Alejandro Cabrera
La remodelación de un edificio puede ser mucho más que una decisión urbanística: puede convertirse en un acto político, simbólico y estratégico. Eso es lo que ocurre hoy en Serbia, donde el Gobierno habilitó una inversión liderada por Jared Kushner, yerno de Donald Trump, para transformar una de las construcciones más significativas de la antigua Yugoslavia en un complejo hotelero y residencial de lujo.
El avance del proyecto llegó al calor de un clima interno cargado de protestas, denuncias de irregularidades y una creciente tensión entre el oficialismo de Aleksandar Vučić y sectores opositores que acusan al Ejecutivo de “entregar” patrimonio histórico a capitales asociados a la familia del presidente de Estados Unidos.
El proyecto recae sobre el Generalstab, la antigua sede del Estado Mayor yugoslavo, una pieza central de la arquitectura modernista diseñada por Nikola Dobrović entre 1957 y 1965. Su valor simbólico es profundo: allí funcionó uno de los corazones institucionales del Estado y sus ruinas —parcialmente destruidas por bombardeos de la OTAN en 1999— se convirtieron en una marca indeleble de la memoria reciente de Serbia.
Hasta 2005, el edificio contaba con protección oficial como patrimonio histórico. Aun así, a finales de 2024 el Gobierno serbio decidió revocar esa protección en un movimiento que coincidió temporalmente con la reelección de Donald Trump en EE.UU. y con la difusión, por parte de Kushner, de diseños preliminares para un desarrollo urbano en ese mismo lugar.
El anuncio del empresario —hecho público en redes sociales— desató de inmediato reacciones de rechazo de usuarios, expertos y organizaciones vinculadas al patrimonio. Pero la respuesta gubernamental fue avanzar. Y avanzó fuerte.
El 11 de noviembre de 2025, el Parlamento aprobó una lex specialis, una ley especial diseñada exclusivamente para facilitar el proyecto, agilizando trámites y despejando obstáculos regulatorios. La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría oficialista del Partido Progresista Serbio (SNS) y la dura oposición de minorías que denuncian irregularidades en el proceso que levantó la protección patrimonial y que incluso motivó investigaciones penales.
El megaproyecto de Kushner —a través de su firma Affinity Partners— contempla un hotel de lujo, unas 1.500 unidades residenciales y un museo, además de espacios comerciales y áreas recreativas. De acuerdo con el Gobierno serbio, el terreno no será vendido sino alquilado por 99 años, y el desarrollador estará obligado a construir un monumento en memoria de las víctimas de los bombardeos de la OTAN.
El monto total de la operación permanece sin ser revelado oficialmente, aunque estimaciones periodísticas internacionales lo sitúan alrededor de los 500 millones de dólares.
El trasfondo político es inevitable. Serbia vive meses de creciente malestar social y movilización estudiantil contra el Gobierno de Vučić, acusado de gobernar con prácticas autoritarias y de beneficiar a grupos económicos afines. Analistas señalan que la aprobación del proyecto se inscribe en la estrategia del Ejecutivo de exhibirse como un actor que atrae inversiones globales y consolida su vínculo con Washington. Para la oposición, sin embargo, “este no es un acuerdo con Estados Unidos, sino con Trump y su familia”.
A la tensión política se suma la disputa urbana: arquitectos, urbanistas y organizaciones patrimoniales sostienen que el Generalstab podría recuperarse como un bien público, un museo o un espacio cultural que preserve la memoria reciente del país, en lugar de convertirse en un enclave de lujo. El arquitecto Miljan Salata subraya que el edificio integra un área estatal histórica de más de dos siglos que simboliza la institucionalidad y el espíritu antifascista de la posguerra.
Las protestas en las calles de Belgrado reflejan ese malestar. Estudiantes, académicos y vecinos denuncian que la ciudad enfrenta un proceso de privatización acelerada de sus espacios más emblemáticos. La aprobación de la lex specialis para el proyecto de Kushner se convirtió así en un nuevo catalizador de críticas hacia el Gobierno y un capítulo más en la disputa por el rumbo urbano, político y democrático del país.
En paralelo, el Gobierno busca mostrar el proyecto como un signo de modernización, inversión y apertura internacional, una forma de posicionar a Serbia como un destino atractivo en el mapa turístico europeo. El debate, sin embargo, trasciende la infraestructura: toca la memoria, la identidad nacional y la relación del Estado con los intereses globales.
