Alejandro CabreraJavier Milei eligió una foto de alto voltaje político: subirse al portaaviones USS Nimitz de Estados Unidos, en aguas del Atlántico Sur, mientras se desarrollaban ejercicios navales combinados entre fuerzas argentinas y norteamericanas. La escena, presentada por el Gobierno como una muestra de cooperación militar, terminó exponiendo una contradicción de fondo mucho más sensible: el Presidente reivindica Malvinas en el discurso, pero al mismo tiempo profundiza un alineamiento militar con la potencia que acaba de ratificar que no modificará su postura tradicional sobre el conflicto de soberanía con el Reino Unido.
La visita oficial fue difundida como parte de los ejercicios navales Passex 2026, realizados en el Atlántico Sur. Milei participó de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada norteamericana en la Argentina a bordo del USS Nimitz, ubicado al sur de Mar del Plata, con demostraciones aéreas de aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk. El Presidente llegó a la cubierta en un Grumman C-2 Greyhound estadounidense y estuvo acompañado por Karina Milei, el ministro de Defensa Carlos Presti, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno, Martín Menem, el embajador Peter Lamelas y jefes militares argentinos.
La foto no es neutra. Un jefe de Estado argentino posando en un portaaviones de Estados Unidos frente a la costa bonaerense no es apenas una postal de cooperación. En el contexto actual, funciona como una declaración política. Milei no se mostró en una ceremonia protocolar menor, sino en una plataforma militar extranjera, en una zona del país cargada de historia, memoria y sensibilidad estratégica por la cuestión Malvinas.
Esa imagen se vuelve todavía más problemática cuando se cruza con otro dato: los ejercicios fueron habilitados por el Decreto 264/2026, en medio de una discusión constitucional porque el artículo 75 inciso 28 de la Constitución le asigna al Congreso la facultad de permitir el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales. Es decir, no se trata solamente de una decisión militar o diplomática, sino de una discusión institucional sobre los límites del Poder Ejecutivo.
El problema constitucional que el Gobierno intenta minimizar
El punto más delicado no es si Argentina debe o no cooperar militarmente con Estados Unidos. La discusión seria es otra: quién autoriza esa cooperación cuando incluye ingreso de personal militar extranjero, medios militares y ejercicios combinados en territorio o jurisdicción argentina. La Constitución Nacional no deja esa atribución librada al humor político del Presidente de turno. La ubica en el Congreso, precisamente porque se trata de una decisión de soberanía, defensa y política exterior.
El artículo 75 inciso 28 establece que corresponde al Congreso permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él. Esa cláusula no es decorativa. Es un límite republicano. Impide que un Presidente, por afinidad ideológica o urgencia política, convierta decisiones militares sensibles en actos administrativos resueltos desde la Casa Rosada.
El Gobierno eligió el camino del decreto. Según el Decreto 264/2026, la decisión fue informada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, pero ese aviso posterior no equivale necesariamente a la autorización previa que exige el diseño constitucional para una materia tan sensible. El oficialismo puede argumentar urgencia operativa, agenda internacional o necesidad de entrenamiento conjunto. Pero la pregunta institucional sigue en pie: si el Ejecutivo puede reemplazar al Congreso cada vez que invoca urgencia, la cláusula constitucional queda vaciada de contenido.
La postal del USS Nimitz, entonces, no incomoda solo por su simbolismo geopolítico. Incomoda porque parece expresar una forma de gobernar: primero se decide, después se comunica, y finalmente se busca encuadrar jurídicamente lo ya consumado. Esa lógica se vuelve especialmente grave cuando no se trata de una reforma administrativa, sino de defensa nacional, presencia militar extranjera y ejercicios combinados en una zona estratégica.
Malvinas, Estados Unidos y el límite de la fantasía trumpista
La escena ocurre justo cuando se pinchó la expectativa de un eventual giro de Estados Unidos a favor de la Argentina en la cuestión Malvinas. La filtración de un correo interno del Pentágono había sugerido que Washington podía revisar su respaldo diplomático al Reino Unido como forma de presión sobre aliados que no acompañaran determinadas operaciones militares. Pero Marco Rubio salió rápidamente a bajarle el tono al episodio y negó que existiera un cambio real en la política estadounidense.
