Alejandro CabreraLa caída ya no es episódica ni atribuible a un hecho puntual. Empieza a configurarse como tendencia. En los últimos meses, la imagen de Javier Milei dejó de sostener la lógica ascendente que había marcado su llegada al poder y comenzó a mostrar un desgaste progresivo que, según distintos relevamientos, combina caída de aprobación con aumento del rechazo en segmentos donde antes tenía mayor tolerancia. El dato más relevante no es únicamente el número, sino el cambio cualitativo en la percepción social: una parte cada vez más amplia de la población empieza a asociar directamente la situación económica actual con las decisiones del Gobierno, desplazando el argumento de la herencia como explicación dominante. Ese corrimiento es estructural, porque impacta sobre el núcleo narrativo que permitió sostener el capital político inicial.
El problema central aparece cuando la experiencia cotidiana empieza a contradecir el relato. El Gobierno sostiene una mejora en variables macroeconómicas, pero esa mejora no se traduce de manera inmediata en el bolsillo, y ese desfasaje genera una tensión que erosiona la confianza.
La inflación sigue siendo un problema concreto en la vida diaria, los ingresos no logran recomponerse al ritmo esperado y el consumo muestra señales de debilidad. En ese contexto, el electorado que había aceptado el ajuste como una etapa transitoria comienza a demandar resultados más tangibles. La política económica, entonces, deja de evaluarse por su promesa de corrección y empieza a medirse por su impacto real, y ese cambio de criterio reduce el margen de tolerancia.
A esa dinámica se suma un desgaste en el plano simbólico. El concepto de “anticasta”, que funcionó como uno de los ejes más potentes del discurso mileísta, empieza a perder efectividad cuando parte de la sociedad percibe inconsistencias entre el mensaje y determinadas prácticas o situaciones dentro del propio gobierno. No se trata necesariamente de un quiebre total con ese electorado, pero sí de una pérdida de intensidad en la identificación. Cuando el diferencial simbólico se diluye, el gobierno queda más expuesto a la evaluación tradicional: resultados, gestión y coherencia.
En ese escenario, la figura de Manuel Adorni adquiere una relevancia que excede su rol formal. Durante la primera etapa de la gestión, el vocero fue una pieza clave para sostener el discurso oficial, con un estilo directo, confrontativo y alineado con la lógica de redes que caracteriza al espacio. Funcionó como amplificador del mensaje presidencial y como defensor en momentos de tensión.
Sin embargo, esa centralidad también lo vuelve vulnerable cuando su propia figura entra en cuestionamiento. Las controversias que lo involucran, más allá de su resolución, impactan directamente sobre la credibilidad del relato oficial, especialmente en un gobierno que construyó parte de su legitimidad sobre la idea de transparencia y ruptura con prácticas del pasado.
El efecto político es más profundo de lo que parece. Cuando el vocero pierde credibilidad, no solo se debilita su palabra, sino también la capacidad del gobierno de ordenar el discurso público. La comunicación deja de ser un escudo y empieza a ser un frente de conflicto. Defender a Adorni implica asumir el costo del desgaste; desplazarlo implicaría reconocer una falla. Esa tensión explica la estrategia de sostenerlo, aun cuando su imagen ya no cumple la misma función que al inicio.
En paralelo, el factor económico sigue siendo el determinante principal del clima social. La caída del consumo, el aumento de la morosidad en créditos y la dificultad para recomponer ingresos generan un escenario donde el ajuste se percibe con mayor intensidad que los beneficios. Esa asimetría es clave en términos políticos: cuando el costo es inmediato y el beneficio es difuso o futuro, la evaluación tiende a ser negativa. El Gobierno enfrenta así el desafío clásico de los programas de shock, pero con una particularidad: su legitimidad inicial estuvo basada justamente en la promesa de rapidez en los resultados.
Otro elemento que empieza a jugar en contra es el estilo político. La confrontación permanente, que en campaña funcionó como un motor de diferenciación, en la gestión puede generar saturación. Parte del electorado comienza a demandar menos conflicto discursivo y más previsibilidad. No se trata de un rechazo total al estilo, sino de un cambio en las prioridades. Cuando la situación económica se vuelve más exigente, la sociedad tiende a valorar la estabilidad por sobre la épica. Ese cambio no siempre es inmediato, pero cuando aparece, impacta en la percepción general del gobierno.
En conjunto, la caída de imagen de Milei y el deterioro en la figura de Adorni no configuran todavía una crisis terminal, pero sí marcan un punto de inflexión. El Gobierno mantiene poder institucional, capacidad de agenda y un núcleo de apoyo sólido, pero pierde margen de error. La tolerancia social se reduce, las contradicciones pesan más y la comunicación deja de compensar la falta de resultados visibles. En ese contexto, el desafío no es solo económico, sino también político: reconstruir credibilidad en un escenario donde la narrativa ya no alcanza por sí sola.
La clave hacia adelante va a estar en la capacidad de transformar el ajuste en mejoras perceptibles, ordenar el frente comunicacional y redefinir una estrategia que contemple el cambio de clima social. Porque el problema no es únicamente la caída en las encuestas, sino lo que esa caída refleja: una transición donde la expectativa empieza a ser reemplazada por la evaluación. Y en política, ese es el momento donde todo se vuelve más difícil.
