La Comisión Europea estima que entre apoyo macrofinanciero y militar la guerra exige por lo menos 136.000 millones de euros para el periodo 2026-2027. El uso de activos rusos congelados emerge como solución preferida, aunque enfrenta resistencias que ponen en riesgo el cronograma.
Mundo17 de noviembre de 2025
Alejandro Cabrera
La guerra que la Ucrania libra contra la invasión rusa no sólo se mide en fronteras, explosiones y pérdidas humanas: también en montos astronómicos que definen su viabilidad a mediano plazo. Desde Bruselas advierten que sin un salvavidas financiero masivo, Kiev podría quedar al borde de la parálisis en plena contienda. Y por ello, esta semana la Comisión Europea presentó una estimación contundente: se necesitan alrededor de 136.000 millones de euros hasta 2027.
Ese número, más allá de la cifra en sí, evidencia la magnitud del compromiso europeo, el plazo que corre y las decisiones que podrían redefinir la relación entre la Unión, Rusia y Ucrania. Con la primavera de 2026 como fecha límite para liberar fondos y evitar un colapso de pagos en Ucrania, la urgencia se convierte en clave.
El monto y su desglose: urgencia financiera en época de guerra
La estimación de 136.000 millones de euros incluye tanto ayudas macrofinancieras para mantener el gasto público ucraniano como apoyos vinculados al esfuerzo militar. Una parte importante de esos recursos debe estar disponible en la próxima primavera, cuando el país vería limitado su acceso al crédito y podría quedar sin reservas para pagar salarios o pensiones.
Ante ese escenario, la Comisión Europea ha planteado tres vías principales para cubrir esa brecha. La primera, la preferida por Bruselas, es convertir activos rusos congelados por sanciones en un “préstamo de reparación” a Ucrania. Esa opción permitiría movilizar hasta 140.000 millones de euros sin generar nueva deuda para la UE. No obstante, esa ruta enfrenta obstáculos legales y políticos, en especial por la resistencia de Bélgica, donde se concentran muchos de esos activos.
Las otras dos alternativas son la contribución directa de los Estados miembros mediante subvenciones y la emisión de deuda comunitaria o préstamos respaldados por los presupuestos nacionales. Ambas opciones implican costes significativos para los países europeos y suscitan debates internos sobre déficit, responsabilidad fiscal y solidaridad compartida.
El dilema europeo: solidaridad desde el presupuesto o riesgo compartido
El conflicto abierto entre los Veintisiete se resume en un dilema: ¿asumen los Estados miembros el impacto directo sobre sus presupuestos o buscan mecanismos de financiación que multipliquen el riesgo compartido? En el primero de los casos, se estima que los países tendrían que dedicar entre el 0,16 % y el 0,27 % de su renta nacional bruta cada año para sostener la ayuda. En España, por ejemplo, ese porcentaje se traduce en más de 4.000 millones de euros anuales.
La opción de emitir deuda compartida permitiría ampliar el apoyo sin cargar de inmediato el déficit estatal, pero muchos miembros se oponen por temor al impacto financiero, la pérdida de control y la precedencia de comprometer futuras emisiones. Y la tercera vía, usar los activos rusos congelados, se presenta como la más elegante desde el punto de vista financiero —no genera nueva deuda—, pero es la más compleja desde lo legal y político. En ese frente, el mensaje es claro: el tiempo apremia y sin un acuerdo antes de la próxima cumbre europea habrá un serio riesgo de interrupción del apoyo.
La carta que la presidenta de la Comisión Europea envió a las capitales advierte que la situación no admite demora. Si Ucrania no recibe el flujo necesario para la primavera de 2026, podría encontrarse con bancos sin liquidez, impagos al sector público o una restructuración forzada en plena guerra. Ese escenario plantea también un coste reputacional para Europa: perder credibilidad como aliado y generador de estabilidad.
Por otro lado, el uso de activos rusos congelados implica riesgos —judiciales, diplomáticos, de represalias— que Bélgica y otros países no están dispuestos a asumir sin garantías vinculantes. Bruselas, por su parte, insiste en salvaguardias legales, garantías irrevocables y reparto del riesgo entre todos los socios. Pero el desacuerdo persiste y el tiempo se agota.
¿Qué implica para Ucrania y para Europa?
Para Ucrania, el mensaje es doble: por un lado, la cifra de 136.000 millones de euros confirma que Europa sigue pensando en ella como país en guerra, no solo como receptor temporal. Por otro lado, el plazo fijado y los debates internos europeos exponen la vulnerabilidad del país ante retrasos o vacíos de financiación. Un fallo de coordinación podría significar el congelamiento de servicios básicos, un debilitamiento del frente militar o incluso un punto de inflexión en la dinámica del conflicto.
Para Europa, la discusión tiene un calibre estratégico: ¿qué tanto está dispuesta la Unión a asumir el coste de la guerra, a fondo perdido o con riesgo compartido? Este debate toca no sólo a Ucrania sino al propio futuro de la integración europea, la arquitectura del gasto, el papel de la solidaridad financiera y la capacidad de la UE de responder en crisis prolongadas.
La estimación de Bruselas de 136.000 millones de euros hasta 2027 no es solo un número elevado: es un termómetro de la guerra, de la solidaridad europea y de los límites del modelo de apoyo internacional. Si Europa logra cerrar el acuerdo antes del plazo fijado, enviará una señal de coherencia estratégica; si no lo hace, la ventana de oportunidad para Ucrania podría cerrarse y, con ella, parte del consenso occidental. La cuenta atrás está en marcha.
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