Según la postura transmitida por Washington, Estados Unidos reconoce que hay reclamos de soberanía contrapuestos entre Argentina y Reino Unido, reconoce la administración de facto británica sobre las islas y no toma posición sobre el fondo de la disputa. Ese matiz es clave. Estados Unidos no le entregó a la Argentina un respaldo diplomático sobre Malvinas. Tampoco abrió una negociación histórica ni modificó su posición formal.
Lo que hizo Washington fue volver al punto de siempre: neutralidad declarada sobre la soberanía, reconocimiento práctico de la administración británica y alianza estratégica con el Reino Unido. Rubio, además, redujo la filtración a un episodio menor, desactivando la expectativa de que Trump pudiera usar Malvinas como moneda de presión contra Londres.
Ahí aparece la contradicción más fuerte para Milei. El Presidente que se abraza política y militarmente a Washington no obtiene, a cambio, ningún movimiento sustancial en favor del reclamo argentino. La Argentina pone territorio, agenda militar, gesto político y foto presidencial. Estados Unidos mantiene su vínculo estructural con Gran Bretaña, conserva su posición histórica sobre Malvinas y utiliza la relación con Buenos Aires dentro de una estrategia regional propia, marcada por la competencia con China, el control de rutas estratégicas y el reposicionamiento norteamericano en América Latina.
El alineamiento de Milei con Trump puede ser rentable para la épica libertaria y para la diplomacia de los gestos, pero no necesariamente para los intereses permanentes de la Argentina. Una política exterior madura distingue entre cooperación y subordinación. Cooperar con una potencia es legítimo; asumir que esa potencia va a defender automáticamente las prioridades argentinas es una ingenuidad. Más aún cuando el principal aliado de Estados Unidos en el Atlántico Sur sigue siendo el Reino Unido.
La soberanía no se declama: se ejerce
Milei suele reivindicar la soberanía argentina sobre Malvinas en sus discursos. Pero la soberanía no se mide solo por frases solemnes ni por publicaciones patrióticas. Se mide por decisiones concretas. Y en este caso, la decisión concreta fue subirse a un portaaviones estadounidense en el Atlántico Sur mientras su gobierno habilita ejercicios militares por decreto y mientras Washington ratifica que no habrá giro real a favor de la Argentina en la disputa con Londres.
El problema no es la cooperación militar en sí misma. Argentina necesita Fuerzas Armadas equipadas, entrenamiento moderno, recuperación de capacidades y una política de defensa seria después de décadas de deterioro. El problema es que esa modernización no puede hacerse a costa de debilitar los controles constitucionales ni de convertir la política de defensa en una extensión de la afinidad ideológica del Presidente con la Casa Blanca.
Tampoco puede ignorarse el valor simbólico del lugar. El Atlántico Sur no es un escenario cualquiera para la Argentina. Es una región atravesada por la historia de Malvinas, por la proyección antártica, por la disputa de recursos, por rutas marítimas clave y por la presencia militar británica en las islas. En ese tablero, cada foto pesa. Cada gesto comunica. Cada ejercicio militar tiene una lectura que excede lo técnico.
Por eso la imagen de Milei en el USS Nimitz genera ruido. Porque llega en el momento exacto en que Estados Unidos demuestra que su relación con la Argentina tiene límites muy claros cuando aparecen los intereses británicos. Porque el Gobierno presenta como alianza estratégica lo que todavía no muestra beneficios concretos para la soberanía argentina. Y porque la Constitución no puede quedar subordinada al calendario de un ejercicio militar ni a la necesidad presidencial de producir una postal de poder.
La política exterior no se construye con admiración personal hacia líderes extranjeros. Se construye con cálculo nacional, prudencia institucional y defensa de intereses permanentes. Milei puede creer que su cercanía con Trump reposiciona a la Argentina en el mundo, pero la foto del USS Nimitz muestra también el reverso de esa apuesta: una Argentina que ofrece alineamiento, pero recibe neutralidad; que entrega gestos de confianza, pero no obtiene respaldo sobre Malvinas; que habla de soberanía, pero tensiona el mecanismo constitucional previsto para protegerla.
El Atlántico Sur no necesita sobreactuación. Necesita estrategia. Y la estrategia argentina no puede consistir en aplaudir desde la cubierta de un portaaviones extranjero mientras la potencia anfitriona le recuerda al país, con diplomacia fría, que en Malvinas no piensa moverse del lugar en el que estuvo siempre.
