Alejandro CabreraLa Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial recibió 200 reclamos contra bancos y empresas fintech durante el primer semestre de 2026 por problemas vinculados con las tasas y la información de los créditos. La cifra representa un aumento interanual del 92% y aporta un dato oficial nuevo al debate sobre el endeudamiento de las familias.
Las presentaciones incluyen costos financieros que los usuarios consideran excesivos, ausencia de información clara, falta de entrega de contratos y prácticas de cobranza denunciadas como hostigamiento o maltrato. No todas las quejas implican que exista una infracción comprobada, pero su crecimiento muestra que el conflicto dejó de estar limitado a casos aislados.
Una tasa nominal anual no alcanza para saber cuánto costará un préstamo. El usuario también debe conocer el Costo Financiero Total, que incorpora intereses, gastos, seguros, comisiones e impuestos. En algunos créditos bancarios, la tasa nominal puede llegar al 142%, mientras el costo financiero total efectivo anual se acerca al 400%.
En determinadas plataformas digitales se informaron costos todavía mayores. La facilidad para obtener dinero en pocos minutos puede hacer que el cliente concentre su atención en el monto depositado y en el valor inicial de la cuota, sin calcular cuánto terminará devolviendo.
El crédito digital no es perjudicial por definición. Puede resolver una urgencia, financiar una compra o permitir que personas sin acceso al sistema bancario obtengan recursos. El problema aparece cuando la velocidad de contratación no está acompañada por información comprensible y por una evaluación responsable de la capacidad de pago.
Los reclamos por el precio del préstamo y por tasas consideradas excesivas crecieron 394% frente al mismo período de 2025. Las presentaciones por hostigamiento, maltrato o acoso durante la cobranza aumentaron 360%, mientras que las vinculadas con información faltante subieron 131%.
Entre las situaciones reportadas aparecen contratos que no fueron entregados, condiciones financieras difíciles de encontrar, diferencias entre la oferta inicial y el costo final y ausencia de una explicación clara sobre punitorios o refinanciaciones.
La legislación exige informar la tasa efectiva anual, el costo financiero total, el sistema de amortización, la cantidad y el monto de las cuotas y los gastos adicionales. La obligación no desaparece porque el crédito se contrate desde un teléfono.
El diseño de la aplicación también importa. Una interfaz puede facilitar la comparación o empujar al usuario a aceptar rápidamente. Botones destacados, promociones urgentes y mensajes centrados en la disponibilidad inmediata del dinero pueden relegar a un segundo plano la información más importante.
Cuando una persona no puede pagar una cuota, suele recurrir a otro préstamo para cancelar el primero. Esa cadena transforma un problema transitorio de ingresos en una deuda cada vez más costosa. A partir de allí aparecen refinanciaciones, intereses punitorios y gestiones de cobranza.
El sobreendeudamiento no se resuelve únicamente prohibiendo tasas ni tampoco dejando toda la responsabilidad en manos del consumidor. Requiere transparencia, competencia real, evaluación del riesgo y mecanismos para reestructurar obligaciones antes de que se vuelvan impagables.
El Ministerio de Economía inició conversaciones con bancos y fintech, aunque el Gobierno mantiene una posición contraria a una intervención general sobre los precios. Su expectativa es que una mayor oferta de crédito termine reduciendo las tasas. Los datos de reclamos muestran que la competencia, por sí sola, no garantiza información suficiente ni prácticas de cobranza adecuadas.
El primer paso es reclamar ante la entidad y conservar capturas, contratos, correos, comprobantes y mensajes. Si no existe una respuesta satisfactoria después de diez días hábiles, el usuario puede recurrir al Banco Central o a los organismos de Defensa del Consumidor.
Antes de aceptar un préstamo conviene comparar el costo financiero total, la suma completa que deberá devolverse y el efecto de una demora. También debe verificarse si la empresa está identificada, si ofrece canales de atención y si entrega una copia del acuerdo.
El crecimiento de las denuncias no demuestra que todo el sistema sea abusivo. Sí confirma que la expansión del crédito digital necesita controles comprensibles y usuarios mejor informados. Cuando el contrato cabe en una pantalla, la transparencia no debería desaparecer detrás de un botón.
