Alejandra Larrea
El Gobierno oficializó este martes la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal que controla las tres centrales nucleares del país. La medida fue dispuesta mediante el Decreto 695/2025, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión establece que un 44% del paquete accionario será puesto a la venta a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional. Al mismo tiempo, se implementará un programa de propiedad participada, que entregará un 5% a los trabajadores. El 51% restante quedará bajo control estatal, administrado por la Secretaría de Energía.
Una empresa clave en el sistema energético
NASA opera Atucha I, Atucha II y Embalse, que juntas suman 1763 MW de potencia y aportan alrededor del 7% de la electricidad del país. La compañía depende del Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y ENARSA.
A diferencia de otras firmas públicas, presenta superávit: en el primer trimestre de 2025 registró ganancias por más de 17.000 millones de pesos. Analistas del sector estiman que su valuación podría oscilar entre 560 y 1.000 millones de dólares.
Objetivos oficiales y críticas
El Ejecutivo justificó la medida como parte de un plan más amplio para incorporar capital privado al sector energético. Según el presidente de la empresa, Demián Reidel, el ingreso de inversores apunta a financiar el primer reactor modular argentino, extender la vida útil de las centrales y potenciar la minería de uranio.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, enmarcó la decisión dentro de la política general de “fin del Estado empresario”, destacando que todas las compañías públicas están sujetas a procesos de privatización.
Sin embargo, la iniciativa despertó críticas. Senadores de Unión por la Patria presentaron un proyecto para frenar cualquier modificación en la composición accionaria de NASA. Desde la oposición plantean que entregar casi la mitad del capital compromete la soberanía energética del país y abre interrogantes sobre el futuro de la política nuclear.
Contexto y próximos pasos
La medida se apoya en la Ley Bases, que habilitó la privatización parcial o total de varias empresas estatales. En este caso, se optó por un esquema mixto, donde el Estado conserva mayoría accionaria pero permite la entrada de capitales privados.
En los próximos meses, el Gobierno deberá definir el pliego de la licitación, el cronograma y los requisitos para los oferentes. El interés internacional se anticipa elevado, dado que el sector nuclear argentino cuenta con reconocimiento técnico y proyección regional.
El desafío estará en garantizar que la apertura al capital privado se traduzca en nuevas inversiones y no en un retroceso del rol estratégico que las centrales cumplen dentro del sistema energético.
