Detuvieron a Ariel García Furfaro por el escándalo del fentanilo contaminado

La causa del fentanilo contaminado dio un vuelco decisivo: la Justicia ordenó y concretó la detención de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, investigados por la producción de dosis adulteradas que desencadenaron una crisis sanitaria sin precedentes.

Durante el operativo, que se llevó a cabo con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería, también fueron detenidos sus hermanos, Diego y Damián, su madre, Nilda Furfaro, y otros altos responsables de la empresa, incluyendo directivos y los principales técnicos involucrados. 

La orden de arresto fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak a partir de un informe pericial del Instituto Malbrán que detectó graves fallas en los procedimientos de fabricación de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, contaminados con bacterias multirresistentes. Ese hallazgo fue el disparador del avance judicial en el caso. 

García Furfaro ya se encuentra alojado en la cárcel de Ezeiza, a la espera de las indagatorias que comenzarán en las próximas horas. En redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la detención con fuerza simbólica: “Se acabó la impunidad” fue su mensaje, acompañado de imágenes del procedimiento y los detenidos. 

La causa, que ya suma casi un centenar de víctimas fatales en distintas provincias, expuso una trama de irregularidades: desde el supuesto contrabando agravado hasta prácticas de sobrefacturación en importaciones relacionadas con insumos para la producción. En efecto, segundo informes judiciales, el empresario fue procesado también por contrabando al declarar sumas falsamente elevadas ante la Aduana para acceder a dólares preferenciales. 

En paralelo, el caso tensó líneas políticas y puso en jaque los sistemas de control sanitario y estatal. Desde los hospitales públicos hasta el Congreso, el escándalo sacudió la credibilidad institucional. Las organizaciones de víctimas y derechos humanos exigen sanciones ejemplares y reformas profundas en los mecanismos regulatorios.