grande y Cefereso 14, hasta un aeropuerto militar en el Estado de México, desde donde partieron en dos aeronaves rumbo a bases estadounidenses. Según fuentes judiciales, los prisioneros fueron separados por niveles de riesgo y antecedentes violentos.
Entre los nombres más resonantes figuran Abigael González Valencia, “El Cuini”, considerado el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación y cuñado de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”; Servando Gómez, “La Tuta”, exlíder de los Caballeros Templarios; Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada del Cártel de Sinaloa; y operadores vinculados a Los Zetas y La Familia Michoacana.
Este operativo es la segunda entrega masiva de 2025. En febrero, el gobierno de Claudia Sheinbaum extraditó a 29 personas, lo que marcó un cambio en la cooperación judicial con la administración de Donald Trump, caracterizada por un discurso más duro contra el narcotráfico mexicano. El propio Trump, en conferencias de prensa, había advertido que evaluaba “acciones unilaterales” y sanciones económicas si México no intensificaba la lucha contra los cárteles.
En esta ocasión, la presión de Washington se hizo sentir a través del Departamento de Justicia y de la Agencia Antidrogas (DEA), que aceleraron las solicitudes de extradición pendientes. A cambio, México recibió garantías diplomáticas y judiciales, entre ellas la no aplicación de la pena de muerte y la priorización de casos de gran impacto mediático para mostrar avances en la lucha contra el crimen organizado.
El golpe logístico para las organizaciones criminales es significativo: varios de los enviados a EE.UU. manejaban redes de lavado de dinero, logística de transporte de cocaína y metanfetaminas, y conexiones con distribuidores en ciudades clave como Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que estas extradiciones, aunque simbólicamente potentes, no necesariamente desarticulan las estructuras criminales, ya que suelen ser reemplazadas por mandos intermedios.
El traslado fue custodiado por más de 300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano, que cerraron un perímetro de seguridad en torno al operativo para evitar filtraciones. En Estados Unidos, los detenidos enfrentarán cargos que incluyen conspiración para tráfico de drogas, asociación delictuosa, lavado de activos y homicidios relacionados con actividades de narcotráfico.
En paralelo, la Cancillería mexicana destacó que el proceso se realizó conforme a tratados internacionales de extradición, respetando los derechos humanos de los detenidos. Aun así, organismos como Amnistía Internacional han expresado preocupación por la posibilidad de que enfrenten condiciones carcelarias extremas en prisiones de máxima seguridad estadounidenses.
Este episodio refuerza la alianza judicial entre ambos países, pero también confirma la creciente influencia de Washington sobre las prioridades de seguridad de México. Mientras la administración Sheinbaum insiste en que la cooperación es “mutuamente beneficiosa”, críticos internos advierten que la política podría convertirse en una estrategia de “exportar el problema” sin atender las causas profundas de la violencia.
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