El asesor más influyente del presidente Milei protagonizó un episodio de intimidación contra un reportero gráfico, lo que reabre el debate sobre el vínculo entre el poder y la prensa en la Argentina.
Política30 de abril de 2025
Alejandro Cabrera
Un gesto que lo dice todo
Durante el ingreso al debate de candidatos legislativos en la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Caputo protagonizó un momento tan breve como revelador. El estratega del gobierno, conocido por moverse en las sombras del poder, identificó a un reportero gráfico que le tomaba una foto, se dirigió hacia él, le arrebató la credencial, la observó detenidamente y luego le tomó una foto con su celular, acusándolo de ser un “desubicado”.
El fotógrafo en cuestión cumplía con su trabajo profesional en un ámbito público. El gesto de Caputo fue leído por todo el sector periodístico como un intento de amedrentamiento, más simbólico que explícito, pero no por eso menos grave.
Un patrón preocupante
No se trató de un exabrupto aislado. Caputo ya había protagonizado otros episodios similares, como cuando irrumpió en una entrevista en vivo del propio presidente para cuestionar a un periodista, o cuando fue captado señalando de manera agresiva al diputado Facundo Manes durante una sesión en el Congreso.
Estos comportamientos evidencian un patrón: una relación hostil y agresiva con todo aquello que desafíe el relato del oficialismo. En lugar de buscar diálogo o respuesta institucional, se responde con desdén, desprecio o gestos de intimidación.
Prensa libre o poder sin límites
El episodio reabre un debate urgente: ¿puede tolerarse que desde los niveles más altos del poder político se hostigue a trabajadores de prensa? ¿Qué mensaje se envía cuando una figura clave del gobierno exhibe su impunidad ante los medios de comunicación?
La libertad de expresión no es una concesión que el poder otorga: es un derecho constitucional. El periodismo no está para agradar al poder, sino para incomodarlo, investigarlo y exponerlo. Cualquier forma de presión o amenaza es una forma de censura por otros medios.
Una democracia que se pone a prueba
La reacción del entorno de Milei frente a las críticas ha sido sistemáticamente agresiva. Se deslegitima a los medios, se acusa a los periodistas de operar, y ahora se pasa directamente a gestos intimidatorios en plena vía pública.
No se trata solo de un fotógrafo y una imagen. Se trata de un modo de ejercer el poder. Un modelo que no tolera el disenso, que se enfurece ante el reflejo que le devuelve la prensa, y que busca imponer miedo donde debería haber transparencia.
Lo que está en juego no es solo la libertad de un reportero, sino la salud de la democracia. Porque cuando el poder no admite ser observado, lo que teme no es la mentira: es la verdad.
Un grupo de dirigentes de origen radical presentó un amparo para frenar el decreto que modificó la Ley de Inteligencia. El caso vuelve a exponer la tensión entre el Ejecutivo y el sistema institucional en un año marcado por disputas de poder, reconfiguraciones políticas y un clima social cada vez más sensible a los límites del Estado.
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El Gobierno nacional decidió asistir financieramente a una provincia gobernada por un aliado político con una transferencia de $220.000 millones destinada a cubrir el pago de aguinaldos y compromisos de deuda. La decisión expone las tensiones entre el discurso de ajuste fiscal y la necesidad de sostener gobernabilidades provinciales en un escenario de cuentas públicas asfixiadas y negociaciones políticas permanentes.
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Las sesiones extraordinarias del Congreso entraron en su tramo decisivo con una ventana formal que va del 10 al 30 de diciembre. En el Senado, el escenario es más complejo que en Diputados: el oficialismo no tiene mayoría propia, la oposición no actúa como bloque monolítico y los interbloques provinciales se mueven con lógica territorial. El Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal concentran la disputa, con una sesión clave prevista para el 26 de diciembre y negociaciones que se definen voto a voto.
La intercepción del buque marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Washington contra la evasión de sanciones petroleras vinculadas a Venezuela y reaviva la tensión con Moscú. La operación se produjo en aguas internacionales tras una persecución prolongada y bajo órdenes judiciales estadounidenses.
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