Una investigación regional permitió desarticular una red que operaba entre distintos países latinoamericanos, robando y enviando teléfonos a Asia mediante triangulación logística. El caso expone una trama sofisticada de contrabando digital y reciclaje de dispositivos.
Mundo07 de octubre de 2025
Alejandra Larrea
Una operación coordinada entre fuerzas de seguridad de varios países latinoamericanos permitió desmantelar una organización criminal dedicada al robo y exportación ilegal de teléfonos móviles hacia China. La red, integrada por ciudadanos locales y extranjeros, había desarrollado un sistema de triangulación que combinaba robo, falsificación de etiquetas de envío y reventa internacional de los aparatos.
La investigación comenzó tras detectar un patrón inusual en encomiendas que partían desde aeropuertos de Sudamérica hacia Hong Kong y Shenzhen. En los contenedores se declaraban “componentes electrónicos usados”, pero al ser inspeccionados, los agentes descubrieron que se trataba de celulares robados, en su mayoría de alta gama, con los números de serie adulterados o bloqueados.
El modus operandi reveló un nivel de sofisticación creciente. La banda robaba los dispositivos en zonas de alta concentración urbana —a menudo mediante arrebatos o hurtos en transporte público— y luego los enviaba a pequeños talleres donde eran “limpiados”: se cambiaban las placas, se eliminaban rastros de software y se asignaban identidades falsas de registro. Tras ese proceso, los teléfonos eran embalados y despachados a Asia en cargamentos de mercancías aparentemente legales.
Una estructura con presencia regional
La red tenía ramificaciones en Argentina, Chile, Perú, Colombia y México, y funcionaba como un circuito cerrado con roles específicos: quienes robaban, quienes reciclaban los equipos, quienes gestionaban la logística y quienes negociaban con intermediarios chinos.
El epicentro de la operación se localizaba en Santiago de Chile y Buenos Aires, donde actuaban empresas pantalla que declaraban exportaciones de residuos electrónicos. Esos envíos eran canalizados a través de couriers y plataformas logísticas privadas con documentación adulterada.
El volumen de teléfonos despachados era tal que, según estimaciones oficiales, la organización movía más de 15.000 aparatos al mes, con un valor promedio que superaba los 5 millones de dólares en reventa internacional. Los compradores finales en China los reacondicionaban y redistribuían a través de plataformas digitales y mercados grises en toda Asia.
Las autoridades confirmaron que los envíos se efectuaban principalmente hacia Shenzhen, Guangzhou y Hong Kong, centros neurálgicos de la industria tecnológica donde la demanda por componentes reacondicionados es constante.
Tecnología, lavado y criptomonedas
El flujo de dinero generado por la red no se manejaba en efectivo. La banda operaba un sistema de pago basado en criptomonedas, especialmente stablecoins, para evitar trazabilidad bancaria. Cada lote vendido se traducía en transferencias digitales fraccionadas que ingresaban a billeteras virtuales administradas desde Hong Kong y Dubái.
Las ganancias eran luego “lavadas” mediante la compra de productos electrónicos legales —tablets, computadoras o accesorios— que eran revendidos en Latinoamérica a través de sitios de comercio electrónico. Así, el dinero volvía al circuito formal con apariencia lícita.
Investigadores destacan que el grupo empleaba técnicas de encriptación y doble autenticación en sus comunicaciones internas, dificultando el seguimiento de los chats y correos electrónicos. Sin embargo, un descuido de uno de los líderes —que usó su cuenta personal para enviar un código de rastreo— permitió reconstruir la red completa.
El operativo que los derribó
El operativo final se realizó de forma simultánea en Buenos Aires, Lima y Santiago. Participaron unidades de delitos tecnológicos, aduanas y organismos de cooperación internacional. En total se incautaron más de 12.000 teléfonos, computadoras, impresoras 3D para falsificar etiquetas de envío y documentación comercial apócrifa.
También se detuvo a once personas, entre ellas dos ciudadanos chinos considerados los nexos con el destino final de los aparatos. Los allanamientos permitieron acceder a bases de datos con registros de envío que apuntan a una red aún mayor.
Las investigaciones avanzan ahora sobre posibles vínculos con plataformas de reventa digital que podrían haber facilitado el ingreso de esos teléfonos al mercado asiático. Expertos en ciberseguridad aseguran que el negocio de los celulares robados y reacondicionados se ha convertido en un nuevo tipo de contrabando tecnológico, menos visible pero más rentable que el narcotráfico en ciertas rutas.
Un delito global del siglo XXI
El caso no es aislado. En los últimos años, la exportación ilegal de tecnología usada se volvió una modalidad extendida que combina robo físico, fraude electrónico y reciclaje ilegal. A diferencia de los contrabandos tradicionales, este tipo de delito aprovecha vacíos normativos y la dificultad de los países para controlar los flujos de mercancías pequeñas pero de alto valor.
En América Latina, los robos de celulares representan ya más del 40 % de los delitos callejeros denunciados en capitales como Buenos Aires, Bogotá o Lima. Los especialistas advierten que el avance del contrabando digital tiene consecuencias directas en la seguridad ciudadana y en la economía formal: fomenta el mercado negro, alimenta redes internacionales y dificulta la trazabilidad tecnológica.
Próximos pasos
Los países involucrados avanzan en la conformación de una mesa de trabajo regional para reforzar el control de exportaciones electrónicas y establecer protocolos comunes con Interpol y Europol. La cooperación incluirá intercambio de bases de datos de IMEI y trazabilidad satelital de encomiendas.
La caída de esta banda marca un precedente: demuestra que el robo y reventa de tecnología no es un delito menor, sino un negocio global estructurado que combina logística, ingeniería y crimen organizado.
Mientras tanto, los equipos incautados permanecen bajo análisis pericial. La información extraída de ellos podría abrir nuevas líneas de investigación sobre las redes de financiamiento que conectan América Latina con Asia en el circuito del contrabando digital.
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