El presidente ecuatoriano salió ileso tras un ataque armado contra su caravana en la provincia de Cañar. El episodio, ocurrido en plena ola de movilizaciones contra el alza del diésel y la militarización de las zonas rurales, evidencia la fragilidad política y social que atraviesa Ecuador. Las autoridades denunciaron un intento de magnicidio y ordenaron una respuesta “contundente”, mientras el país se hunde en una espiral de descontento y desconfianza.
Mundo08 de octubre de 2025
Alejandro Cabrera
Emboscada en la sierra
El ataque se produjo en un camino rural del cantón El Tambo, mientras la caravana presidencial se desplazaba con fuerte custodia militar. Un grupo de manifestantes lanzó piedras y objetos contundentes contra los vehículos oficiales, y los peritajes confirmaron impactos compatibles con disparos. El vehículo presidencial resultó dañado, pero el mandatario no sufrió lesiones.
El Gobierno ecuatoriano denunció que se trató de una acción planificada. Cinco personas fueron detenidas bajo cargos de terrorismo y atentado contra la seguridad del Estado. “El objetivo era atentar contra la vida del Presidente”, declaró una funcionaria del gabinete de seguridad. La Fiscalía abrió una investigación formal y reforzó la protección en todas las rutas interprovinciales.
Noboa, por su parte, mantuvo su agenda con aparente calma. Visitó un centro agrícola en la misma región y pronunció un breve discurso en el que aseguró: “No nos van a intimidar. El Ecuador va a salir adelante con firmeza y sin miedo”.
Un país al borde del estallido
El ataque ocurrió en medio de la oleada de protestas que recorre el país desde la eliminación del subsidio al diésel. La medida, parte del plan de ajuste impulsado por el Ejecutivo, disparó el precio del combustible y desató la reacción de transportistas, agricultores e indígenas.
La CONAIE, principal organización indígena del país, lidera los bloqueos de rutas en diez provincias y acusa al Gobierno de reprimir manifestaciones pacíficas. La muerte del comunero Efraín Fuérez durante un operativo militar en Cotacachi encendió aún más la indignación. Su imagen se transformó en símbolo de resistencia frente a un Estado que responde con fuerza en lugar de diálogo.
El sur andino, históricamente marginado, se convirtió en el epicentro de la protesta. Cañar, Azuay y Loja viven cortes de caminos, tomas de instituciones y choques diarios entre comunidades y militares. La tensión se extiende a zonas petroleras del oriente, donde las organizaciones locales amenazan con paralizar los pozos si el Gobierno no da marcha atrás con las reformas económicas.
Mano dura y militarización
Tras el ataque, Noboa firmó nuevos decretos de emergencia que amplían la presencia militar en zonas rurales. Tanquetas del Ejército patrullan carreteras y se instalaron retenes en los accesos a Quito y Cuenca. El discurso oficial endureció su tono: el presidente prometió “mano dura contra el vandalismo” y acusó a los líderes indígenas de actuar “en coordinación con grupos delictivos”.
Organismos de derechos humanos denunciaron que los estados de excepción se convirtieron en la norma y que el Gobierno utiliza la figura de “terrorismo” para criminalizar la protesta social. Las universidades y sindicatos reclaman la apertura de mesas de diálogo, pero el clima de confrontación deja poco margen para la negociación.
Mientras tanto, la violencia se multiplica. En menos de tres meses, Ecuador ha registrado ataques a instalaciones policiales, asesinatos de líderes barriales y emboscadas a convoyes oficiales. La ruralidad se volvió el escenario principal de un conflicto donde confluyen pobreza, narcotráfico y desconfianza institucional.
La fractura política de Noboa
A menos de un año de asumir, Daniel Noboa enfrenta su mayor crisis. Elegido con la promesa de pacificar el país y atraer inversiones, su gobierno oscila entre el pragmatismo económico y la rigidez autoritaria. La oposición lo acusa de aplicar políticas impopulares sin consenso social y de responder a la protesta con militarización.
El presidente intenta proyectar imagen de control, pero la escalada de violencia erosiona su autoridad. En las encuestas, su aprobación cayó más de diez puntos desde julio. Los sectores empresariales respaldan su ajuste, aunque piden señales de estabilidad. En cambio, la base rural —que representa buena parte del voto que lo llevó al poder— siente que fue traicionada.
En Quito, legisladores del movimiento Revolución Ciudadana promueven una comisión investigadora por la actuación de las fuerzas armadas en Cotacachi y Cañar. El bloque oficialista denuncia “una maniobra política para debilitar al presidente en medio de un intento de desestabilización”.
Un país fracturado
El ataque al convoy presidencial simboliza algo más profundo que un incidente de seguridad: revela la fractura entre el Estado y el interior del país. Las zonas rurales, empobrecidas y relegadas, se sienten ajenas a las decisiones de Quito. Mientras tanto, el poder central ve en cada protesta un riesgo para la gobernabilidad.
Ecuador vuelve a vivir bajo el signo de la polarización. De un lado, un gobierno que apuesta a la fuerza para sostener su autoridad; del otro, una sociedad que reclama ser escuchada antes de que la violencia vuelva a escribir su historia.
Una investigación regional permitió desarticular una red que operaba entre distintos países latinoamericanos, robando y enviando teléfonos a Asia mediante triangulación logística. El caso expone una trama sofisticada de contrabando digital y reciclaje de dispositivos.
El país ha emprendido una ambiciosa transición energética con inversiones masivas en solar, eólica e hidrógeno, buscando reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Pero sus metas chocan con desafíos estructurales y geopolíticos.
Sanae Takaichi, flamante presidenta del Partido Liberal Democrático y primera mujer con chances de gobernar Japón, desató una fuerte controversia tras utilizar una expresión considerada autoritaria y machista en su primer discurso al frente del oficialismo.
Sébastien Lecornu presentó su dimisión apenas horas después de anunciar su nuevo gobierno. Su Gabinete fue criticado por ser continuista y poco renovador, lo que alimentó las presiones políticas que precipitaron su salida.
Las manifestaciones iniciadas por la Generación Z se extendieron en las principales ciudades del país y derivaron en choques con las fuerzas de seguridad. El hartazgo social, el desempleo estructural y la corrupción se convirtieron en el combustible de un estallido que ya dejó muertos, cientos de heridos y miles de jóvenes movilizados. El futuro político de Marruecos entra en una zona de incertidumbre.
El presidente de Ucrania propuso en Copenhague un “escudo conjunto” para frenar la ofensiva aérea rusa. La iniciativa se enmarca en la cumbre de la Comunidad Política Europea, donde los líderes debatieron defensa común, financiamiento y el bloqueo húngaro a la adhesión de Kiev.
Un comienzo prometedor que se convirtió en pesadilla
La causa por la criptomoneda promovida bajo el nombre $LIBRA dio un nuevo giro. El fiscal Eduardo Taiano ordenó peritar los celulares de Javier y Karina Milei para determinar si existieron comunicaciones previas al lanzamiento del token que puedan implicarlos en la maniobra financiera que dejó miles de damnificados. El caso, que nació como una investigación económica, ya se transformó en el mayor frente político-judicial del Gobierno.
El economista y dirigente liberal José Luis Espert solicitó licencia en la Cámara de Diputados hasta el 8 de diciembre, fecha en la que concluye su mandato legislativo. La decisión se conoce en medio del desgaste político generado por su renuncia a la Comisión de Presupuesto y las acusaciones que lo vincularon indirectamente con el empresario Federico Machado, detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos.
La jurista y colaboradora televisiva Sarah Santaolalla se convirtió en tendencia nacional tras una intervención en televisión donde calificó de “idiotas o desinformados” a quienes apoyan al Partido Popular y a Vox. La frase, pronunciada en directo, desencadenó un vendaval de reacciones políticas, un reclamo formal del PP al Congreso y un debate sobre los límites de la libertad de expresión en los medios públicos.
El Tribunal Oral Federal N.º 6 dictó sentencia por el atentado ocurrido en septiembre de 2022. Sabag Montiel recibió 10 años de prisión y Uliarte 8, mientras que Nicolás Carrizo fue absuelto. La resolución cierra uno de los juicios más sensibles de la historia política reciente.